DATOS
Otros datos para tener en cuenta
Prostitución Infantil
Trata
CASOS
Contra toda violencia de género
Puede la prostitución ser considerada un trabajo
"Los clientes deben ser encarcelados"
Fuenteovejuna lo hizo
Wanda Tadei - El baterista, más complicado
Investigan más violaciones del sospechoso de Caballito
A Mara le dieron una paliza brutal y la violaron entre dos hombres
La historia de una obsesión que terminó en tragedia
Explotación sexual: desde 2007 desaparecieron 550 mujeres
Abren el primer hogar para volver del infierno de la esclavitud sexual
Esclavitud sexual: ya llegó a la Corte el caso de Marita Verón
Avisó por TV que la iban a matar
El día en que lo doméstico dejó de ser una coartada para la violencia
Un caso en que se vulneraron todos los derechos
Asesinos de mujeres en Ciudad Juárez
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DATOS
La violencia de género no es un problema que afecte tan solo a las mujeres pobres o del tercer mundo, afecta a mujeres a nivel mundial de todos los grupos raciales y económicos. Sin embargo, es un problema raramente documentado, pocos son los países que llevan a cabo estudios empíricos para proporcionar la información adecuada. En los países menos desarrollados o en vías de serlo las estadísticas son aún más escasas. Sin embargo, no se debe menospreciar la gravedad del problema.
Veamos algunas cifras:
:: En Brasil 1 mujer es agredida cada 15 segundos. Según investigaciones, el 30% de las iniciaciones sexuales de las mujeres fueron forzadas; el 52% son blanco de acoso sexual; el 69% fueron agredidas o violadas. Únicamente 20% de las agresiones sufridas por mujeres son denunciadas. (Fuente: Habitat Internacional Coalition 2003)
:: En Chile, más de la mitad de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. Los registros destacan que el 20% representan casos de agresión física, el 16% se refieren a abusos psicológicos y el 15% a acoso sexual. (Fuente: Adital 2007)
:: Cada día 1 mujer muere en Colombia a causa del conflicto armado, y unas 1.600 mujeres son asesinadas cada cuatro años como resultado de combates o ejecuciones realizadas por alguno de los grupos armados en el país, según un informe de la Comisión Colombiana de Juristas.
:: En Ecuador, 7 de cada 10 mujeres sufren maltrato por parte de su pareja. Los principales tipos de agresión son verbal, física y sexual, aunque esta última no se denuncia por temor; según el portal “Mujeres Hoy” de Ecuador 2005.
:: En Perú, un 41% de mujeres sufrió agresión física por parte de su esposo o compañero alguna vez en su vida, un 83% lo fue ocasionalmente y un 16% lo ha sido frecuentemente. Éstas últimas, en mayor proporción, son mujeres de 45 a 49 años de edad (23%); un 26% no tiene educación; y un 32% son separadas, viudas o divorciadas. (Fuente: Movimiento Manuela Ramos 2006)
:: Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares de 2001 en Honduras, un 15,8% de las mujeres mayores de 14 años ha recibido maltrato físico alguna vez después de haber cumplido esa edad. (Fuente: Mujeres Hoy)
:: En Nicaragua, una de cada dos mujeres ha vivido violencia física por parte de su pareja. Una de cada cuatro está viviendo situaciones de violencia en este momento. Una de cada cuatro vivió situaciones de abuso sexual en su niñez. (Fuente: Red de Mujeres contra la Violencia)
:: En México mueren diariamente por causas violentas cerca de 30 mujeres en promedio; y una de cada cinco muertes violentas femeninas tiene lugar en el hogar. Nueve de cada cien mujeres de 15 años y más que conviven con su pareja, son objeto de agresiones físicas por parte de su compañero o esposo y, ocho de cada cien padecen violencia de tipo sexual. (Fuente: INEGI 2005) Además, fuentes oficiales concuerdan en que más de 320 mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez, y la tercera parte de ellas brutalmente violadas.
:: En Jamaica, los asaltos sexuales son la segunda causa de consulta médica de mujeres, después de los golpes. El 5% de todas las heridas violentas vistas en hospitales responden a ataques sexuales. (Fuente: Documento “Jamaica: Just a little sex” de Amnistía Internacional 2002)
:: El 33,4% de las mujeres paraguayas indicó haber recibido violencia verbal, el 19,3% violencia física y el 7,6% violencia sexual por parte de alguna pareja o ex pareja. (Fuente: Mujeres Hoy 2005)
:: En Guatemala, entre 2001 y 2004, 1.188 mujeres han sido brutalmente asesinadas. (Fuente: Women Watch)
:: En Argentina en 1 de cada 3 parejas hay violencia. Una mujer muere cada dos días; y la inmensa mayoría lo hace en manos de su pareja o ex pareja. Estas cifras surgen únicamente de lo publicado en los medios de comunicación, ya que en nuestro país no existen registros oficiales a nivel nacional ni provincial. Sin embargo, se estima que el 37% de las mujeres golpeadas por sus esposos lleva 20 años o más soportando abusos de ese tipo. El 30% denuncia que el maltrato se prolongó más de 11 años. Según el Centro de Encuentros Cultura y Mujer (CECyM) en los últimos 30 años se registraron en promedio 6.000 denuncias policiales anuales por delitos sexuales (violaciones, estupros). Dado que internacionalmente se calcula que sólo se denuncian el 10% de los casos, habría 60.000 casos de delitos sexuales al año, o sea 16 casos diarios.
Los datos existentes son muy pocos. Es necesario conseguir información más detallada en cada uno de los países de la región y determinar los factores de riesgo, el impacto físico y psicológico de la violencia sobre las víctimas, los costos económicos directos que tiene, y sus efectos sobre la familia y la comunidad. Desde el Instituto Social y Político de la Mujer instamos a que se establezca un registro único y específico de denuncias por todo tipo de violencias que afecte exclusivamente a mujeres y a niñas. Esta es la única manera de poder emprender políticas de Estado que apunten a prevenir y a erradicar el fenómeno.

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Otros datos para tener en cuenta
Las mujeres son la mitad de la población del planeta. De ellas, un importante porcentaje sufre a diario diversas formas de violencia. Si bien las cifras no son renovadas año tras año, la situación lejos de disminuir, aumenta.
El informe “Female Genital Mutilation/Cutting” publicado en 2005 por UNICEF estima que más de 130 millones de mujeres y niñas en el planeta sufren mutilaciones sexuales, principalmente en África y también en Asia. Esto significa, considerando la actual tasa de nacimientos, que cada año aproximadamente dos millones de niñas corren el riesgo de padecer algún tipo de mutilación genital, que consiste en la extirpación total o parcial de los órganos genitales externos. La ablación genital femenina constituye una violación fundamental de los derechos de las mujeres. Además:
:: En Rusia, 14.000 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o parientes en 1999, pero el país no dispone aún de una ley sobre violencia en el ámbito familiar. (Fuente: Amnesty International)
:: En Ruanda hay aproximadamente 500.000 mujeres violadas. Muchas de ellas contrajeron el SIDA y no tienen acceso a medicamentos. (Fuente: Amnesty International)
:: En India - cuya población estimadaes superior a los 1.000 millones - se calcula que en los últimos años se han perdido más de 10 millones de nacimientos debido al aborto selectivo. Si bien las leyes indias lo prohíben, la práctica se realiza por factores socio económicos y culturales. Por cada 1.000 niños nacidos, hay sólo 933 niñas. (Fuente: BBC Mundo 2006)
:: En China, cifras oficiales demuestran el aborto selectivo de fetos femeninos ya que revelan que cada año nacen 2 millones más de varones que de mujeres. Este país, que tiene más de 1.294 millones de habitantes, introdujo años atrás la política de un solo niño por familia, destinada a disminuir el crecimiento de la población. A las familias rurales se les permite tener dos hijos en caso que el primero sea discapacitado o mujer. Esto hace que se incremente el negocio sexual. Durante el año 2001, más de 15.000 mujeres fueron sometidas a la esclavitud sexual en ese país. (Fuente: BBC Mundo 2005 y Amnesty Internacional))
:: ACNUR informa que del total de refugiados en el mundo,por lo menos la mitad son mujeres adultas y niñas. Sin contar con la protección de sus hogares, sus gobiernos y en muchos casos de las estructuras familiares tradicionales, las mujeres refugiadas se encuentran con frecuencia en situaciones de vulnerabilidad ya que están expuestas a ataques de delincuentes, miembros de las fuerzas de seguridad y otros refugiados. En el país de asilo, donde creen estarán a salvo, la situación sigue siendo difícil para muchas. (Fuente: ACNUR 2008)
:: Durante la guerra de la ex-Yugoslavia, las tropas serbias violaron y torturaron a millones de mujeres, la mayoría musulmanas en Bosnia. Muchas fueron obligadas a procrear hijos/as serbios/as, porque la violación fue instrumento de guerra y de conquista para asegurar un genocidio más efectivo. Estas violaciones no constituyen un efecto colateral al conflicto y aunque ha sido difícil determinar cifras oficiales, se estima que fueron entre 20 y 50 mil las mujeres violadas. De ellas, hubo niñas de entre 7 y 14 años seleccionadas especialmente para ser violadas.
:: Varias mujeres militares en Canadá han sido víctimas de acoso, abuso y/o violaciones por parte de sus compañeros de armas. (Diario El Mundo 1998)
:: En Estados Unidos una mujer es violada casa 6 minutos y una es agredida cada 15 segundos. Pero el dramático récord en la materia lo ostenta Sudáfrica, donde hay una violación cada 26 segundos según la organización POWA (People Opposing Women Abuse) La misma fuente sugiere que 1 de cada 4 hombres ha perpetrado al menos una violación en su vida, y que por lo general no actúan solos. Mientras tanto, un/a niño/a es abusado cada 8 minutos en ese país.
:: La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán reportó en 2007, a 33 mujeres quemadas con ácido y 45 a las que prendieron fuego, pero fuentes de la Smile Again Foundation aseguran que la gran mayoría de casos no son denunciados. Este es uno de los tantos tipos de violencia contra las mujeres en un país cuya población es mayor a 165 millones de habitantes. Recientemente, cinco mujeres fueron enterradas vivas en un “crimen de honor”, por que una ley tribal permite su asesinato por “elegir” a sus maridos, desobedeciendo la tradición. (Ver Clarín 2/09/2008)
:: Según datos de UNICEF millones de mujeres de todo el mundo viven bajo la amenaza diaria de abusos físicos y psíquicos, pero sólo 44 de los 192 países integrantes de la ONU posee una legislación contra la violencia doméstica. La misma investigación indica que 60 millones de mujeres son consideradas como "desaparecidas" a causa de la violencia relacionada con la discriminación sexual.
:: Se estima que entre 800.000 y 2 millones de mujeres y niñas/os fueron víctimas de trata en el 2002 en todo el mundo. (Fuente: OIM Cono Sur)
:: La mayoría de los países que ha ratificado la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) todavía no incorporaron sus principios a la legislación nacional y a la práctica social.
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Prostitución Infantil
Como ocurre con la prostitución de los adultos, no disponemos de datos exactos sobre la prostitución infantil. Un informe de 1997 calculó en 75.000 el número de niños/as víctimas de este abuso en Filipinas. En 1993, una estimación para Tailandia hablaba de entre 30.000 y 35.000 niños prostituidos. En Indonesia, en 1992, otro estudio determinó que una décima parte de las prostitutas tenían menos de 17 años de edad, y que, de entre las mayores, más de una quinta parte afirmaban haber comenzado antes de cumplir los 17 años. En Malasia, más de la mitad de las personas "rescatadas" de diversos establecimientos dedicados al sexo tenían menos de 18 años.
Hora tras hora cada día, la explotación sexual de menores aumenta en centros urbanos y apartados rincones rurales de América Latina y el Caribe. Esta plaga no conoce límites territoriales y tampoco se frena ante diferencias de ingresos por país.
Ninguna nación -incluidas las de mayor desarrollo- está al margen del drama. Pero hay factores estructurales (crisis económicas, crecimiento acelerado de las grandes ciudades, desocupación, precariedad de las políticas de atención a la infancia y a la adolescencia, mala distribución de la renta y carencias materiales) que contribuyen a la desintegración familiar y empujan a muchas menores a la calle, a la prostitución.
Aunque es definido como un fenómeno en expansión, todavía son pocos los recursos para investigar y hacer un diagnóstico sobre su magnitud.
Pese a todo, existen algunas cifras y testimonios.
En Guatemala, por ejemplo, entre octubre de 1995 y septiembre de 1996 fueron reportados a través de los medios de información 183 casos de desaparición, secuestro, intento de secuestro y tráfico de menores, mientras durante seis meses, nueve niñas que habían sido inducidas a la prostitución fueron atendidas por la Defensoría de los Derechos de la Mujer.
En México, de una muestra de 62 niñas de la calle, un 32% había sufrido abuso sexual y un 15% añadía a ese abuso el maltrato en su historial de cortas vidas.
Un estudio de UNICEF - SeNaMe (Servicio Nacional de Menores) estimó en 1992 que alrededor de 4.210 niñas entre los 6 y los 12 años ejercían la prostitución en Chile.
Aunque no hay cifras oficiales posteriores, se cree que le número ha aumentado. Una investigación realizada en 1996, sobre 43 jóvenes prostitutas de entre 13 y 19 años reveló como factores de riesgo en la familia, la carencia afectiva y la desprotección durante la infancia y juventud de las niñas, las exigencias para aportar recursos al hogar, y la violencia y agresión sexual desde muy temprana edad. Factores todos generalizados en esta situación.
Según testimonios consignados en otro informe, Belém do Pará (Brasil) -donde los países de la OEA firmaron en 1994 la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar todas las Formas de Violencia contra las Mujeres- es el "paraíso sexual del mundo". Marineros entrevistados contaron que allí por 30 dólares "se puede conseguir una niña de la edad que quiera y en el momento que desee."
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Trata
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimaba en 2005 que a nivel mundial unos 2.4 millones de víctimas de trata estaban trabajando en condiciones de explotación y que cada año se les agregan 1,2 millones de personas. El Departamento de Estado de Estados Unidos estima que aproximadamente 100.000 personas procedentes de países de América Latina y el Caribe son objeto de trata cada año.
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CASOS
:: Contra toda violencia de género
El decreto que firmará la Presidenta reglamenta la ley 26.485, sancionada en 2009. La norma previene una multitud de casos y escenarios diversos, desde la violencia al negar un aborto legal hasta la difusión en medios de mensajes o determinadas imágenes.
Los profesionales de la salud que no brinden el asesoramiento necesario para que una mujer pueda elegir si desea o no tener hijos y decidir el intervalo de los nacimientos, se resistan a proveer algún método anticonceptivo por sus convicciones religiosas o se nieguen a realizar un aborto no punible, incurrirán en la figura de “violencia contra la libertad reproductiva”. Los medios de comunicación que difundan mensajes o imágenes que tiendan a perpetuar patrones sexistas de dominación masculina, o estimulen o fomenten la explotación sexual de las mujeres, o contengan prácticas discriminatorias a través de expresiones, juegos, competencias o avisos publicitarios, serán pasibles de sanciones por incurrir en situaciones de “violencia mediática”. Estos serían algunos de los puntos que incluiría el decreto reglamentario de la ley 26.485 para “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales”, que hoy, según anunció el Consejo Nacional de las Mujeres, firmará la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La norma, sancionada el 11 de marzo de 2009, tiene un potencial enorme. Si se instrumenta en su totalidad, podría tener un gran impacto para combatir las raíces del flagelo de la violencia machista, es decir, la discriminación que surge de las relaciones asimétricas de poder entre varones y mujeres. Por ahora su principal escollo es la falta de un presupuesto adecuado. El Consejo Nacional de las Mujeres, a cargo de Lidia Mondelo, es el órgano de aplicación de la norma. Pero para sentar las bases de la puesta en marcha de la ley 26.485 sólo tiene, hasta el momento, una partida de 1.985.768 dólares (alrededor de 7,7 millones de pesos) para dos años, hasta fines de 2011, en el marco de un programa acordado entre el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que encabeza Alicia Kirchner, y la oficina local del Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El mismo CNM tiene un presupuesto exiguo, de casi 6 millones de pesos en 2010. Tal como ya informó Página/12, uno solo de los programas contra la violencia de género de la provincia de Buenos Aires –el de atención telefónica– tiene un presupuesto anual de 3 millones de pesos. El escaso presupuesto del CNM fue uno de los aspectos que cuestionaron la semana pasada, en Nueva York, ante el Comité de las Naciones Unidas que monitorea el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), un grupo de ONG, entre ellas el CELS, Cladem, FEIM y Católicas por el Derecho a Decidir, en un documento alternativo al informe oficial presentado por el Gobierno.
