En Argentina se realizan aproximadamente 482.000 interrupciones voluntarias del embarazo (I.V.E) por año. La tasa de abortos clandestinos es más de la mitad que la de nacimientos y es la principal causa de muerte “materna”: por cada 100 muertes maternas, 30 se deben a abortos, una mujer muere por esta causa cada tres días. Sólo nos iguala Jamaica y Trinidad y Tobago.
Todas estas cifras son de público conocimiento, pero se estima que los datos reales son considerablemente mas elevados. “En Argentina se producen entre 400 y 460 mil abortos inducidos por año. Hay más de un aborto por cada nacimiento. Es la relación más alta de la región”, según Mariana Romero, en un artículo publicado en el diario La Voz.com.ar el 25 de julio de 2008.
La muerte por abortos clandestinos mal realizados tiene particular incidencia en los sectores más desfavorecidos, lo que representa cómo la desigualdad en el acceso al aborto son determinantes: si en 2006 la tasa del país fue de 48 muertes cada 100 mil nacidos vivos; en Jujuy sube a 165 y en la Ciudad de Buenos Aires baja a 18.
Por todo, la problemática de la I.V.E se ha convertido ya no sólo en un grave problema de violación de derechos humanos de las mujeres, ya que la maternidad debe ser una decisión ética y no un destino biológico “natural”; sino en un problema de salud pública que no puede ser ignorado. Su punibilidad y los obstáculos que se ponen a su acceso constituye una grave violación a los derechos de las mujeres, ya que forma parte del derecho integral de la salud, vedado para todas aquellas que sin los recursos económicos necesarios deben someterse a abortos en malas condiciones, que llevan a una muerte segura y que lo convierte además en un problema de justicia social, representando una fuerte discriminación hacia los sectores pobres. En la cotidianeidad, aquellas mujeres que desean realizarse un aborto lo hacen casi siempre, solo que muchas pueden pagar uno seguro y las demás, la gran mayoría, mueren en el intento en manos de curanderas/os, métodos caseros, etc.
Defender el derecho al aborto es defender el derecho de todas las mujeres a la libertad de elección, de conciencia y a la autodeterminación reproductiva. Es por esto necesario sustraer el debate público de las discusiones morales, basadas en preceptos religiosos, que no pueden guiar políticas de Estado, ni imponer universalmente valores y principios particulares a toda la comunidad. Por el contrario, el Estado debiera asegurarnos a todas las mejores condiciones para que cada una decida libremente sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.
El aborto no es un problema aislado de los graves índices respecto de Salud Reproductiva, si bien los derechos reproductivos fueron reconocidos por nuestro Estado como derechos humanos, su cumplimiento está lejos de ser óptimo. En este sentido es fundamental reforzar los servicios de Salud Pública para garantizar a tod@s l@s ciudadan@s un acceso igualitario y exigir el efectivo cumplimiento de la Ley de Salud Reproductiva y Procreación Responsable y a la Educación Sexual, derecho universal de todas las personas.
Los embarazos no deseados son consecuencia de la falta de información y de acceso a la anticoncepción. Es necesario entender el aborto como un derecho de ciudadanía de las mujeres, en el marco de la ampliación de la democracia, que concierne a toda la sociedad y cuya gravedad exige respuestas urgentes, como una lucha por la equidad y la justicia, para una sociedad fragmentada por fuertes desigualdades, entre las cuales aún no ha logrado garantizar una igualdad real entre mujeres y varones.
Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina
En Argentina el Estado no reconoce el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente un embarazo; solo existen estos supuestos en los que no es punible:
1) si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios;
2) si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.
Estas excepciones en la práctica raramente se cumplen; en casi todos los casos que entran dentro de estos supuestos los/las médicos/as se niegan a practicarlo amparad@s en la “objeción de conciencia”, por lo que debe solicitarse una autorización judicial, que no debería ser necesaria cuando la mujer esta amparada por la ley.
La interrupción de la gestación se realiza mediante técnicas quirúrgicas o mediante métodos farmacológicos (Fuente: www.womenonwave.com), pero muchas veces cuando se realiza en forma insegura produce complicaciones para la salud de las mujeres que deben asistir a un hospital para que terminen de realizar la práctica. Esta práctica se conoce como “raspado”. Muchas mujeres temían recurrir al hospital por temor a ser penalizadas, por ello en el 2005 el Ministerio de Salud de la Nación elaboró la Guía para el Mejoramiento de la Atención Post Aborto (Ver DOCUMENTOS), con el objetivo de asesorar a los profesionales de la salud de todo el país para que brinden una adecuada atención a las mujeres que se presentan en las instituciones públicas con abortos incompletos.
La Guía fomenta un trato humanizado, sin prejuicios ni denuncias, que permita una mayor confianza entre la mujer y el profesional. Se enfatiza la necesidad de cambiar el modelo de atención de las mujeres que llegan con complicaciones de aborto, para brindarles un trato “humanizado” y “libre de prejuicios”, y se aclara que deben ser escuchadas “con el respeto a la confidencialidad que necesitan en esas circunstancias” en un intento de evitar la denuncia policial.
Actualmente, el 62% de la población mundial vive en países donde el aborto inducido está permitido, ya sea por una amplia variedad de razones o sin ningún tipo de restricción. Por el contrario, el 25% vive en países donde el aborto está prohibido en términos generales.
Campaña Nacional por el “Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito”
El 28 Mayo de 2005 se lanzó en todo el país la campaña por el “Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito”, con la junta de firmas a favor de la despenalización y legalización del derecho al aborto, exigiendo: “Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.
Formada por diversas organizaciones feministas, el movimiento de mujeres y organizaciones sociales y políticas, bajo el compromiso de defender los derechos humanos y en particular de las mujeres, y defender el derecho al aborto legal como una defensa del derecho de las mujeres a disponer sobre nuestro propio cuerpo. No se trata de estar “a favor” del aborto en sí, sino de defender el derecho de toda mujer a decidir sobre su cuerpo y su vida. La efectiva aplicación del Código Penal y la definitiva despenalización del aborto no promueven el aborto, sino que abren la puerta a la interrupción del embarazo en forma segura y gratuita para todas las mujeres y niñas por igual, sin discriminación de clases. Se trata de habilitar el acceso a derechos iguales para todas.
Por eso apoyamos la despenalización y/o legalización total del aborto, para que toda mujer que decida interrumpir su embarazo pueda hacerlo en forma segura y gratuita en los hospitales públicos y en las clínicas privadas de todo el país sin riesgo de muerte ni consecuencias indeseables.
http://www.abortolegal.com.ar/ |