Aunque una parte de la ley, la que debe aplicar la Justicia, ya está vigente, otra parte requería reglamentación. El texto que se conocerá hoy fue consensuado a través de un largo proceso de consultas con especialistas de la Justicia, las ONG que trabajan en la temática, académicas y expertos involucrados con la problemática de la violencia de género.
La ley tiene 45 artículos. Les ordena acciones a distintos ministerios y a los gobiernos provinciales y municipales. Significa un avance cualitativo con respecto a la legislación anterior nacional y provincial, que se limita a proteger a las mujeres de la violencia doméstica. La ley 26.485 va más allá: contempla la violencia de género en sus diversas formas, física, sexual, simbólica y agrega la violencia económica y patrimonial, y psicológica. Y no sólo cuando ocurre en el ámbito intrafamiliar: también en los organismos públicos, los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil, y en los servicios de obstetricia, a través de un trato deshumanizado o por un abuso de medicalización en el marco de un parto, por ejemplo. También abarca la violencia mediática. E incluye la que atente contra la libertad reproductiva, que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre nacimientos. Obstruir el acceso a un aborto no punible fue definido por el CNM como una expresión de este último tipo de violencia. El CNM tiene que redactar un Plan Nacional de Acción para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en el cual, según fuentes del organismo, ya están trabajando. También tiene que elaborar una guía de servicios de atención de mujeres víctimas de violencia de todo el país, que tendrá que ser permanentemente actualizada. Deberán llevarse a cabo campañas de prevención, crear unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención y programas de reeducación destinados a los hombres que ejercen violencia.
La ley se debe aplicar en todo el país, salvo las medidas de procedimiento judicial, que hasta que las provincias no aprueben su adhesión sólo son de cumplimiento en el ámbito porteño.
(Por Mariana Carbajal; Página/12; 19/07/2010)

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:: ¿PUEDE LA PROSTITUCION SER CONSIDERADA UN TRABAJO?
Debatiendo la calle
Un grupo de especialistas en género discutió si es posible aceptar la prostitución como una salida laboral o si siempre implica violencia sexual. El tema fue abordado en un encuentro celebrado en Buenos Aires y profundizado por Página/12.
¿La prostitución puede considerarse como un trabajo o es siempre una forma de violencia sexual? ¿Cuándo una persona elige libremente ganarse así la vida? ¿Tiene la opción de decidir entre ser empleada, vendedora o prostituta, por ejemplo? ¿Elige ser prostituta porque le interesan las condiciones de trabajo en relación a otras? El debate, que divide aguas entre feministas y tiene implicancias políticas, quedó planteado en el auditorio de la Facultad de Derecho de la UBA, cuando la española María Luisa Maqueda Abreu, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Granada, sostuvo en su ponencia que “en nombre de la vulnerabilidad de las mujeres se construyó el mito cultural de la trata de blancas” que “oculta experiencias de mujeres, con proyectos migratorios, que eligen en forma temporal o no ejercer la prostitución”. Su postura generó un murmullo generalizado de desaprobación entre el público y la rápida réplica de la investigadora y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, Silvia Chejter, que compartía la mesa con la española, en la segunda y última jornada del Encuentro Internacional sobre Violencia de Género, organizado unos días atrás por el Ministerio Público de la Defensa. Página/12 aprovechó la discusión abierta y la siguió, una vez finalizadas las exposiciones, con otras especialistas presentes en el salón, como la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, la abogada costarricense Alda Facio, directora del Programa Mujer, Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito (Ilanud), y Lidia Schiavoni, investigadora y profesora del Departamento de Antropología Social de la Universidad Nacional de Misiones. Y sumó otros ejes: ¿termina la persecución de la trata perjudicando a las mujeres en prostitución? ¿Es una buena alternativa la criminalización de los clientes, como se aplica en Suecia?
Abreu y Chejter fueron parte del panel sobre “Violencia sexual”. Aunque Chejter abordó otro tema, el femicidio, después de escuchar a la catedrática española no pudo callarse y pidió nuevamente la palabra. Su intervención era esperada por el auditorio, incómodo y molesto, en su mayor parte, por la posición de Abreu en contra de que todas las mujeres en situación de prostitución sean consideradas como “víctimas”. Chejter, quien ha realizado varios trabajos sobre la prostitución infantil y está por publicar una investigación sobre los clientes de prostitución, señaló primero que había que pensar que el consentimiento que puede dar una mujer que se prostituye tiene vicios por el contexto de vulnerabilidad social del que en general proviene quien se gana la vida de esa forma, retomando así uno de los argumentos que había esgrimido un día antes, en una clase magistral, la estadounidense Catherine MacKinnon, asesora especial en Cuestiones de Género para el fiscal de la Corte Penal Internacional. “¿Yo pregunto a toda la audiencia en qué mundo queremos vivir? ¿En uno en el que se generalicen las relaciones humanas prostitucionales, en el que el intercambio de afecto, de amor erótico, se traduzca en un pago unilateral del que tiene poder? Si es así, estamos frente a un contrato y lo tenemos que meter en el Código Comercial”, argumentó Chejter, directora del Centro de Encuentro Cultura y Mujer (Cecym). Chejter también advirtió que el problema de la prostitución “está desapareciendo de la escena política, académica y mediática” en el país, tapado por el debate y la discusión sobre la trata.
El título de la exposición de Abreu fue “La trata sexual de mujeres: entre mitos y realidades”. El panel, que compartió con Chejter y Liliana Tojo, directora del programa Regional Bolivia y Cono Sur del Cejil, fue coordinado por la secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Laura Balart, a cargo de la Oficina de la Mujer del máximo tribunal. ¿Qué fue lo que dijo la penalista española? Señaló que no se puede negar la realidad de la trata de mujeres para explotación sexual, que se caracteriza por “una cosificación sexual” de las personas, que son sometidas a situaciones de violencia, intimidación y abusos. “Es un problema de violencia sexual y de género”, argumentó. Pero al mismo tiempo, consideró que existe una confusión entre migrantes voluntarias y forzadas. Y sostuvo que ese abordaje no permite reconocer que hay mujeres que libremente eligen ejercer la prostitución como proyecto migratorio. “Hay que hablar de víctimas donde hay víctimas y también hay que ver que hay mujeres dueñas de su propio proyecto, que se trasladan de forma autónoma de un país a otro y que toman la prostitución como una ‘estrategia de supervivencia’. ¿Son mujeres vulnerables? Lo son, pero no por sus proyectos, que son voluntarios. La vulnerabilidad les viene de la falta de reconocimiento social, de reconocimiento como trabajadora y migrante sexual, por el estigma”, opinó Abreu. A su entender, la guerra contra la trata termina desprotegiendo y criminalizando a las mujeres que están en los burdeles, donde se realizan operativos para perseguir el delito de trata. “Se las califica como esclavas sexuales y se les niega sus derechos laborales como trabajadoras”, objetó.
Muchas de las presentes en el auditorio, especialistas de distintos ámbitos, se quedaron con ganas de replicar y contestarle. Por eso este diario consultó a algunas de ellas sobre la polémica planteada. La jurista costarricense Alda Facio, experta internacional en asuntos de género y derechos humanos de las mujeres, se sumó a la discusión. “No se puede estar a favor o en contra de la prostitución. Estoy por un mundo en el que no haya prostitución pero no estoy a favor de prohibirla, porque de esa forma se causa más problemas a las mujeres en prostitución”, señaló Facio. Y se mostró partidaria por imponer un modelo como el que se aplica en Suecia, creado por MacKinnon. “El experimento en Suecia puede ser una salida”, consideró. Facio no cree que exista la prostitución libremente elegida. “¿A qué llamamos elegir? De lo que yo he estudiado y hablado con mujeres en prostitución, nunca encontré ni una sola que haya escogido libremente ser prostituta. Si fuera una profesión como cualquier otra, ¿por qué ninguna mujer en prostitución quiere que su hija esté en prostitución?”
Facio sí coincidió con Abreu en que algunas estrategias de los estados para enfrentar la trata “han resultado en perjuicio de las mujeres en prostitución”. “Es una forma de deshacerse de la inmigración ilegal pero eso no significa que haya mujeres que eligen libremente ser prostitutas”, dijo.
–¿Qué buscan los hombres que pagan por sexo? –le preguntó Página/12.
–Los hombres que utilizan mujeres en prostitución no lo hacen por falta de sexo sino por otras necesidades enfermas que tienen de controlar, de sentirse que son dueños de alguien. La mayoría de los que utilizan prostitutas tienen novia, esposa, pareja. Además, ha aumentando la libertad sexual.
La antropóloga Lidia Schiavoni dijo: “No creo que nadie elija ser prostituta”. “Hablar de ejercicio de la prostitución me parece una aberración. Las mujeres prostituidas aun cuando declaren que lo hacen voluntariamente es porque no han tenido otra oportunidad estructuralmente de insertarse en el mercado de trabajo. Que avalemos o pretendamos que una migrante ilegal se refugia en la prostitución como una actividad laboral es admitir su vulnerabilidad. No tiene otras oportunidades y cae en los circuitos de la prostitución como una alternativa”, consideró la profesora del Departamento de Antropología Social de la Universidad Nacional de Misiones. Schiavoni acaba de finalizar una investigación en Misiones sobre prostitución infantil junto con Chejter. “Cuando hablamos de prácticas prostituyentes siempre hablamos de explotación. Nunca lo que circula como dinero y como intercambio puede pagar el deterioro y el daño que la prostitución genera en la persona”, agregó.
–La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina reclama reconocimiento como gremio y pelea por mejoras para sus afiliadas...
–No estamos pensando en la posibilidad de un trabajo digno para las mujeres cuando te transformás en una cosa para el otro.
(Por Mariana Carbajal; Página12; 04/07/2010)

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LA PROPUESTA DE UNA JURISTA PARA COMBATIR LA PROSTITUCION
::“Los clientes deben ser encarcelados”
Catherine MacKinnon es pionera en litigio estratégico en casos de violencia contra mujeres. Pide penalizar a los clientes de la prostitución. Y asegura que la violación es una forma de tortura.
Afuera diluvia. La lluvia cae a torrentes sobre el techo vidriado del café del Malba, en Palermo. La sensación es sobrecogedora. Catherine A. MacKinnon disfruta el momento, té de por medio, mientras conversa con Página/12. Esta abogada norteamericana, de cabellos lacios largos y grises con mechones castaños, con peinado recogido, es, tal vez, la jurista feminista más reconocida internacionalmente. Desde hace un año y medio asesora en cuestiones de género al fiscal Luis Moreno Ocampo en la Corte Penal Internacional (CPI). Pionera en litigio estratégico en casos de violencia contra las mujeres, es una de las ideólogas del modelo que se empezó a aplicar en Suecia para combatir la trata de mujeres y la prostitución y que consiste en la penalización de los clientes además de los proxenetas. “Los hombres que las compran para usarlas sexualmente deben ser encarcelados”, no duda en afirmar MacKinnon. En los diez años que lleva esa política, en el país nórdico “la trata de niños y mujeres casi ha desaparecido” y “la prostitución bajó casi en un 80 por ciento en algunas ciudades”, reveló en la entrevista con este diario. Además, destacó, la estigmatización empezó a cambiar y va dejando de recaer sobre ellas y ahora quienes son mal vistos son los varones prostituyentes.
Profesora en la Universidad de Michigan y en la Facultad de Derecho de Harvard, activista por la igualdad entre varones y mujeres, MacKinnon fue pionera en litigio estratégico en casos de violencia de género. En la década del ’70 abrió nuevos caminos en la Justicia en los Estados Unidos al argumentar que el acoso sexual en el lugar de trabajo contra la mujer constituye una forma de discriminación por razón de sexo y una violación a la igualdad de derechos. Junto con otra activista por los derechos de las mujeres, la ya fallecida feminista radical Andrea Dworkin, escribió extensamente sobre la pornografía como una forma de violación de los derechos civiles. MacKinnon representó a mujeres bosnias sobrevivientes de las atrocidades sexuales serbias. En ese caso conceptualizó la violación como un acto de genocidio y consiguió un fallo que les otorgó a las víctimas una indemnización de 745 millones de dólares. También fue la primera en concebir la violación como una forma de tortura. “El cuerpo de las mujeres se utiliza para enviar mensajes, como en la pornografía”, afirma sobre el objetivo de las violaciones en conflictos armados. El Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la CPI, aceptó su teoría de que la violencia contra las mujeres es un crimen por razón de género.
MacKinnon estuvo en Buenos Aires, donde dio una conferencia magistral en la jornada inaugural del Encuentro Internacional sobre Violencia de Género, organizado por el Ministerio Público de la Defensa. También fue recibida en la Corte Suprema y mantuvo una reunión con las ministras Carmen Argibay, Elena Highton y con Raúl Zaffaroni.
–Algunas académicas sostienen que el debate en torno de la trata de mujeres para explotación sexual deja oculto el problema de la prostitución. ¿Usted qué opina?
–Exacto. El problema de la trata es la prostitución. Si no hay prostitución, no hay trata. Muchas personas hablan del problema de la trata como si fuera un problema independiente, como si no fuera la prostitución la primera razón por la cual se trafican mujeres y se controlan sus mentes y se las somete a violencia extrema. Separan la trata de la prostitución y sostienen que la prostitución puede ser voluntaria y libre. Este es un mito. La trata es una vía para reclutar mujeres, a veces hombres, muchas veces transexuales, niñas y niños, para su violación sistemática, para rédito de los traficantes y de los proxenetas.
–Usted sostiene que la prostitución es siempre una forma de violencia sexual. ¿Qué les dice a quienes la consideran un trabajo y pelean por mejoras laborales para las mujeres en situación de prostitución?
–Las mujeres en situación de prostitución son el grupo de mujeres que sufre las mayores violaciones y los niveles más altos de violencia en todo el mundo. La relación entre los proxenetas y las mujeres en prostitución es muy similar a la que tienen las mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar y sus victimarios. A veces están encerradas por la fuerza en los burdeles, encarceladas, con los proxenetas. Claro que es un problema de violencia contra las mujeres. Se puede pensar en que es un trabajo si se olvida que hay una relación desigual entre esos hombres y las mujeres; hay fuerza física de por medio, con golpes y con armas, y también hay otras formas de violencia asociadas, la pobreza, el racismo, la edad.
–¿La edad? ¿A qué se refiere?
–Generalmente son prostituidas siendo niñas: no es un momento de la vida en que se puedan resistir, o elegir libremente porque se desconoce la realidad de lo que le va a pasar. No se puede pensar que se puede dar un consentimiento para ingresar a la prostitución a esa edad o en situaciones de desesperación económica. Es una irrealidad, una fantasía de las leyes y no sólo cuando es una niña, también hay sistemas de fuerza sociales cuando es una mujer adulta. Cuando la persona empezó como niña, todas las posibilidades, la escuela, las oportunidades de otros proyectos están cerradas. La pobreza es universal entre estas personas. Algunos pueden pensar que es una forma de sobrevivir, pero tampoco es cierto: las mujeres que están en prostitución son asesinadas, desaparecidas, en todo el mundo, aquí y en otras partes también. No sobreviven. Mueren a una edad muy joven, mucho más que entre otros grupos de mujeres, tienen problemas de salud como la infección de VIH, y con drogas. La adicción es una forma de sobrevivir en esa situación, porque no es posible sobrellevarlo y tener la cabeza clara. Además, los proxenetas y los tratantes utilizan las drogas con ellas como una forma de reforzar la dependencia. Esa, en la calle o en las casas, no es una vida. La mayor parte de las mujeres que están en una situación de prostitución en todo el mundo cuando se les pregunta qué quieren, el 89 por ciento responde: “Yo quiero salir, pero no sé cómo, ayúdame”. Es una situación de esclavitud. En un contexto en que hay leyes que penalizan la prostitución de varios tipos, ellas son victimizadas por la policía, que debe protegerlas. Y además, les quedan antecedentes penales: en su legajo dice “delincuente”. Y eso les genera más dependencia hacia los proxenetas y entonces, en menor medida escogen una salida a la prostitución porque otros empleadores no las tomarían por tener antecedentes penales. Los hombres que las compran para usar sexualmente deben ser encarcelados.
–¿Nunca puede haber libre elección? La jurista española Maqueda Abreu planteó que hay mujeres que optan por esa actividad como proyecto migratorio en algún momento de sus vidas.
–A veces los traficantes usan esa idea para cooptarlas. Les dicen una cosa y en realidad sucede otra. Es una explotación de la esperanza, especialmente cuando hay gran pobreza y las posibilidades laborales son bajas.
–A partir de su propuesta, Suecia ha empezado a perseguir a los clientes. ¿Qué resultado está dando esa política?
–Ya lleva diez años. Tenemos varios estudios sobre el tema. Lo que aparece es que la trata de niños y mujeres casi ha desaparecido. Como los clientes en Suecia son delincuentes, los tratantes eligen otras partes donde pueden vender las mujeres, donde la prostitución es completamente legal. La prostitución bajó en un 80 por ciento en algunas ciudades. Y la estigmatización empieza a cambiar un poquito: de ellas a ellos, los clientes. Eso es algo muy importante porque siempre la estigmatización afecta a la mujer. Un argumento para defender la legalidad es que es más fácil de controlar y se puede minimizar la trata y cuidar la salud de las mujeres en prostitución. En Alemania, donde es legal, el gobierno ha concluido que no eso no es verdad: en ese país, las mujeres deben registrarse con su nombre para obtener un carnet sanitario y ellas no quieren que se sepa oficialmente que la prostitución es parte de los registros oficiales de su vida. Entonces prefieren estar ilegales y no reciben los beneficios en salud y en otros aspectos. En los países donde es legal, hay regulaciones que establecen qué es lo que pueden hacer ahí los hombres: las corbatas, los cinturones, encendedores, deben quedar en la puerta para que no sean utilizados contra las mujeres. A los clientes no les gusta esta limitación. Entonces ellos compran a las mujeres ilegales y la demanda por ellas crece. La legalización no es efectiva. En Alemania lo entienden así y están viendo qué pueden hacer.
–¿En qué países está legalizada y regulada la prostitución además de Alemania y Holanda?
–Nueva Zelanda, en dos provincias en Australia, en diez condados en el estado de Nevada.
–¿Qué países han seguido el mismo camino que Suecia?
–Noruega, Islandia. El año pasado Inglaterra aprobó una ley que es un paso en esta dirección para perseguir a los clientes, pero todavía mantienen una ley que penaliza a las personas en situación de prostitución. Lo mismo ocurre en Sudáfrica desde el 2007: pero enjuiciaron a más de tres mil mujeres y sólo a diez clientes. Ese no es el modelo sueco.
–¿Cuál es la sanción en Suecia?
–Una pena de cárcel y una multa. Yo creo que las mujeres en prostitución deberían además recibir una indemnización, una reparación civil, de parte del Estado por haber sido víctimas de un crimen. La ley sueca de todas formas tiene algunos problemas porque cuando se redactó se estableció: “Es un crimen comprar servicios sexuales”. Yo propuse que dijera: “Es un crimen comprar una persona por sexo”. Por cómo está redactada la ley, la víctima resulta inexistente. Otro problema es que muchas veces son violadas por los proxenetas, pero no se investigan esos delitos. Como si las mujeres en prostitución tuvieran menos derechos.
–¿Qué se compra y qué se vende en prostitución?
–Ellos compran el poder de hacer lo que quieran con ellas. Ellas pretenden gozar. Es una simulación. Ellas no están ahí como personas. Es el modelo puro de abuso sexual de una niña violada, es la sexualidad de la de-sigualdad
(Por Mariana Carbajal; Página12; 04/07/2010)

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:: FUENTEOVEJUNA LO HIZO
Al llegar a General Villegas, un cartel advierte que es la ciudad del escritor Manuel Puig. Al lado nomás, contrasta el santuario de una virgen. Típica localidad del norte de la provincia de Buenos Aires, de 20 mil habitantes, frente a la plaza principal confluyen –no podía ser de otro modo– la municipalidad, la iglesia, la comisaría, el banco y uno de los tres clubes del pueblo. Frente a esa plaza vive también Luis Tomás Correa, el abogado de la familia de la adolescente (ahora de 15 años) abusada por tres hombres del pueblo. Es él quien señala la figura de prócer en el medio de la plaza: Conrado Villegas. “Fue un mercenario contratado por Julio Argentino Roca para exterminar a la población indígena de la zona. No deja de tener una connotación bastante fuerte”, dice el profesional. Alrededor de esa estatua, el jueves 12 de mayo se reunieron unas 250 personas, en su mayoría mujeres, para defender a los abusadores Mariano Piñero, 29 años, apodado “Papa Frita”; José María “El Potro” Narpe, 28 años, y Mario Magallanes, de 24. Durante las horas transcurridas en ese lugar, la sensación es penetrante: se trata del mundo del revés, donde muchos adultos hacen responsable a una niña de 14 años de atrocidades que deberán pagar con la cárcel tres “pobres muchachos”. Se rumorea o se dice en voz alta: la culpable es ella. Y el juez de garantías Gerardo Palacios Córdoba, de Trenque Lauquen, también revictimizó a la niña, al aceptar sólo la denuncia por “corrupción de menores”, en lugar del abuso sexual agravado. Recién el miércoles pasado la Cámara rechazó el pedido de eximición de prisión interpuesto por la defensa de los acusados.
“Es muy difícil explicarle a la gente lo que pasa en esta ciudad”, confiesa Correa. La mañana del viernes posterior a la marcha apologética, en el pueblo reinó el estupor. Les dolió verse reflejados en los medios de comunicación porteños como defensores de violadores. Ya en los ’70, Manuel Puig habló de “la vigencia total del machismo. Allí estaba aceptado que debían existir fuertes y débiles. Y lo que daba el prestigio era tener la prepotencia”.
Y aunque todo sea inexplicable, desde ese día los habitantes de General Villegas están abocados a dar explicaciones. Todas las voces parecen fundirse en una única voz. “La piba es replaga”, dice Lorena, periodista del diario Actualidad. Lo mismo Jorge Arias, jefe de redacción, que argumenta a favor de la marcha: “Es como un árbol de mandarinas –ejemplifica–. De golpe, estos tres muchachos se preguntan cómo que estaba prohibido, si todos comíamos de ese árbol, y nunca había problemas”. El abuso como una práctica naturalizada. Lo que irrumpe, lo que rompe el orden establecido es que sea denunciado.
La historia de cómo el abuso llegó a la Justicia también es reveladora. Durante meses, el video donde los tres hombres aparecen riéndose mientras abusan de la víctima circuló por los teléfonos celulares del pueblo. Hasta que el padre de otra adolescente lo llevó a la comisaría de General Villegas, y allí comenzó una causa por distribución de pornografía. Hasta entonces, todos encontraban en el video una fuente de entretenimiento. La psicóloga especialista en el tema Eva Giberti definió el miércoles 19, en la contratapa de este diario, como “perpetradores periféricos” tanto a quienes se divierten con la visión de las imágenes como a los defensores públicos de los abusadores.
En ese sentido, la Coalición Argentina contra la Trata y Tráfico de Personas, perteneciente a la Red NO a la Trata, expresó que “es una regla básica del derecho y del sentido común que la víctima debe ser escuchada y en principio su relato creído. En modo alguno quienes han sido víctimas pueden ser culpabilizadas, las mayores que han sufrido delitos sexuales no pueden ser culpabilizadas por su forma de vestir, bailar, hablar, relacionarse, etc., y si son menores no tienen la madurez ni la preparación para consentir, por lo tanto no pueden ser responsabilizadas. Los infantes y adolescentes no son adultos/as pequeños”, dice el comunicado de la Coalición.
Pero todo está dado vuelta en General Villegas, y lo estaba antes de la aparición del video, sólo que esas imágenes lo pusieron al descubierto. Cuando los padres de la víctima se enteraron de la existencia del video –que algunos medios llaman “porno”, en otra inversión de responsabilidades– fueron a ver a Correa, que enseguida inició la causa como correspondía. La mamá de la chica, Blanca, declaró luego su desazón porque el video haya circulado durante tantos meses sin que nadie se lo hiciera saber a ellos. (…)
En la marcha eran casi todas mujeres. ¿Por qué fueron ellas las que salieron en defensa de los agresores? “Estas mujeres representan lo más duro del estereotipo patriarcal, porque hace absolutamente visible los prejuicios en relación con las mujeres y con las niñas, y esta idea de que el varón es intocable y nunca puede ser culpable, y que una agresión sexual no es un delito. Ella culpabiliza a la niña, la pone en el lugar de la culpa, sin interrogarse en relación con la culpabilidad de estos hombres. Una podría arriesgar incluso que sostienen que los hombres tienen sus diversiones, sus necesidades biológicas, y esta chica los provocaba”, apunta Calvi, y considera “un error creer que ese discurso está superado, que está perimido, porque está superado en ciertos sectores pero evidentemente en otros no”. (…)
Algo más, que dice la Red No a la Trata: “Los adultos son los responsables de sus actos y deben cuidar a los niños/as y adolescentes, y en su caso decir no, ante la posibilidad de una relación sexual con ellos/as”.
En la casa de la niña las persianas están bajas. La pizzería que tenía la familia tiene un pequeño cartel de papel que dice “se alquila”. El patio que oficia también de garaje está desierto, y el ingreso tapado con una media sombra verde. El papá de la víctima no quiso hablar. “A usted cómo le parece que podemos sentirnos con esto. Mi mujer está muy deprimida”, expresó el hombre, antes de escabullirse hacia su casa. Enseguida se irán del pueblo para pasar el fin de semana lejos de la maledicencia. Días después volverán a los Tribunales de Trenque Lauquen a ampliar su declaración. Y planearán volver a su casa, a la cotidianidad, desafiando la presión para expulsarlos, los gritos que se escucharon en la marcha del jueves 12. “Que se vayan del pueblo”, decían los manifestantes. Y no se referían a los agresores, sino a la víctima. (…)
(Por Sonia Tessa; Página 12; 28/5/2010)
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:: El baterista, más complicado
Los testimonios de los chicos comprometen a Vázquez, pero por ahora no cambia su situación procesal.
Los hijos de Wanda Taddei, la esposa del ex baterista de Callejeros Eduardo Vázquez, declararon ayer, en el marco de la causa que investiga la muerte de su madre. Después de varias horas frente a psicólogos de la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito (Oaivd), el menor de los niños dijo que la madrugada del 10 de febrero pasado escuchó gritos de pelea y, luego, a su mamá decir “me vas a matar”. Los chicos, además, relataron varios episodios de violencia intrafamiliar ocurridos poco antes del trágico final. Pese a los testimonios, la situación procesal de Vázquez no se modificó: “Todavía no tenemos pruebas que confirmen cómo se inició el fuego y sobre si el acusado fue quien arrojó el alcohol”, confirmó a Página/12 una alta fuente de la Fiscalía interviniente.
El hecho por el que murió Taddei ocurrió el 10 de febrero. Según una de las hipótesis de los investigadores, la pelea comenzó porque el músico de Callejeros demoró su regreso a casa tras un ensayo de la banda y Wanda le recriminó las reiteradas llegadas tarde. En medio de la discusión, Wanda terminó rociada con alcohol y luego se prendió fuego. Tras once días de agonía, la mujer murió en el Instituto del Quemado, en el barrio de Caballito.
El ex baterista de Callejeros estuvo detenido hasta el 19 de febrero, cuando el juez de la causa, Eduardo Daffis Niklinson, dictó su “falta de mérito”. Los argumentos: no había pruebas concluyentes para establecer la autoría de Vázquez en el incendio, ni tampoco se pudo descartar la versión que aportó el músico respecto de que el incendio se originó a raíz de un “accidente”.
Ayer a la mañana, y en el marco de la causa por la muerte de su madre, los hijos de Wanda declararon en la Oaivd, dependiente de la Procuración General de la Nación. El juez Daffis Niklinson había pedido el testimonio de los niños luego de que en pericias realizadas por psicólogos uno de los chicos relatara que le había contado a su padre que escuchó que Wanda le decía a Vázquez “me vas a matar”. Como los niños tienen 6 y 9 años, se dispuso la entrevista con una cámara Gesell.
Los niños llegaron acompañados de su padre y, luego, la audiencia fue supervisada por el juez de instrucción porteño Daffis Niklison, el fiscal Martín Niklison y los abogados de las partes. Leonardo Rombolá, representante legal de la familia Taddei, dijo que durante el hecho “(el hijo menor) estuvo sentado en la cama, escuchó el momento en el que entró Eduardo a la casa, escuchó los gritos y en ningún momento se durmió”. “Escuchó chancletazos que le pegaban a la madre, textualmente, escuchó ruidos de agua, como que la tiraban a la pileta y escucha a la madre decir ‘me vas a matar’”, contó el letrado a los periodistas al terminar la audiencia. “Luego hay un bloqueo del niño, pero es muy importante lo que manifiesta cuando dice ‘mamá murió incendiada’”, remarcó Rombolá.
Respecto de la declaración del otro niño, de 9 años, el letrado explicó que dijo “que había vivido momentos de violencia, donde ha visto a Vázquez pegándole, contra un auto, trompadas a la propia madre”. Sin embargo, “el mayor estuvo despierto hasta el momento en que la madre lo manda a dormir y él le dijo: ‘Basta mamá, no lo llames más a Eduardo porque se va a enojar, va a venir y te va a pegar’”, indicó.
De todas maneras, la situación judicial de Vázquez no se modificó. “El chico escuchó ruidos y que algo caía en el agua, pero no vio nada”, admitió una alta fuente de la Fiscalía. Y concluyó: “El niño escuchó la misma pelea que Vázquez relató en su primera declaración indagatoria, sin embargo no dice nada de cómo empezó el fuego, ni lo que pasó con alcohol”. Sin nuevas pruebas, sólo resta realizar la reconstrucción del hecho.
(Por Mariana Seghezzo; Página 12; 21/4/2010)

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:: Investigan más violaciones del sospechoso de Caballito
Dolor sin fin. Los amigos y compañeros de Soledad se congregaron en la casa velatoria en el barrio de Palermo.
Los detectives de la Policía Federal investigan si Marcelo Pablo Díaz, el convicto de 38 años acusado de matar el viernes de 14 puñaladas a su vecina Soledad Bragna –una estudiante universitaria de 19– durante un intento de violación en un departamento de Caballito, cometió más abusos sexuales en otros barrios porteños. En Núñez, en lo que va del año, hubo cuatro violaciones que quedaron impunes. El acusado gozaba de salidas transitorias, un beneficio al que se accede por buena conducta o por nula peligrosidad. Después de ser condenado en 2001 a 12 años por violación y tenencia de arma, delitos cometidos en la provincia de Buenos Aires, Díaz estuvo detenido en las cárceles de Chubut y Ezeiza. Sus vecinos lo definen como un tipo que “parecía piola” porque hacía vida familiar. Ahora lo llaman monstruo.
“El juez Alberto Baños ordenó que se investigaran otros casos similares para determinar si el autor de otros hechos de violación pudo ser el mismo que mató a la chica en Caballito”, dijo el jefe de Comunicación de la Policía Federal, Sebastián Seggio.
Soledad tenía 19 años y estudiaba diseño gráfico. Luchó por su vida hasta último momento: una muestra es que en las manos le encontraron cabellos del violador, que mide un metro ochenta. El viernes, poco después de las 11 de la mañana, sus padres la dejaron sola en el departamento de Honorio Pueyrredón 830, en Caballito. Un piso más abajo, el presunto asesino veía una película porno. Estaba solo porque su esposa, una maestra jardinera, y su hijo de 10 años habían salido. La principal hipótesis es que intentó violar a su vecina, pero como ella se resistió la apuñaló. Luego se hizo heridas en el cuello para fingir que había sido asaltado. Cuando llegó la Policía, dijo: “Me asaltaron, quiero ver cómo está mi hija”.
“Se investiga si este hombre cometió algunos de los abusos no esclarecidos en Capital Federal. Nadie sabía en el edificio de Caballito que vivía un violador. Si no Soledad no le habría abierto ni la hubiesen dejado sola”, dijo Isabel Yaconis, integrante de Madres del Dolor y madre de Lucila, la chica de 16 años que fue asesinada en 2003 por resistirse a una violación. Además reveló que el acusado estuvo detenido en el penal de Chubut, donde ahora cumple cadena perpetua el violador de Núñez Claudio Álvarez, que en 2005 mató a Elsa Escobar, de 53, y violó a su hija de 13.
SORPRESA Y DOLOR. Los vecinos de Caballito quedaron consternados. Ayer por la tarde, cuando pasaban por la puerta del edificio de la calle Honorio Pueyrredón se detenían y en voz baja decían “es acá”, mientras miraban los restos de sangre que aún quedaban en la vereda. Ayer velaron los restos de Soledad en una casa velatoria en la calle Acevedo. Hoy a las 11 inhumarán sus restos en el cementerio de la Chacarita. (…)
Quieren saber quién lo liberó
La Asociación Madres del Dolor presentó un pedido de informes al ministro de Justicia, Aníbal Fernández, para que revele los antecedentes de Marcelo Pablo Díaz. “Queremos que nos informe qué juez y por qué le otorgaron el beneficio de salidas transitorias a un violador terrible. No puede ser que las pericias psiquiátricas le hayan dado en forma favorable”, dijo Isabel Yaconis. Según revelaron fuentes policiales, Díaz fue condenado en 2001 a 12 años de prisión por violación y tenencia de arma, delitos que cometió en Buenos Aires. Estuvo detenido en las cárceles federales de Chubut y Ezeiza. No está claro por qué le otorgaron el beneficio de salidas transitorias, que es un paso previo a la libertad condicional. Generalmente se le otorga a los presos con buena conducta, que superan los exámenes psiquiátricos y pueden presentar un domicilio y una persona como garantía. “El 75% de los violadores reincide. Por eso revisten peligrosidad. Es inadmisible que le hayan otorgado esa medida a un violador serial”, dijo el psiquiatra forense Miguel Maldonado.
(Por Critica Digital; 24/5/2009)

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:: A Mara le dieron una paliza brutal y la violaron entre dos hombres
Mara no pudo defenderse. La autopsia reveló que fue violada y golpeada brutalmente por dos personas, antes de que la ahorcaran con los cordones de sus zapatillas. Así lo reveló ayer la autopsia que se hizo en La Plata al cuerpo de Mara Sofía Mateu, de 16 años, asesinada el lunes a la madrugada en una playa céntrica de Santa Teresita.
El crimen conmocionó a esta ciudad y ayer desató la furia de los vecinos. Hubo corridas, pedradas, gases lacrimógenos, balas de goma, media docena de heridos, varios detenidos, la comisaría destrozada y un patrullero quemado. En esas manifestaciones no estuvieron los familiares de la chica: habían viajado hacia La Plata para asistir a la autopsia.
Por el asesinato hay cuatro detenidos. Uno es un turista que llegó desde La Plata y los otros son de Santa Teresita: un policía, su hermana y un joven que, según fuentes del caso, era conocido de Mara. Ayer también se hablaba incluso de un quinto detenido pero este dato no fue confirmado por las distintas fuentes.
Lo que no estaba claro anoche era la relación (si es que la hay) entre el turista detenido y los otros aprehendidos. El turista tiene 47 años, vive en La Plata y es hermano mellizo de un empleado de la gobernación bonaerense. Trabaja como actor y vivió varios años en Estados Unidos. Su madre fue la primera mujer de La Plata víctima por intoxicación con propóleo.
El sospechoso había llegado a Santa Teresita el domingo a la noche en un remís desde La Plata. Dijo que le había salido 500 pesos. Intentó registrarse en un hotel de la calle 37 pero no lo dejaron porque estaba borracho. Antes de que lo echaran se tomó dos medidas de Tía María en el bar del hotel y le faltó el respeto a la dueña.
Después se alojó en el Hotel San Remo, en la calle 35. Según declararon empleados de ese hotel, alrededor de las 5 de la madrugada del lunes seguía borracho y le pidió al conserje una mujer para pasar la noche. Al día siguiente -martes a la mañana- discutió con la conserje luego de que ella le pidiera que bajara la voz mientras hablaba por teléfono en el lobby y él la amenazó: "Te va a pasar lo mismo que a la piba".
Este episodio sucedió un día después de que la Policía hallara el cuerpo de Mara y no lo imputaron de movida porque pensaron que podía tratarse de una bravuconada.
Mara fue asesinada en la madrugada del lunes, entre las 3 y las 4 aproximadamente. La autopsia reveló que mientras una persona la sujetaba, la otra la violaba. Durante el ataque había intentado defenderse y los investigadores creen que puede haber rasguñado a los atacantes.
Según los datos surgidos de la investigación, a Mara le arrancaron la bombacha. También se supo que debajo de sus uñas se hallaron rastros. Y un dato importante: ella fue al lugar donde la mataron por su propia voluntad. Es decir: o la engañaron o fue confiada con algún conocido. Ni la arrastraron, ni la llevaron por la fuerza ya que por ahí pasa mucha gente.
Ayer se supo que el turista tenía marcas que podrían ser de uñas en uno de sus brazos y los policías hallaron en su cuarto de hotel una camisa lavada a mano que les resultó sospechosa. Ahora se esperan las pericias y los resultados de un análisis de ADN.
Los otros tres detenidos son un policía local, su hermana y un joven que conocía a Mara. El policía y su hermana cayeron porque tenían el celular de Mara; el joven estaba arañado.
El fiscal Diego Olivera Zapiola analizaba las indagatorias de los detenidos en su fiscalía de Mar del Tuyú mientras la violencia reinaba en la comisaría de Santa Teresita, adonde a la tarde fue para hablar con los vecinos y de donde se tuvo que ir corriendo.
Lo que ahora tienen que resolver los investigadores es qué relación hay entre el turista y los otros tres detenidos, quiénes fueron los dos que la violaron, y cómo llegó el celular a manos de la hermana de un policía.
(Martín Sassone; Diario Clarín; 27/03/2008)
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:: La historia de una obsesión que terminó en tragedia
La noche anterior a recibir el disparo mortal meditaba contarle todo a su padre. Estaba elaborando la manera de decirle que el muchacho con el que mantenía un traumático noviazgo la había amenazado de muerte e incluso había intentado ahorcarla. No lo hizo. Pensó en la salud del hombre, en su corazón enfermo. No quería asustarlo. "Tengo miedo que le pase algo. Si le pasa algo por este hijo de puta, yo me muero", le explicó a una amiga el lunes a la noche.
Guardó silencio. Pensó que todo pasaría. Pero el día siguiente sería el último en la vida de Gabriela Núñez. Un disparo mortal a la salida de una clase de inglés en Rosario truncó sus sueños. Con 16 años proyectaba recibirse de abogada, formar una familia, tener hijos.
Antes del último ataque alcanzó a enviar un pedido de auxilio a través de un mensaje de texto. "Andrés me quiere matar", le tipeó a una amiga. A los pocos minutos recibió un disparo en la cabeza. Andrés Sosa, un muchacho de 23 años al que sólo le restan dos materias para recibirse de contador y a quien Gabriela hacía referencia en el mensaje, se entregó luego a la policía.
Es el mismo joven al que, de acuerdo a lo que revelan los contactos que establecía la víctima a través de su computadora, Gabriela comenzaba a temerle por sus actitudes violentas.
Enamorada, no comprendía cómo había llegado a amenazarla y a tomarla del cuello cuatro veces, en la esquina de su casa, la noche anterior al crimen. "No puedo creer que me quiera pegar. Se sacó mal", contó en el chat a una amiga.
Sosa apareció en el barrio de Gabriela -sus casas están separadas por unas 10 cuadras- para exigirle que le dijera a una novia con la que mantenía una relación de seis años -y con la que incluso estaba comprometido-, que le aclarara que entre ellos no pasaba nada. Gabriela se opuso. Por eso fue agredida.
Las dos relaciones que intentaba conservar Sosa, cuentan las amigas de la adolescente, lo llevaban a mentir y a desarrollar una conducta enfermiza. Le juraba a Gabriela que llevaba el anillo de compromiso sólo porque su madre se lo le exigía. A Gabriela, mientras tanto, le juraba amor. "Créeme a mí, yo te amo", le decía negando a la otra joven.
Quebrado por el dolor, Ernesto Núñez explica que el imputado por el homicidio estaba "obsesionado" con su hija. Los familiares de la chica lo describen como un muchacho violento.
Dicen que ya en el primer encuentro, en la casa de los Núñez, lo advirtieron. Allí Andrés contó que había trabajado como "patovica" y las peleas fueron su tema recurrente.
Otro tema inquietó a los padres: durante la comida, Andrés les aseguró que jamás dejaría trabajar a su futura mujer, ni permitirle tener contacto con hombres o viajar, como lo hacía la madre de la propia Gabriela por sus ocupaciones laborales.
De inmediato se dieron cuenta de que no era bueno que ella continuara cerca de él. Se lo hicieron saber. Gabriela lo entendió. "Pero estaba enamorada de él. Y cuando lo tenía enfrente no podía evitarlo", cuenta una de sus amigas intentando explicar por qué continuó con una relación que se había iniciado hace un año.
Sólo al comprobar que había otra mujer en la vida de Sosa, intentó dejar de verlo. Fue hace dos meses. Gabriela hasta cambió el número de celular y comenzaron los problemas. El intentaba convencerla, pero al mismo tiempo la mortificaba poniendo en marcha un juego que la desgastaba psicológicamente.
El viernes anterior al asesinato, apareció en el cumpleaños de una amiga de Gabriela y le mostró el anillo de compromiso que tenía con la otra chica. "Era macabro. Quería hacerla sufrir", comentó a Clarín la madre de una de las chicas del grupo. Algunos dicen que llegó a golpearla una vez. Que tenía por eso un moretón en las costillas, pero Gabriela lo negaba.
Sosa había logrado involucrarse en el círculo de amistades de la adolescente, exhibiéndose en un coche moderno, invitando con gaseosas o comidas. Se aparecía en las reuniones que Gabriela tenía con otras chicas.
"Aparecía con facturas, compraba gaseosas. Las llevaba de un lado al otro. Así, las sedujo a todas. Al principio lo adoraban", reconoció otra de las mujeres que conoce la historia de cerca.
Pero esa actitud cambió con el paso del tiempo. Obsesionado y celoso, cuando Gabriela comenzó a salir con él empezó a apartarla de sus afectos. Aparecía para interrumpir reuniones y terminaba peleando con el entorno de la chica. Incluso llegaba hasta la casa de las amigas para averiguar dónde estaba o qué estaba haciendo cuando no estaba con él.
Siempre discutía con adolescentes, jamás con los adultos. Las amigas cuentan que amenazó a un chico sólo por sacarse una foto con Gabriela. También a un ex novio. "Le dijimos que ese pibe no era para ella", recuerdan algunos vecinos que le advirtieron.
Cuando Gabriela comenzó a darse cuenta de lo que sucedía fue tarde. Por temor, prefirió el silencio. Hasta que llegó el día de la tragedia: ella fue a Inglés, como siempre. El, como casi siempre, la siguió, la esperó, quiso hablar con ella aunque ella no tuviese ganas.
Nadie sabe bien en qué momento sacó el arma y le disparó a la cabeza. El le dijo a la Policía que sólo estaban discutiendo y que el tiro se le escapó. Esa declaración no tiene valor legal: cuando fue ante la jueza, no dijo una sola palabra.
(Mauro Aguilar; Diario Clarín; 10/08/2008)
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:: Explotación sexual: desde 2007 desaparecieron 550 mujeres
Las víctimas tienen entre 13 y 24 años. La mayoría fueron captadas con falsas promesas de trabajo y luego retenidas por la fuerza. Según la denuncia de ONGs, las redes de trata cada vez buscan más menores por la demanda del mercado.
Se fueron a otra provincia tras una promesa de empleo, o se marcharon con un novio reciente. Después, se las tragó la tierra. Si alguna pudo llamar a su casa, dijo estar bien y cortó sin dar las coordenadas. La información recogida por sus familias y por quienes ayudan a buscarlas indica que son víctimas de redes de explotación sexual. Son las nuevas desaparecidas: entre 550 y 600 chicas de 13 a 24 años -el 15% menores-, sólo desde enero de 2007.
"Nos falta confirmar 50 casos entre Santa Fe y Rosario. Y no están incluidas las mujeres migrantes, de República Dominicana y Paraguay -aclara Fabiana Tuñez, de La Casa del Encuentro- porque no hay familiar que haga la denuncia". La cifra se suma a las 476 chicas que se esfumaron entre 2002 -cuando Susana Trimarco salió a buscar a su hija, Marita Verón- y 2006: o sea, al menos un total de 1.026 chicas desaparecidas.
Sin embargo, la sociedad argentina recién empieza a reconocer el problema a partir de la telenovela Vidas robadas, inspirada en Susana y Marita. "La mitad no hace la denuncia en la Justicia: hay familias que sólo asumen en privado que esa chica fue captada con fines de prostitución -agrega Tuñez -. Otras familias que sí hicieron la denuncia no muestran la foto en público porque están amenazadas, o tienen otras hijas en riesgo".
El número es ajustado día a día por las asociaciones civiles que se preocupan por un problema social que crece al ritmo del negocio del sexo. A tal punto, que se convirtió en el tema principal del Primer Congreso Latinoamericano sobre Tráfico y Trata de Personas, que tiene lugar desde hoy y hasta el viernes en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
"La globalización aumentó muchísimo el negocio del sexo -señala el sociólogo e investigador Esteban De Gori, uno de los organizadores del congreso-. El sexo es una mercancía que genera necesidad por sí mismo, y las organizaciones criminales son buenas electoras del mercado'. El estereotipo que demanda el hombre argentino es cada vez más el de la mujer aniñada": son las "colegialas", lo que se traduce en víctimas menores de edad, cuyo número creció un 10% en los dos últimos años.
De Gori se asombra por "el volumen de negocios. Lo vemos en algunos signos, como la publicidad de oferta de sexo: avisos en diarios y revistas, tarjetitas en teléfonos públicos, volantes con fotos de mujeres, entregados en mano en el microcentro -la hora pico es el horario de almuerzo de los oficinistas-, los salvapantallas para celulares. Internet también ha ayudado, con la publicidad online y las páginas pornográficas. Además, se han multiplicado los departamentos -los privados'-, sobre todo en Barrio Norte, Recoleta, Belgrano y Núñez".
Muchos de esos signos, impunemente visibles, delatan el tráfico y la trata. "¿Qué prostituta tiene más de 2.400 pesos por mes para publicar por su cuenta un aviso de dos líneas todos los días?", descarta Tuñez.
Un mismo teléfono repetido varias veces en los avisos, y términos como "VIP", "24 horas", "staff" y "$ 150 tarjeta crédito", revelan la existencia de prostíbulos, prohibidos porque la ley pena la explotación sexual. En el glosario de la trata, "staff renovado", "nuevas bellas" y "nuevo plantel" indican que las esclavas acaban de ser trasladadas desde otra ciudad o provincia, ya que las rotan permanentemente.
"Las organizaciones criminales también son muy buenas lectoras de la vulnerabilidad social, la que produce a "alguien disponible" -señala De Gori-. Hay contextos socioeconómicos, culturales e institucionales que posibilitan la trata. Las políticas excluyentes han devastado sociedades y regiones, y conformado niveles tales de vulnerabilidad, que las chicas creen y aceptan cualquier promesa".
Apunta que en Misiones y Tucumán -las provincias con mayor captación de víctimas-, la presencia del Estado es mínima. La "disponibilidad" suele completarse con desintegración familiar, sobre todo en el caso de las menores. "Y el criadazgo -entregar a la hija para que progrese- sigue existiendo, pero ahora también se articula con la trata", observa el sociólogo.
Susana Trimarco agrega una variante, que descubrió en su ciudad, Tucumán: "Estos delincuentes están actuando en la universidad, seleccionando a las chicas que vienen de Salta, Catamarca y La Rioja y no tienen familia aquí. Siguen estudiando, pero de noche las prostituyen en los departamentos donde viven ellas, las controlan de cerca y las tienen amenazadas".
¿Los clientes no se dan cuenta? Trimarco afirma que sí: "Desde el 19 de octubre, con la Fundación María de los Angeles rescatamos y asistimos a 149 víctimas en todo el país. Una víctima de trata siempre está mirando hacia el piso. Es tanta la humillación, los golpes, la droga, las violaciones, que cree que todo el mundo la está señalando".
"Es en el contexto facilitador al que tienen que apuntar las políticas públicas", exhorta De Gori, y reclama "campañas de sensibilización, de capacitación -a los funcionarios públicos, judiciales y personal de seguridad-, y políticas de integración social".
(Por: Sibila Camps; Diario Clarín; 4/06/2008)
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:: Abren el primer hogar para volver del infierno de la esclavitud sexual
Ay, qué belleza ", exclama Fátima (22 años) apenas asoma la nariz en el amplísimo living. "Uy Oy, le hacen coro Romina y Melisa (las dos de 16), a medida que espían los dormitorios y descubren los almohadones sobre las cuchetas, los floreritos en las mesas de luz. Estalla el día en todas las habitaciones del hogar que Susana Trimarco -la madre de Marita Verón, la joven secuestrada en Tucumán el 3 de abril de 2002 y cuya búsqueda se convirtió en un emblema de la lucha contra la trata- preparó para ayudar a recuperarse a las chicas que han sido víctimas. Una casa de puertas abiertas para alejarse de la esclavitud sexual. Llena de sol, para desterrar la noche perpetua de los golpes y las violaciones.
La casa, situada en Tucumán, será inaugurada este viernes con la participación del elenco de Vidas Robadas. El acto será frente a la sede de la Fundación María de los Ángeles ya que, para protección de las chicas, la dirección se mantiene en reserva.
No obstante, un equipo de Clarín fue autorizado a conocerla. Las charlas con víctimas reales y potenciales, y las explicaciones de las psicólogas, ayudan a comprender la necesidad de este espacio, el primero en la Argentina, donde las redes de trata captaron o secuestraron al menos 605 adolescentes y jóvenes mujeres sólo desde 2007.
Cuando una sale, piensa que no tiene vida: Qué hombre va a querer formar una familia conmigo Con qué cara me van a mirar mis padres, mis hermanos No le encontrás sentido a la vida. De ahí, vos salís adicta, describe Fátima, quien fue secuestrada a los 16 años y, como todas, obligada a drogarse para facilitar la sumisión. La consecuencia inmediata fue la severa discapacidad física y mental de su melliza de 4 años.
La explotación sexual deja secuelas visibles: trastornos respiratorios por el consumo de cocaína, dolores, lesiones genitales, enfermedades venéreas, sida, abortos. La abstinencia explota en agresividad y tritura las relaciones familiares.
Ya en libertad, si forman pareja a menudo vuelven a ser víctimas de la violencia de género. Terminan ubicadas en una posición de objeto sexual, de la que les es difícil salir terminan siendo mujeres a las que les hacen cosas, señala la psicóloga María José Ramayo.
Al principio no quería salir de mi casa porque tenía miedo , confiesa Romina, quien hace dos meses se subió a un micro engañada por una prima de 21 años -y en la prostitución desde los 12-, llamó cuando se dio cuenta y fue rescatada por la Policía en Córdoba.
Con el miedo vienen los recelos. Ahora no tengo amigos y no confío en nadie. Para salir con un chico, lo tendría que conocer de años, confiesa Melisa, quien no llegó a caer en una red de trata pero sufrió situaciones violentas cuando se escapó de su casa con una amiga y, haciendo dedo, deambuló dos semanas por el norte.
Melisa es lo que el equipo de psicólogas llama víctima potencial de trata, y con ellas también trabajan, ya que suelen tener el mismo perfil familiar y social: pobreza o indigencia, vivienda precaria, hacinamiento, desempleo, bajos niveles de escolaridad. Es común una situación familiar conflictiva, que lleva a estas chicas a alejarse del hogar, y a arriesgarse a ser engañadas y caer en una red de trata, señala Ramayo.
Tienen madres y/o padres muy invasivos y controladores, que revisan si la hija menstrúa regularmente o si está drogada que le sacan el chip del celular que las castigan con una golpiza si no obedecen -describen la trabajadora social Natalia Díaz y la psicóloga Viviana Barrientos-. Suele haber mucho maltrato en el ámbito familiar, y muy naturalizado. Y también abuso sexual o violación en la infancia, en el seno familiar o por parte de otras personas conocidas.
Las psicólogas Ramayo, Barrientos y Fernanda Peralta están creando abordajes para una problemática en la que hay escasísima bibliografía. Por ejemplo, se dieron cuenta de que deben acompañar al padre o madre cuando hace la denuncia de la desaparición de su hija en la Fundación. Comenzaron con terapias individuales, y ahora pasaron a las grupales.
El equipo trabaja también con los familiares, para que deje de ser un hogar expulsor. Se firma un acta de compromiso con la familia, por la cual recibirá asistencia integral a cambio de participar en las actividades. Mi vida es muchísimo mejor que antes, refrenda Melisa.
Pero a veces, la reinserción no es posible -al menos en lo inmediato-, porque la joven no puede volver a la casa donde era violada, o al barrio donde sigue viviendo el tratante. Y después de meses o años de cautiverio, un instituto de menores o un hogar de monjas tampoco son un buen sitio, consideran las psicólogas.
Ésa será la función de la casa-hogar: Un lugar para estadía voluntaria y abierta -salvo mandato del juez -, con un sistema de actividades y horarios que vaya generando conductas responsables, explica Ramayo. Será también un centro de día para otras chicas, donde tendrán apoyo escolar y talleres de artes y de oficios que faciliten una salida laboral. Van a encontrar contención y cariño -afirma Fátima-. Te comprenden, se ponen en tu lugar, son tu segunda familia.
(Por: Clarín.com; 20/07/2008)
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:: Esclavitud sexual: ya llegó a la Corte el caso de Marita Verón
La causa de Marita Verón, secuestrada en Tucumán por una red de trata en 2002, llegó la semana pasada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El caso está lejos de esclarecerse, pero la fiscal Adriana Reynoso Cuello cerró la instrucción en 2004; desde entonces, la querella reclama que la Justicia de Tucumán atienda sus objeciones y reabra la investigación.
Desde el comienzo fue una carrera de obstáculos. La primera fiscal, Joaquina Vermal, murió en circunstancias poco claras. "Después, desde la propia fiscalía se intentó quitarles el rol de querellantes a los padres (Susana Trimarco y Daniel Verón), quienes ya estaban en proceso de guarda legal por Micaela (la hija de Marita, ahora de 9 años)", cuenta su abogado, Carlos Garmendia."Justo cuando la investigación conducía a España y habían detenido a una tucumana en Burgos, la dejaron libre y poco después la fiscal Reynoso Cuello clausuró la instrucción", agrega Garmendia. De las 25 personas procesadas –algunas de las cuales estaban entonces detenidas–, la fiscal pidió la elevación a juicio de sólo diez, incluido un policía; aunque el juez de garantías finalmente agregó a otros tres acusados.
Esa es la primera discrepancia de la querella: "Creemos que en la causa hay elementos suficientes como para juzgar a los otros doce", sostiene Garmendia. Por ejemplo, entre los imputados con pedido de sobreseimiento está José Alfredo Medina, reconocido por testigos como autor del rapto de Marita. El otro cuestionamiento apunta a que la fiscal sólo acusó por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y promoción de la prostitución; pero no por asociación ilícita, cuando en los 45 cuerpos del expediente abundan las pruebas de que formaban una red de tráfico y trata con fines de explotación sexual, incluso con vinculaciones con otras redes locales y de otros países.
La investigación se cerró en noviembre de 2004. "Aún no hemos encontrado a Marita, y los indicios apuntan a que sigue viva", impugna el abogado. Pero las apelaciones en ese sentido no fueron atendidas por la Justicia tucumana, por lo que la querella presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "También hay que seguir la línea económica -el lavado de dinero por la explotación sexual y por las drogas- para llegar a los jerarcas, y no sólo a los perejiles", subraya Garmendia. Al respecto, cree que "en la causa hay suficientes elementos para investigar e imputar a Rubén 'la Chancha' Ale". Se refiere al presidente del club San Martín de Tucumán, ex pareja de dos de las acusadas, y vinculado con la red de trata por testigos y víctimas. "¿Cómo hizo la plata para tener una flota de 2.000 taxis?", desconfía. Son los "5 estrellas", famosos en Tucumán porque en uno de ésos alzaron a Marita.
En la actualidad, los 25 acusados e imputados están en libertad. "Acá, redes de trata no se ha descubierto", afirma el subcomisario Manuel Bernachi, jefe de la División Tráfico y Trata de Personas de la Policía de Tucumán. "Si hay chicas que desaparecen, que son trasladadas, vendidas y explotadas, obviamente la red está presente", contrarresta Garmendia.
"Sí se han descubierto y en parte desarticulado, y sí se las conoce: tienen estrecha vinculación con La Rioja y Río Gallegos", refuta el ex comisario Jorge Tobar, antecesor de Bernachi, quien ha participado en decenas de allanamientos en prostíbulos de varias provincias.
"Sólo de Río Gallegos hay una lista de 1.700 prostitutas, identificadas con número de documento; 50 son tucumanas, y se ha detectado que algunas 'trabajan' contra su voluntad –agrega Tobar–. Aunque cualquiera puede estar con documento falso: en La Rioja secuestramos un paquete de documentos en blanco, firmados y sellados".
Donde hay clientes hay prostitución, y donde hay prostitución hay trata, repite Trimarco. Bernachi afirma que en todo el Gran Tucumán hay "8 o 9 prostíbulos", mientras que su abogado cuenta 23 sólo en el centro de la ciudad. El propio Garmendia fue a la Municipalidad "a preguntar los requisitos para abrir un prostíbulo. La empleada me los dijo sin pestañear. 'Un prostíbulo', repetí. 'Sí, confirmó, usted lo abre como whiskería, pub o bar; eso se arregla...'"
(Sibila Camps; Clarín; 21/07/2008)
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:: Avisó por TV que la iban a matar
“Yo quiero que me den una solución, no quiero aparecer descuartizada en la tapa de los diarios”, advirtió Mónica del Carmen Pérez, el 24 de abril de este año al Canal 10 de Tucumán. Menos de cuatro meses después, el 11 de agosto, Mónica fue asesinada por su ex pareja, Francisco Modesto Soraire. El hombre le confesó el crimen a su abogada –Lilian Vargas– por mensaje de texto y después se suicidó.
Mónica tenía 27 años y era empleada gastronómica. Juntos tenían cinco hijos y ella había denunciado a su ex concubino ante la policía y la Justicia. “A los chicos les dice que me va a matar”, contó Mónica en un reportaje en el que pedía ayuda para salir de un círculo de violencia que comenzó cuando ella tenía 16 años. “Hace cinco meses que decidí separarme de mi marido porque me quiso asesinar dos veces y nadie hace nada. Y la fiscalía primera en lo penal tampoco hace nada –criticó–. Me desfiguró y dice que está muy arrepentido por no haberme matado directamente.”
En abril Mónica buscó a la televisión como si la pantalla pudiera cubrirla de más golpes. “¿Hiciste la denuncia?”, le preguntó el periodista. “Sí, en la comisaría novena y me dicen que espere, que ya lo van a notificar –se desesperaba ella–, pero él viene a la casa y entra como siempre, como si nunca pasó nada. Él viene cuando quiere y a la hora que quiere y hace lo que quiere.” Ayer, la televisión repetía sus palabras como la “crónica de una muerte anunciada”.
Mientras algunos portales de noticias rotulaban “Drama pasional” a un crimen que no derrocha pasión, sino negligencia y falta de políticas de Estado. De enero de 1995 a principios de 2008 las denuncias por violencia familiar en la ciudad de Buenos Aires aumentaron un 369%, según un registro del Centro de Informática Judicial, al que tuvo acceso Crítica.
No sólo crece la violencia familiar, sino que hay inacción para prevenirla. “A seis meses de haber asumido, Cristina Fernández de Kirchner no ha realizado un plan de acción integral contra la violencia de género ni tomado acciones contundentes y eficaces para combatir la violencia contra la mujer en el país”, denunció Amnistía Internacional, que toma como una de las más graves violaciones a los derechos humanos la violencia contra las mujeres.
La diferencia entre creer que el crimen de una mujer es un problema entre cuatro paredes y encuadrar golpes, descalificaciones y amenazas a una mujer como violencia machista –como la definió el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero– es la presencia o ausencia de políticas de Estado. Si se cree que un crimen es pasional, se entiende que el drama era una avalancha inevitable. En cambio, si se toma en cuenta que la violencia íntima es un problema social, también se considera que cada muerte de una mujer es evitable.
¿Cómo? Con refugios para las mujeres golpeadas, la exclusión efectiva del hogar de los hombres violentos, los subsidios para que las víctimas no tengan que depender del sostén económico del maltratador y los tratamientos psicológicos para que la mujer pueda fortalecerse y comprender que la violencia es un proceso social del cual ni tiene la culpa ni puede salir sola.
En la Argentina hasta mayo de 2008, se registraron 41 femicidios –muerte de mujeres por ser mujeres - según el sitio Artemisa Noticias, sólo sobre la base de los asesinatos publicados en diarios y agencias de noticias. Para Amnistía Internacional, una mujer muere cada dos días a causa de la inseguridad interior de los golpes y amenazas que no violan ninguna cerradura.
A Mónica la encontraron en el hotel Halloween. Ahí la mataron. Según fuentes policiales, ningún empleado vio que la hayan forzado. A lo mejor, Mónica fue amenazada. Pero, seguro, Mónica pidió ayuda. Y Mónica, el 11 de agosto, murió.
(Crítica Digital; 13/08/2008)
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:: El día en que lo doméstico dejó de ser una coartada para la violencia
El 15 de febrero de 1988 la muerte de Alicia Muñiz aparecía en las tapas de todos los diarios nacionales. El relato, similar en los distintos medios, indicaba que había sobrevenido tras una “riña”, “una ruidosa pelea”, que se trataba de “un episodio confuso”. Las tapas no se privaron de la última foto: Alicia Muñiz, en bombacha, muerta, yaciendo al lado de la pileta de una quinta en Mar del Plata. Recién comenzaba la historia de una noticia que terminaría convirtiéndose en hito: no se trataba solamente de un caso particularmente visible (por la popularidad de Monzón: el ídolo, el modelo del macho argentino; por lo “confuso” de la escena; por suceder en plena temporada, en la ciudad favorita del jet set televisivo), sino, en realidad, del primero que mostraba descarnadamente la existencia de una violencia específica, dirigida hacia las mujeres. Y sin embargo ni los avances judiciales del caso ni el camino que la noticia empezaba a recorrer resultaron sencillos. Se trataba de poner en palabras claras, en letras de molde, algo de lo que no se hablaba, aunque ocho años antes, cuando Alberto Locatti tiró por una ventana a su mujer, Eva Cielito O’Neill (también en Mar de Plata, también en febrero), hasta se había convertido en fuente inagotable de chistes. Tal vez porque O’Neill sobrevivió, el episodio se leyó más en clave de comedia que como intento de asesinato, y apenas si fue recordado cuando terminaba el verano de hace veinte años y empezaba la investigación de lo que marcó un antes y un después en la atención que sociedad, Estado y medios prestaron a la violencia de género.
No puede decirse que el ventilar detalles de lo que había sucedido no generara reacciones; imposible negar que lo que se dice y la manera en que es dicho tiene correlatos reales en las vidas de mujeres y varones. A la luz de las revelaciones de la investigación, la conmoción fue contundente: a nivel nacional se triplicaron los pedidos de auxilio de mujeres víctimas de violencia y algo similar ocurrió con las denuncias policiales; se comenzaron a diseñar protocolos de atención y capacitación para miembros de la policía y la Justicia; la provincia de Buenos Aires inauguró las Comisarías de la Mujer; en diarios y revistas se multiplicaron las notas sobre “la mujer golpeada”, que –constantemente– se esmeraban en desmontar la presunción de que las víctimas no permanecen al lado de sus victimarios porque sienten placer con la violencia, un mito que todavía puede escucharse como broma en las mañanas tan pobladas de señores graciosos de la radio.
Nora Dalmasso, tal vez María Marta García Belsunce, seguramente Rosana Galliano, por mencionar sólo los casos con trascendencia nacional y derroches de tinta y minutos de aire, son otros de los nombres que retornan cuando se piensa en crónicas periodísticas en ocasiones sembradas de lecturas prejuiciosas y tan violentas como los episodios que terminaron por matarlas. Vale decir: ante una mujer asesinada, no siempre funciona el reflejo de pensarla en términos de violencia de género, incluso cuando resulte evidente. ¿Veinte años no son nada?
El ídolo caído suscitó compasión, aunque la asesinada fuera ella. Ninguna narración pública o privada, ni siquiera el hecho de que se supiera que años antes la primera esposa de Monzón, Mercedes Beatriz García (“Pelusa”), había presentado una demanda judicial por violencia, que a raíz de eso había sido dictada una sentencia de dos años, y que si no la había cumplido había sido gracias al indulto que el vicealmirante que gobernaba Santa Fe, Jorge A. Desimonio, le había extendido en 1977, ni con esas informaciones el fervor entre machista y popular parecía dispuesto a declinar. Alicia Muñiz estaba muerta y Carlos Monzón vivo, ella había sido asesinada y él tenía defensores, ella no podía ratificar que lo que su madre declaraba (“Alicia tenía miedo, él la amenazaba a ella, la amenazaba con sacarle el chico, no le pasaba plata, tenía rabia de que ella trabajara”) era cierto y la balanza se inclinaba a favor del asesino. Por eso los diarios parecían urdir una suerte de equivalencia: si se informaba sobre ella, se rescataba que había tenido “una vida afectiva tormentosa” bajo el título “A trompadas con el amor”, y si en la otra página se informaba sobre él, se hablaba de “un campeón incomparable”, “una fiera acorralada”, y no se ahorraban testimonios sobre la difícil vida de un hombre sin educación que llega a tener dinero (eso sucedió, por ejemplo, en la edición de Clarín del 15 de febrero, pero no es el único caso). La defensa social parecía asistirlo en virtud de una fibra solidaria nacida de la identificación: era el pobre que había llegado a rico gracias a saber administrar su fuerza física; qué culpa tenía él si esa misma habilidad podía condenarlo. (“De pronto, su vida miserable y turbulenta se convierte en una parábola de la tragedia argentina: el sueño de saltar de canillita a campeón. La borrachera de la riqueza y la fama en un país sin grandes ejemplos de trabajo creador, termina de la manera más previsible y dolorosa (...) Alicia Muñiz es la última víctima de un sistema perverso que ya no distingue entre víctimas y victimarios (...) salió del fango, entró en las espléndidas luces del ring y mostró que en este país el camino también –y sobre todo– se hace a golpes”, escribió, por ejemplo, Osvaldo Soriano en este mismo diario.) Sus acusadores, curiosamente, sostenían algo parecido y la mayoría de las notas publicadas en ese momento refuerzan la idea: la violencia era una cuestión de clase, de falta de educación; de qué servían los millones si la marca en el orillo se notaba. De todo eso, la violencia de género estaba claramente ausente. En las dos versiones, Monzón y no Muñiz era la víctima: de sus instintos.
María Moreno todavía recuerda que, a fuerza de insistir en lo específico de la violencia que había sufrido Muñiz, en la redacción del diario Sur ella, Liliana Moreno y Moira Soto cargaban con el mote de “las viudas de Alicia Muñiz”. Por 1989, cuando todavía el juicio oral estaba pendiente, Moreno escribió en ese diario sobre la tendencia compasiva hacia Monzón. Es que, antes que en términos de violencia, el asesinato era leído con mirada clasista, con lo cual la división de aguas tenía más que ver con cuestiones de ascenso social y educación que con relaciones entre varones y mujeres: muchas de las voces que sostenían la necesidad del castigo ejemplar lo invocaban en términos de sanción al inadaptado de clase, no al varón violento con capacidad de matar a una mujer que no se adaptaba a sus reglas. “Trágicamente el imaginario popular argentino traza una velada avenencia con el oprimido-golpeador –escribió–. Desde las ganas que Fierro tiene de sobar a la negra antes de despachar al negro (...) hasta las palizas de Moreira a Vicenta cuando comienza su chifladura seudoisabelina, pasando por ‘me verás siempre golpeándote como un malvao’ y el elogio desfachatado de ‘la toalla mojada’. ¿Será por eso que la polémica sobre Monzón adquirió un tono tan confusamente populista? (...) Muchas mujeres interesadas en la condición de su sexo no deberían tomar como progresía que tantos hombres se escandalicen ante el caso Monzón. Eso no los pone del lado de las mujeres golpeadas, cuya defensa ha sido encarada en su mayor parte por mujeres.” (El texto completo, contundente, puede encontrarse en El fin del sexo y otras mentiras, Editorial Sudamericana.)
Por entonces en Argentina no existía aún un marco legal específico para tipificar, investigar y castigar la violencia de género. Se trataba, apenas, de un asunto privado, y por lo tanto de un asunto entre Muñiz y Monzón: al menos ésa era la mirada predominante. Moira Soto, que por entonces escribía en Sur y en La Razón, recuerda: “era realmente un caso de manual, con denuncias previas, héroe nacional apañado, mina que quiere romper y tipo que no se banca el rechazo. Se sabía que había golpeado a Susana Giménez, esto contado por compañeros de un viaje a Francia, por ejemplo... Si bien la cuestión de la violencia contra la mujer ya había empezado a emerger (en el suplemento ‘La Mujer’, del diario Tiempo Argentino, en revistas femeninas tipo Vosotras), lo de Alicia Muñiz sirvió para ponerlo mucho en el candelero”.
“A Monzón lo trasladaban en ambulancia para hacer la reconstrucción en la quinta, y me acuerdo de que la gente le gritaba ¡campeón!, ¡dale campeón!... Claro, era Mar del Plata en esa época: Olmedo, Porcel, Sofovich, Monzón, eran todos objeto de la idolatría popular. Era muy difícil la cobertura del caso: socialmente estaban todos a favor del campeón, imagínate, al campeón no se lo puede tocar... estaban todos a favor de la tesis del accidente.” En febrero de 1988, Norberto Chab estaba lejos de imaginar que la mañana del lunes 15 iba a tener que convertir la cobertura veraniega (farándula, playas, chismes) que desarrollaba para Diario Popular en el seguimiento de un caso judicial. El entonces corresponsal (y actual director de la revista Hombre) recuerda que eran prácticamente todos varones los encargados del tema, que hubo pocas mujeres enviadas por los diarios y las revistas (menciona como excepción a Marisé Monteiro, a quien Susana Giménez dijo en esos días: “Alicia pude haber sido yo”), que tuvo alguna discusión cuando planteó que la tesis del accidente que sostenía la defensa era indefendible. Y es que al menos durante una semana los diarios recogieron puntillosamente la versión de Monzón, quien en un principio declaró no recordar nada de lo sucedido, pero luego fue más claro: “le pegué una trompada en la boca, la agarré del cuello, después los dos nos caímos por el balcón”. Ante el primer juez a cargo de la causa, Jorge García Collins, también agregó: “le pegué a todas y nunca pasó nada”.
Fuera por reflejo de periodista de diario virado al sensacionalismo, fuera por convicción, o incluso por gesto con consecuencias impensables, fue Chab quien dio la nota en las coberturas de ese verano: “fui el único que consiguió la foto del cadáver de Alicia Muñiz”. La imagen todavía hoy es profundamente perturbadora: un plano corto, cortísimo, de su perfil, en el que se pueden ver con claridad las huellas de un golpe en la cabeza, las marcas de dedos en el cuello. Sólo ante esa imagen comenzó a desbaratarse la teoría de la defensa de Monzón, que insistía con el accidente, con la discusión de culpas compartidas y la exaltación imparable, como de histérica, que había llevado a la propia a Muñiz a tirarse al vacío. “Esa foto es terrible, y sí, provocó un escándalo. Yo estaba con mucha bronca porque no podía entender que todos los diarios fueran complacientes con Monzón, que era un tipo que había matado a una mina, no otra cosa. Al fotógrafo, Chocho Santoro, le dio muchísima impresión entrar a la morgue y verla, sacó sólo cuatro fotos, todas iguales, y se quiso ir... Pero todavía hoy estoy convencido de que estuvo bien lo que hicimos: era mirar la noticia desde otro lado. Todos estaban haciendo guardia en el Hospital Interzonal, esperando para tener al campeón con el brazo enyesado, pero la noticia era ella: ella era la asesinada. Estoy seguro de que la foto sirvió para torcer la decisión que se estaba tomando. La opinión pública estaba a favor de Monzón, la autopsia estaba siendo cuestionada y había distintas versiones, pero a partir de que se publicó esa foto, Vera Lecich, el abogado de la familia Muñiz, pudo demostrar lo que venía diciendo. Recién ahí se le empezó a creer.”
La crudeza de esa imagen todavía hoy estremece; sólo una o dos publicaciones más la reprodujeron. Se trataba de una evidencia con la que la Justicia contaba, pero que sólo al tener circulación pública atemperó los ánimos de quienes se horrorizaban por el campeón caído en desgracia. Sólo la evidencia material de un golpe y las marcas del ahorcamiento permitieron empezar a hablar de ella como víctima de una violencia no deseada y, sin embargo, sí consentida y apañada por un entorno que desestimaba su temor y sus denuncias (Muñiz había presentado un reclamo judicial por “disturbios, amenazas y violación de domicilio” en octubre del año anterior).
“Sexo consentido antes de morir”, “crimen pasional”, “la víctima llegó al momento y lugar de su muerte por voluntad propia”, “no hay que juzgarla por un último desliz”, “el bello cuerpo”, “la bella empresaria”: ésas y no otras fueron las primeras palabras que, en 2006, se usaron para contar la muerte de Nora Dalmasso. Había sido encontrada desnuda y apenas cubierta por una bata, con marcas de ahorcamiento en el cuello; había pasado en un barrio cerrado; había sido asesinada y todo hablaba de violencia, pero la historia que se contaba era muy otra. Antes de que la autopsia pusiera palabras oficiales a las dudas, la escena se miró en términos de S/M: tan fuerte era el deseo por leer la muerte desde la pasión à la Hollywood que, en las marcas de dedos en la garganta, se interpretó un placer extremo antes que un acto de violencia. Tan intenso fue el fervor por confirmar que los actos públicamente inmorales tienen consecuencias morales y vitales, que a Nora Dalmasso se la llamó Norita y se la rodeó de historias con amantes, que incluso su viudo fomentó al decir que bueno, ella se había equivocado pero él la perdonaba. Se la retrató como transgresora por haber sido encontrada en la cama de su hija: aunque el dato existía, sólo después se dijo que si usaba ésa y no otra habitación era porque la suya estaba en obra. Se abundó en detalles que colaboraban en dar forma a la escena de la intimidad amorosa: se habló de la bata, la desnudez, el cinturón de seda. Se sospechó de ella por cumplir con el mandato de la belleza: estaba en tan buen estado físico que cada mañana salía a correr, peleaba tan bien con el envejecimiento que “aparentaba unos diez años menos de los que tenía”. Todo lo que había hecho de ella una mujer bien mirada en vida se volvía rasgo negativo tras la muerte, y servía para culparla.
El show mediático que convirtió a Nora Dalmasso en una mujer liviana y coqueta sólo se calmó cuando los fiscales dijeron que era evidente por las huellas que su asesino “tuvo voluntad de matar: fue un crimen muy violento, apretó, apretó hasta matarla”.
Pero aunque Dalmasso dejó de ser invocada con el diminutivo juguetón y era claro que su muerte había sido violenta, aunque se dijo que ella era, antes que una amante arriesgada, la víctima de alguien, a pesar de todo eso, lo que siguió fue más de lo mismo. Se habló de sus muchos amantes, se barajó la necesidad de realizar una “autopsia psicológica” y se insistió con rastrear en su vida las huellas del destino fatal.
En 2002, cuando María Martha García Belsunce apareció muerta, la primera culpable fue ella misma: era muy torpe, dijo su viudo. Cuando se mostró que la torpeza había sido dejarse meter cinco balas, se habló del pituto, y cuando eso fue insostenible, salió de la galera una aventura lésbica. Todas las versiones fueron reproducidas hasta el hartazgo: cuando hubo asombro, se mentó el laberinto de influencias, corrupción y relaciones con el mundo policial, político y de personas adineradas. En cualquier caso, la responsabilidad seguía recayendo en la muerta.
La cadera quebrada de Alejandra Pradón, tras una inexplicable caída desde un octavo piso, sólo mereció menciones humorísticas. Por supuesto, no colaboró el que ella callara.
Que Rosana Galliano tuviera temor de su ex marido, que hubiera llevado adelante demandas judiciales y logrado una exclusión de hogar de José Arce y una orden de prohibición de acercarse a ella (llegó a escribirse que él “aguantó sin oponerse a la restricción judicial”), que él fuera el primer sospechoso no pudo evitarlo: diarios, revistas y programas televisivos se llenaron de historias sobre los posibles amantes de Rosana. Se dio la voz al principal sospechoso, José Arce, para que se despachara cuanto quisiera sobre la hipotética infidelidad. Se ventiló la historia amorosa de una mujer asesinada a los 29 años que, desde hacía tres, intentaba divorciarse de un señor de 60; todavía hoy, con ella muerta, Arce insiste en que no importaba la diferencia de edad porque él tenía dinero.
¿Qué tienen en común todos estos casos? Antes que por descifrar una muerte violenta para llegar a un criminal, el juicio público se vuelve sobre la víctima para realizar con minuciosidad una historización biográfica que explique el camino que llevó a la muerte. No importa la evidencia de una violencia padecida y no auxiliada, sino la irremisible caída anunciada de una mujer hacia la muerte: en inicios de 2008, no es otra cosa que la versión políticamente correcta del clásico “ella se lo buscó”.
“Los varones son sancionados respecto de sus acciones públicas (el homicidio de una mujer), pero no respecto de la historia de violencia que sufrió la víctima durante años, que queda invisibilizada”, escribieron Leonor Arfuch, Laura Rozados, María J. Cattaneo y Claudia Rosa en Violencia contra las mujeres y discriminación sexista: un estudio sociosemiótico, publicado en la revista científica de la Universidad de Entre Ríos Ciencia, Docencia y Tecnología de noviembre de 2005. Notablemente, las observaciones que allí realizan sobre las palabras periodísticas y judiciales en torno del “caso D”, el asesinato de una mujer a manos de su marido, coinciden palmo a palmo con lo que sucedió ante la muerte de Dalmasso y Galliano, por mentar sólo algunas. Allí también se habló de la moral privada, en lugar de preguntarse sobre la construcción de las relaciones violentas y la reacción y la responsabilidad social ante ellas, se lo trató “como un hecho que pone en juego la moral privada, y desde allí operó su visibilidad”. Como en los otros casos, la víctima tuvo que salir a ser defendida: también allí se alegó que ella no lo merecía, que era buena persona. Y si la víctima hubiera sido antipática, ¿qué? ¿Es realmente menos defendible por eso? No sin consecuencias sociales, en el “caso D” la mujer también debió ser defendida de acusaciones morales, por lo que los investigadores observaron con claridad que si tal cosa sucede es porque la mujer no santa es construida, aun, como merecedora de la violencia, “porque se sigue vinculando la violencia contra la mujer con el deseo sexual”. Y agregan: habitualmente en estos casos la violencia queda desplazada del debate: no se habla de la negligencia del Estado para intervenir a tiempo, de los amigos y familiares que no acudieron en auxilio, “el caso había sido construido como un drama pasional más, sin atender a sus fuertes características de violencia doméstica y sexista. Que en ningún momento suscitó una reflexión sobre este tipo de violencia, como un extremo posible de toda violencia contra las mujeres”. A eso podríamos sumar: no es sólo la figura de la puta, también la de la ingrata: en el caso Galliano, Arce clama su lugar de víctima, todavía enamorado e irreversiblemente “cornudo”. Por supuesto: él puede decir cuanto quiera, el escozor nace, en realidad, en que esa voz tenga espacio. No deja de ser tan sospechoso como lo era Pocho Vargas cuando, aun en juicio porque la acusación de haber violado a Romina Tejerina no se había resuelto, Rolando Graña decidió dedicar la mitad de su programa a una entrevista con él, habida cuenta de que la otra mitad del tiempo había entrevistado a Romina. Claramente, la teoría de los dos demonios, sí, pero aplicada al género. Y aún peor: esa equivalencia que suele establecerse entre víctima y victimario, la misma –desde ya– que se aplicó al caso de Monzón y Muñiz, sigue vigente. Si Arce nada tuvo que ver, si Rosana es a fin de cuentas la víctima de un asesinato, ¿por qué dar espacio a discutir su vida privada?
Decía Marta Ferro, la cronista de policiales más sólida del diario Crónica, que ella había logrado establecer una pauta en ese diario: nunca darle la palabra al golpeador. ¿El argumento? “No me gustan los torturadores. Mostrábamos los cadáveres de las mujeres y las fotos que evidenciaban cómo las habían desfigurado... eso cuando querían hacer la denuncia, porque la policía no tomaba la denuncia. Pero cuando los policías leían la nota en Crónica, iban a buscar a la mujer y hacían lo que tendrían que haber hecho antes.”
La francesa Marie Trintignant fue asesinada por su pareja, el cantante Bertrand Cantat, quien tras golpearla con furia la dejó yacer inconsciente, sin atención médica, durante toda una noche. Tras diez días de agonía, Marie murió a principios de agosto de 2003. Su muerte generó un revuelo poco visto en Francia: ella era hija de actores reverenciados y actriz ella misma; él, el cantante de Noir Désir, un grupo cool y políticamente comprometido con causas de izquierda. (Fue juzgado, condenado, salió en libertad condicional a fines de 2007.) Cuando ella murió, el por entonces presidente Jacques Chirac habló públicamente del caso: lamentó la muerte violenta de Marie, pero ante todo se refirió a la violencia de género y la condenó con claridad. Resulta inimaginable el impacto que una declaración semejante, de parte de una autoridad del Estado, tuvo sobre la sociedad.
El 27 de enero, un cable que fue reproducido por diarios de todo el país dio a conocer la muerte de una adolescente en un hospital de Berazategui. Daniela A. había sido internada ocho días atrás, “en grave estado, con cortes y quemaduras aparentemente provocadas con una picana eléctrica”, las quemaduras estaban en su cabeza y rostro. Tenía 16 años y hacía cinco meses convivía con su novio, un hombre de 30. Había sido encontrada en una zanja, cerca de la casa que compartía con él. Sus familiares y amigos contaron una y otra vez que ella le temía, que él la amenazaba y era celoso de sus amigos varones, que no la dejaba ver a su familia y sus amigas, que más de una vez le había pegado. El cable concluía: “si bien la familia de la adolescente acusó al novio de la chica de ser el autor de un brutal ataque, los pesquisas policiales no descartan que las heridas hayan sido autoinfligidas o provocadas por accidente”.
(Soledad Vallejos; Suplemento Las 12; Página 12; 15/02/2008)
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:: Un caso en que se vulneraron todos los derechos
L. N. P. tiene los ojos y el pelo color azabache. Vive en un pueblito aislado en El Impenetrable, Chaco, a unos 400 kilómetros de Resistencia. Es toba, muy pobre, como todos en su comunidad. Cuando apenas había cumplido 15 años fue violada por tres jóvenes “criollos”, blancos, vecinos del lugar. Los agresores la amenazaron para que callara el hecho. Pero L. N. P. rompió el silencio que por años mantuvo ocultos abusos semejantes hacia niñas aborígenes y se animó a denunciar. Los acusados fueron detenidos y se abrió una investigación. Pero a pesar de que en el juicio quedó probado el acceso carnal por la fuerza, los tres imputados fueron absueltos de culpa y cargo por un tribunal de Presidencia Roque Sáenz Peña, en un proceso plagado de irregularidades, prejuicios de género y discriminación racial. En el fallo, los jueces consideraron que “no se debe confundir la violación con la violencia propia de un acto sexual”. La suma de atropellos a los derechos de la niña fueron denunciados ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, donde ahora Argentina enfrenta una demanda: el 6 de abril vence el plazo para que el Gobierno presente en Ginebra un primer descargo.
“Este no es un caso aislado sino que forma parte de un patrón de impunidad que existe en la mayoría de los hechos de violencia contra las mujeres”, advierte la denuncia ante el CDH –a la que tuvo acceso exclusivo Página/12– promovida por el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario, y el Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. En el Día de la Mujer se convierte en un caso emblemático que llama a la reflexión. Vale recordar que en diciembre, un comisario retirado que violó y embarazó a una nena de 12 años vecina suya, en Neuquén, fue condenado sólo por abuso porque los jueces consideraron que no hubo penetración.
L. N. P. vende canastos hechos con sus manos junto con su mamá. Su papá hace changas de vez en cuando. El 3 de octubre de 2003, la chica salió con una amiga a dar una vuelta por la plaza del pueblo (el nombre del paraje se mantendrá en reserva para preservar la identidad de la chica). Era ya el anochecer. Ahí se encontraban tres jóvenes, vecinos del lugar y conocidos de la adolescente. L. N. P. recién había cumplido 15 años.
Al pasar frente a los muchachos, uno de ellos la llamó y la invitó a salir y “a hacer el amor esa noche”. Ella le respondió que no, que no la molestara. La chica se encontraba sola en el momento en que el joven “se enojó, la agarró de su brazo izquierdo y la llevó a la fuerza y tironeándola por el costado de la iglesia hacia la parte posterior de la misma donde hay poca iluminación”, tal como describe la presentación ante el CDH de la ONU, en base extractos del expediente judicial.
L. N. P. forcejeó para escaparse, pero el muchacho la sujetó contra la pared. La niña gritó pidiendo auxilio. Pero sus gritos fueron silenciados con la mano del agresor sobre su boca, detalla la demanda. Mientras, los dos amigos se sacaron sus remeras y las desplegaron para evitar que fueran vistos. Según la denuncia policial, el agresor la obligó a realizarle sexo oral y luego la penetró sexualmente por vía anal, durante unos diez minutos, lo que le produjo a la denunciante un “fuerte dolor” y pérdida de sangre.
L. N. P. fue sola hasta el destacamento policial a hacer la denuncia, a pesar de las amenazas de los tres “criollos”. En la subcomisaría –dice la presentación ante el CDH– la hicieron esperar varias horas, de pie, en lugar de tomarle la denuncia, la enviaron al puesto sanitario, en el que también tuvo que esperar parada varias horas. El jefe de la salita la examinó en la madrugada del 4 de octubre, a horas de ocurrido el hecho. La niña contó que le hizo “tacto en la zona herida, lo que le produjo intenso dolor”. El informe pericial señala que se constatan “fisura anal”, con “salida de sangre roja rutilante líquida” y “escoriaciones”.
“¿Por qué se vuelve a penetrar a la víctima, luego del ataque sufrido? Pareciera que su sufrimiento físico y psíquico es irrelevante, no hay ningún tipo de consideración especial para una niña que acaba de sufrir una violación sexual brutal. El perito forense vuelve a hurgar en las mismas heridas sin tomar en cuenta el daño que pudiera producir a la víctima”, comentó a Página/12 Susana Chiarotti, abogada con militancia en la defensa de los derechos de las mujeres, promotora de la denuncia ante el CDH. Chiarotti ocupa un lugar en el comité de expertas de la OEA que se encarga de evaluar a los países del continente en el cumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
El abuso del forense fue uno de los tantos atropellos que sufrió L. N. P. La denuncia policial recién fue tomada a la madre de la niña cuando toda la comunidad se plantó frente al destacamento policial y presionó para que la atendieran. Pero nadie le explicó a la mamá su derecho a contar con un traductor para dejar asentada su declaración, de acuerdo con lo previsto en el Código Procesal Penal de Chaco. “Todo el juicio fue sustanciado en español, sin intérpretes, lo que dificultó tanto la comunicación y la expresión tanto de la víctima como de los testigos cuyo idioma es el Qom”, señala la denuncia ante el organismo de la ONU que se encarga de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Los tres jóvenes acusados fueron detenidos y se abrió una investigación judicial por “abuso sexual carnal calificado”. El Código Penal reprime con penal de reclusión o prisión de 6 a 15 años el acceso carnal. Cuando existen agravantes como en este caso, al ser “cometido por dos o más personas”, la pena es de 8 a 20 años.
La causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción con sede en la ciudad de Castelli, a unos 80 kilómetros del pueblito donde vive L. N. P., un paraje donde no hay telefonía pública ni llega el celular ni hay señal de Internet, ni medios públicos de transporte, y cuando llueve, los caminos que conectan con la zona urbana más cercana se inundan.
El 5 de mayo de 2004 se elevó la causa a juicio a la Cámara Segunda en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña. La enorme distancia, las dificultades de transporte y comunicación hicieron que para la familia de la niña fuera muy difícil seguir el caso. Luego de varios meses en los que se investigó principalmente a la víctima, el 31 de agosto, los tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad. Y al no recurrirse, el fallo quedó firme.
La denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU enumera que hubo múltiples irregularidades en el preceso judicial:
:: L. N. P. nunca contó con asesor jurídico. En ningún momento ni a ella ni a su familia le informaron de la posibilidad de la víctima de constituirse en querellante.
:: Ninguno de los imputados fue investigado con la profundidad y desde el punto de vista de la moral personal como se investigó a la víctima. Entre otras medidas, enviaron a una asistente social a interrogar a la niña y a su madre, y también a preguntar a los vecinos sobre la víctima. Concretamente, querían saber si ejercía la prostitución.
:: El fallo contiene “apreciaciones discriminatorias en razón del género y del origen étnico racial”, dice la denuncia ante la ONU. Tres testigos fueron descalificados, principalmente, por ser indígenas.
:: A pesar de haberse probado el acceso carnal violento, los jueces opinaron que no estaban seguros de que la víctima no hubiera consentido la relación y consideraron que “no se debe confundir la violación con la violencia propia del acto sexual”. Las heridas sufridas por la víctima son atribuidas por los camaristas al “ímpetu con que se intenta la penetración” y a la “juventud del sujeto activo, edad en que la excitación sexual suele ser mucho más impetuosa y más aún ante la ingesta alcohólica –que fue reconocida por el autor y constatada por el médico– que suele producir mayor desenfreno”.
:: Durante el juicio, a todos los testigos se les preguntó si la víctima tenía novio. A varios les preguntaron si ejercía la prostitución. A otros, si el violador era el novio.
“El caso es atroz es un compendio de violaciones de derechos. ¿Hubiera desaparecido la figura de violación o cambiado la situación si la niña tenía novio? ¿O si tenía una relación con el violador? Para los jueces de esta causa, por el tipo de preguntas que hicieron, parece que sí”, dice Chiarotti.
En la denuncia ante el CDH, se destaca que “éste es el primer caso en que, en esa zona del Chaco, hombres blancos o criollos son juzgados por violar a una mujer indígena, y ello se debió a la movilización de toda la comunidad indígena”.
El gobierno argentino fue notificado de la “preadmisión” del caso en el Comité de Derechos Humanos meses atrás. El 6 de abril vence el plazo para que haga su primer descargo por las violaciones sucesivas a los derechos de L. N. P. En el Chaco se conformó una comisión interministerial para elaborar el informe solicitado por la Cancillería para responder a la ONU y además otras áreas del Ejecutivo nacional están trabajando en el caso, que pondrá en la vidriera internacional cómo se pisotean derechos de las mujeres más vulnerables en la Argentina a la hora de pedir justicia por la violencia sexual sufrida.
(Por Mariana Carvajal; Página 12; 8/3/2008)
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:: Asesinos de mujeres en Ciudad Juárez
Es tal vez el affaire más abominable de la historia criminal de todos los tiempos. En Ciudad Juárez, ciudad fronteriza al norte de México frente a El Paso, en Texas, más de 300 mujeres han sido asesinadas de acuerdo a un ritual inmutable: secuestro, tortura, crueldades sexuales, mutilaciones, estrangulamiento. Desde hace diez años, a un ritmo promedio de dos cadáveres mensuales, se descubren en los suburbios de la ciudad maldita cuerpos de mujeres, adolescentes y niñas- desnudos, lastimados, desfigurados-. Los investigadores más serios piensan que se trata de la acción de dos "asesinos e serie", psicópatas, que siguen sin ser hallados.
Uno de los relatos más aterradores de la literatura contemporánea cuenta la historia de un vampiro que, en un campo de concentración, desangra uno tras otro a sus compañeros de infortunio. Esta horrorosa ficción se titula De entre los muertos y sus autores, Gadner Dozois y Jack Dann, pelearon duro para publicarla en Estados Unidos en 1982, porque ninguna revista de ciencia ficción se atrevía a ofrecérsela a sus lectores. Era de una imaginación demasiado malsana y excesivamente atroz.
Si este relato de vampiros nos resulta chocante es, sin duda, porque vivimos en un mundo más o menos normal donde tales horrores no suceden con frecuencia. En cambio la historia nos parecería banal si viviéramos en un mundo donde se aceptaran los peores crímenes como secuestrar, violar, torturar, matar. Un mundo donde los policías protegieran a los asesinos, fueran sus cómplices, festejaran el acusar a inocentes y amenazaran e incluso eliminaran a cualquier investigador. Un mundo al revés, donde las autoridades cerraran los ojos, los criminales estuvieran libres y los inocentes martirizados. Una pesadilla. Salvo por un detalle: ese mundo de horror existe verdaderamente y forma parte de la realidad de México. Y es tan verdadero como las víctimas, las pruebas y los testimonios que he acumulado durante muchos años.
La escena de uno de los misterios criminales más pasmosos de todos los tiempos se llama Ciudad Juárez, en el Estado de Chihuahua, junto a la frontera con Estados Unidos. Su población, de 1.300.000 habitantes es rehén de asesinos sin rostro. Lo que allí ocurre es un insulto a los derechos humanos. Más de 300 mujeres han sido secuestradas, violadas y asesinadas desde 1993. La mayoría de ellas tenía características comunes: al menos un centenar provenía de un ambiente pobre, casi todas eran obreras, todas eran menudas, morenas y tenían cabello largo. Gran parte de ellas no pudieron ser identificadas, todas fueron víctimas de violencia sexual y, sin ninguna excepción, murieron estranguladas.
Algunos cadáveres fueron encontrados en barrios del centro de la ciudad, otros descubiertos en terrenos baldíos de los suburbios, pero hay un dato seguro: todas fueron asesinadas en otro lugar, después de haber estado secuestradas durante semanas. El modus operando de los asesinatos es idéntico al de los asesinos en serie. Los homicidios se repiten y se parecen; las crueldades son las mismas y afectan no solo a mujeres adultas sino también a adolescentes, e incluso a niñas de apenas 10 o 12 años.
Para las mujeres Ciudad Juárez se ha convertido en el lugar más peligroso del mundo. En ningún lado, ni siquiera en Estados Unidos donde los serial killer son legión, las mujeres están tan amenazadas. En el resto de México, de cada diez víctimas de asesinato sólo una es mujer. En Ciudad Juárez, de cada diez personas asesinadas cuatro son mujeres… Y no parece que la serie de crímenes vaya a detenerse porque, según las Naciones Unidas, la tasa de impunidad en México es casi total. Solo existe un arma para combatir semejante flagelo: la memoria, el testimonio. Nunca me he sentido tan trastornado como al acudir a los lugares donde se descubrieron los cadáveres. Era como una cuarta dimensión, una sensación de espanto a mitad de camino entre la realidad y la alucinación.
Esther Chávez Cano, directora de una asociación contra la violencia doméstica, piensa que los asesinatos van a seguir, ya que la incompetencia de las autoridades es evidente. Sin embargo, la policía detuvo a un individuo cuyo nombre es Jesús Manuel Guardado, así como a la banda de "Los Choferes", acusados de ser los asesinos. Pero estas detenciones no han modificado la convicción de Chávez: "Es un señuelo. No cambia en nada la situación, los crímenes van a continuar, como después de la detención de la banda de "Los Rebeldes". En ese momento nos dijeron que los asesinos eran ellos. Y creímos que habíamos terminado con la pesadilla. Pero vea, seguimos encontrando cadáveres de mujeres violadas, torturadas…"
Según Chávez, esta situación es una repetición de la de 1995, cuando la policía detuvo a un químico de origen egipcio, Abdel Latif Sharif Sharif, acusándolo de los crímenes. Poco después capturó a una banda de jóvenes, supuestos cómplices de Sharif Sharif.
Sharif Sharif sigue detenido en el pabellón de aislamiento de la prisión de alta seguridad de Chihuahua, la capital del Estado. Acusado de asesinar a una adolescente, Elisabeth Castro García. Fue condenado a treinta años de reclusión al término de un proceso lleno de irregularidades y en vías de revisión. En cuanto a sus vínculos con los jóvenes, las autoridades no llegaron a establecerlos nunca.
En 1999, utilizando el teléfono de la prisión, Sharif Sharif se arriesgó a interpelar al procurador general que participaba, en directo, en un programa de televisión. Clamó su inocencia, afirmó su certidumbre de no ser más que un "chivo expiatorio" y colocó al procurador ante el desafío de someterlo al detector de mentiras. Furiosas, las autoridades incomunicaron al egipcio. Su abogada, Irene Blanco, fue amenazada de muerte, pero no se dejó intimidar. Su hijo, Eduardo, fue objeto de un atentado y sobrevivió por milagro. Blanco debió abandonar la defensa de Sharif Sharif y se fue de la ciudad…
Según el criminólogo Oscar Máynez, al menos 60 asesinatos cometidos entre 1993 y 1999 fueron concebidos "según el mismo modelo". Considera que se trata de asesinatos perpetrados por dos "asesinos en serie" diferentes. En 1998, el célebre super-detective estadounidense Robert K. Ressler, as del FBI, inventor de la expresión "serial killer" y de la técnica del "perfilado" de los asesinos en serie, y consejero experto de la película El silencio de los corderos de Jonathan Demme, fue a Ciudad Juárez para investigar esos 300 crímenes. En su informe Ressler afirma que la mayoría de los asesinatos de mujeres es obra de dos serial killer que, según él, no serían mexicanos sino, más probablemente, españoles… o chicanos de Estados Unidos. En 1999, una de las más grandes expertas mundiales en criminología, Candice Skrapec, de la Universidad de California, coincidió en que alrededor de 90 asesinatos seguramente habían sido cometidos por uno o dos asesinos en serie. Pensaba que uno de los autores podía ser Ángel Matutino Resendez, el famoso "asesino de ferrocarriles"
¿Por qué los cadáveres son desfigurados y mutilados? ¿Por qué un tal ensañamiento con las víctimas, un sadismo tan bárbaro? ¿Se trata de rituales satánicos? ¿De orgías perversas de narcotraficantes? ¿De vendedores de órganos? ¿De sacrificios humanos para el rodaje de filmes-realidad (snuff movies) en los cuales la víctima es violada, torturada y asesinada ante la cámara? Las preguntas se suceden hasta el infinito sin que ninguna investigación seria pueda darles respuesta. Diversos testimonios indican que los asesinos habrían estado protegidos, en un primer momento, por los policías de Chihuahua. Luego se habrían beneficiado del apoyo de algunos ámbitos de poder vinculados con el tráfico de drogas.
A finales de 1999 se encontraron cadáveres de mujeres y niñas cerca de ranchos pertenecientes a traficantes de cocaína. Esta coincidencia parece establecer un vínculo entre los homicidas y la mafia de los traficantes, a su vez relacionada con la policía y los militares. Pero las autoridades se niegan a orientar la investigación por esa vía.
La Comisión Mexicana de Derechos Humanos ha emitido desde 1998 recomendaciones sobre estos centenares de asesinatos de mujeres, a los cuales el Estado ha prestado poca atención. Entre los sospechosos se reitera un nombre, el de Alejandro Máynez, quien habría formado parte de una banda de criminales, encubridores y traficantes de drogas y joyas, y que también sería miembro de una rica familia propietaria de locales nocturnos. Nunca ha sido importunado.
Máynez, lo mismo que otros sospechosos, estaba entre 1992 y 1998 bajo la protección del gobernador del Estado de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, del Partido Acción Nacional (PAN). Durante su mandato, los asesinatos de mujeres se multiplicaron y se agregaron a la violencia habitual de este Estado, el más violento de México. En esa época, Bario Terrazas declaró que esos asesinatos no tenían nada de sorprendente porque las víctimas se paseaban por lugares oscuros y llevaban minifaldas u otras ropas provocativas. A pesar de eso, el presidente Fox, elegido para esa función en diciembre de 2000 como candidato del PAN, nombró a Barrio Terrazas en el Ministerio de la Función Pública del control de cuentas, cuya misión es "combatir la corrupción y hacer transparente la gestión de la administración pública".
Ciudad Juárez se caracteriza por sus numerosas fábricas "maquiladoras", donde mano de obra barata ensambla productos destinados a la exportación. Esta mano de obra, que proviene principalmente del interior del país, está compuesta sobre todo de mujeres. Son ellas las que permiten vivir a las familias, algo que perturba las tradiciones machistas y patriarcales. Sumergiéndose en el trabajo, las mujeres tratan de evadirse de la pobreza.
La mayoría de las víctimas eran obreras, y fueron sorprendidas mientras iban a su trabajo o retornaban a su casa. En los suburbios, las esperaban bandas de delincuentes y toxicómanos. Desde los años veinte, la ciudad registra un incremento en las distracciones nocturnas y en el turismo. Aquí fue donde se creó, en 1942, el famoso cóctel "margarita". Las inmediaciones del viejo puente internacional están enteramente dedicadas al placer: juegos, sexo y alcohol. Esta atmósfera, donde los altavoces de los automóviles aúllan canciones estadounidenses que se mezclan con el rock heavy metal, el rap o la música tecno, alienta el consumo de estupefacientes. Y al parecer esto empuja al crimen. Pues la ola de homicidios ha generado una suerte de emulación misógina y ha transformado esas matanzas esporádicas en una verdadera obsesión criminal: individuos que acechan en la oscuridad y cometen asesinatos por un puro deseo de imitación. Es el reino de los brutos, los perversos, los psicópatas. Muchos jóvenes "machos" creen que la violencia contra las mujeres es un deber. Merodean en auto durante la noche, en busca de una presa.
Hester van Nierop, una estudiante holandesa de 18 años, fue secuestrada el 20 de septiembre de 1998. Doce horas más tarde se encontró su cadáver bajo la cama de una habitación del hotel Plaza. Había sido violada, torturada y estrangulada.
Lilia Alejandra García Andrade, de 17 años y madre de dos niños, desapareció el 14 de febrero de 2001 al salir de la fábrica. Su cadáver fue encontrado siete días más tarde en un terreno baldío frente al centro comercial Plaza Juárez. Estaba semidesnuda y envuelta en una manta. La autopsia reveló que la adolescente había sido asesinada el 19 de febrero. Antes de ser estrangulada había sido violada, torturada y mutilada durante cinco días…
Violeta Mabel Alvidrez Barrio, de 18 años, fue secuestrada el 4 de febrero de 2003. Su cadáver se encontró, junto con el de otras dos adolescentes de 16 y 17 años, quince días después. Pero su muerte se remontaba sólo a tres o cuatro días, lo que quiere decir que había estado a merced de verdugos sádicos y psicópatas durante más de diez días.
El procurador de la República considera que todos estos homicidios son delitos comunes o vinculados, tal vez, con el tráfico de órganos. Hace dos años, un diputado de Ciudad Juárez me confió, preocupado: "No me sorprendería que el gobernador haya dado a un grupo de la policía judicial la orden de que se encarguen de ocultar estos asesinatos de mujeres". Hacía alusión al actual gobernador, Patricio Martínez, del Partido revolucionario Institucional (PRI) quien, en enero de 2001, había sido él mismo víctima de un atentado, y había acusado a la mafia local. La mujer que trató de matarlo era ex funcionaria de la policía judicial.
María Sáenz del Comité de Chihuahua Pro Derechos Humanos, me hizo la siguiente observación: antes de 2001, siempre se ubicaban los cadáveres de las víctimas violadas y estranguladas, pero desde que se multiplicaron las investigaciones los cuerpos desaparecen pura y simplemente. Las asociaciones han registrado cerca de 500 desaparecidas, mientras que los cadáveres encontrados superan apenas los 300.
Hacer desaparecer los cuerpos de las mujeres se ha vuelto una especialidad de la mafia local. El procedimiento usual se denomina "lechada": un líquido corrosivo, compuesto de cal viva y de ácidos, disuelve rápidamente la carne y los huesos sin dejar la menor huella. "Ninguna huella", tal es la consigna secreta. Reducir a nada, borrar, suprimir, son las palabras claves.
Los cuerpos desnudos de tres mujeres jóvenes fueron descubiertos el 6 de noviembre de 2001 en un campo de algodón en la periferia de la ciudad. Una de ellas era menor de edad, tenía las manos atadas en la espalda y había sido degollada. La día siguiente, al ampliar la búsqueda, se descubrieron otras cinco víctimas. Urgida de encontrar culpables, la policía de Chihuahua detuvo a dos individuos que, bajo tortura, confesaron ser los culpables de ocho crímenes. El procurador, Arturo González Rascón, Anunció que el asunto estaba resuelto. Sin que se llevara a cabo ninguna investigación real, sometió a los inculpados a un procedimiento penal. El 14 de noviembre, despreciando todas las reglas del derecho y bajo la presión de la calle, un juez cómplice de las autoridades locales emitió un mandato de prisión. Entre el descubrimiento de los cadáveres y el acto judicial apenas había transcurrido una semana. Durante ese tiempo los verdaderos culpables seguían en libertad.
Así, la serie negra continuó. Ese mismo día 14 de noviembre, fueron encontrados otros dos cadáveres de jóvenes: uno en el Motel Royal, el otro en el pueblo de Guerrero. Cinco días más tarde se descubrían en los suburbios de la ciudad el cuerpo semidesnudo de otra mujer de 21 años, Alma Nelly Osorio Bejarano, torturada y estrangulada.
No existe ningún registro que permita establecer un archivo de los cientos de crímenes de mujeres cometidos en Ciudad Juárez. Las autoridades tienen la costumbre de abandonar rápidamente las investigaciones: tres meses después del descubrimiento de los cadáveres de las 8 mujeres en un campo de algodón, algunos paseantes encontraron vestimentas y objetos pertenecientes a las víctimas, lo que revela el increíble descaro de los policías. El gobernador Patricio Martínez deploró la inacción de su antecesor Francisco Barrio Terrazas, que sólo dejó "bolsas de huesos" y "algún expediente sobre los asesinatos". ¿Pero acaso él hizo algo mejor?
Las autoridades pretenden que entre 1992 y 1998 fueron "resueltos" doce casos de "asesinatos en serie de mujeres" y 99 casos de 2crímenes comunes" (pasionales, sexuales, familiares, venganza y arreglo de cuentas, vinculados al tráfico de drogas, cometidos en ocasión de robos, de riñas, o por motivos desconocidos). Entre octubre de 1998 y febrero de 2002 se cometieron 20 "asesinatos en serie de mujeres" y 71 "asesinatos comunes". De los primeros, 15 estarían prácticamente resueltos" y 5 están en curso de investigación: de los segundos, 53 habrían sido "elucidados" y 18 "están a punto de serlo".
¿Pero son creíbles las autoridades? Es preciso recordar que las expresiones "asesinatos resueltos" o "en vías de resolución" son engaños pues sólo se trata de interpelaciones a personas "investigadas". La estrategia de los distintos gobernadores para "resolver" los asesinatos en serie de mujeres en Ciudad Juárez ha llevado a un conjunto de manipulaciones y disimulos consistentes en inculpar a inocentes, como ocurrió con los dos acusados de los 8 asesinados del 6 de noviembre de 2001.
Otro método utilizado por las autoridades es hacer asesinar a quienes se hacen cargo de la defensa de los falsos culpables. El abogado Mario César Escobedo Anaya fue asesinado por un comando que admitió los hechos y, sin embargo, fue liberado con el pretexto de que "defendía" a agentes de la policía judicial del Estado de Chihuahua, cuyo jefe, el comandante Alejandro Castro Valles, tenía la costumbre de detener sin mandato judicial y de torturar inocentes.
Abogados, jueces, procuradores y periodistas recibieron amenazas de muerte para disuadirlos de proseguir sus investigaciones sobre los homicidios de mujeres. Algunos opositores al gobernador Patricio Martínez también fueron amenazados con el fin de acabar con sus protestas: las militantes Esther Chávez Cano y Victoria Caraveo, y el criminólogo Oscar Máynez.
En los asesinatos en serie de Ciudad Juárez se mezclan la atmósfera turbia de la frontera y sus miles de migrantes, las maquiladoras, el quebranto de las instituciones, y también la violencia patriarcal, la desigualdad, la negligencia del gobierno federal, etc. Pero, por encima de todo, este tenebroso asunto revela el gran poder de los narcotraficantes y la solidez de sus redes de influencia. Los vínculos entre el ambiente criminal y los poderes económico y político constituyen una amenaza para todo México.
Los documentos y los testimonios de que dispongo son demoledores para las autoridades. Prueban que algunos homicidios de mujeres fueron cometidos, durante orgías sexuales, por uno o varios grupos de individuos, entre los cuales hay asesinos protegidos por funcionarios de los diferentes cuerpos policiales, en complicidad con personas en posiciones importantes. Estas personas se encuentran a la cabeza de fortunas adquiridas con gran frecuencia de manera ilegal, gracias a la droga y el contrabando, cuya red de influencia se extiende como un pulpo para todo el país. Por eso estos crímenes odiosos gozan de semejante impunidad.
Según fuentes federales, seis grandes empresarios de El Paso, de Texas, de Ciudad Juárez y de Tijuana comandarían a sicarios encargados de secuestrar mujeres y de llevárselas para violarlas, mutilarlas y matarlas. El perfil criminológico de esos asesinatos se acercaría a lo que Robert K. Ressler llamó "asesinatos por diversión". Las autoridades mexicanas estarían enteradas desde hace tiempo de estas actividades y se habrían negado a intervenir. Estos ricos empresarios estarían cerca de algunos amigos del ex presidente Vicente Fox y habrían contribuido al financiamiento oculto de la campaña electoral que le permitió ser elegido presidente, y a Francisco Barrio Terrazas, ex gobernador de Chihuahua, llegar a ser ministro. Esto explicaría por qué ningún culpable verdadero ha sido hostigado nunca por esos 300 asesinatos en serie.
Y los homicidios continúan. En este mismo instante, una mujer puede estar a punto de morir torturada en Ciudad Juárez.
(Por Sergio Gónzalez Rodríguez; Le Monde Diplomatique; agosto de 2003)
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