Sin excusas para no cumplir con un derecho | No quería que fuera madre a los 12 | La dejaron muerta en la puerta de un hospital | El Programa de Salud Sexual llega todavía a pocas mujeres | La primera causa de mortalidad materna sigue siendo el aborto | Sin derecho al Código Penal | Fallo sobre Salud Sexual y Reproductiva, de la Cámara Federal de Apelación de Córdoba (marzo 2003) | A favor de "la píldora del día después" | Trabas para "la píldora del día después" en Tierra del Fuego | La voz silenciada | Violó a su hija de 8 años y lo benefician | Embarazo y Maternidad Adolescente, datos según el Contrainforme a la CEDAW 2002 de las ONGs argentinas | Los significados de la mortalidad materna | Una carta a Ocaña para la difusión de un protocolo | VIH / SIDA y ETS, según datos del Contrainforme a la CEDAW 2002, realizado por ONGs de Argentina.



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Sin excusas para no cumplir con un derecho

Juan Manzur firmó una resolución que fija un protocolo de atención de los abortos no punibles para todos los hospitales públicos del país. La norma busca evitar la judicialización de esos casos. Hace una interpretación amplia de las excepciones del Código Penal.
La Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles elaborada por expertas de la cartera de Salud de la Nación ya tiene rango de resolución ministerial. El documento, que define los procedimientos que se deben respetar para garantizar en el país el acceso a los abortos permitidos y que prohíbe expresamente la exigencia de una autorización judicial, fue respaldado por la resolución N° 1184, firmada por el ministro Juan Luis Manzur. “Frente a la ausencia de normativas provinciales, esta guía debe ser una referencia. El Estado nacional está marcando así un piso de acceso a derechos. Se trata de señalar un protocolo de atención frente a los casos que ya están contemplados en la ley”, explicó a Página/12 Paula Ferro, coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
La Guía, como ya informó este diario, hace una interpretación amplia de las excepciones previstas en el artículo 86 del Código Penal, y en ese sentido deja claro que cualquier mujer que resulte embarazada en una violación tiene derecho a un aborto en un hospital público. También establece que las adolescentes mayores de 14 años no necesitan de la autorización de sus padres para acceder a un aborto permitido. Está contemplada la objeción de conciencia, pero a título individual y no puede ser nunca institucional, es decir, todo hospital debe garantizar la práctica. Los profesionales de la salud que obstruyan arbitrariamente la realización de un aborto permitido, incurran en maniobras dilatorias, suministren información falsa o se nieguen injustificadamente a practicarlo “podrán ser responsables penal, civil y/o administrativamente por el incumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de la medicina o de la psicología”, advierte el documento.
“El derecho de las mujeres de acceder a los abortos previstos por el Código Penal constituye propiamente un derecho humano de orden constitucional”, dice la Guía, que ahora cuenta con un fuerte respaldo político para evitar que sectores conservadores pretendan imponer obstáculos, ya sea en hospitales como en la Justicia, frente a los casos permitidos. El protocolo establece que el aborto se debe realizar dentro de los diez días de solicitado, “previa constatación por parte de un solo médico de la existencia de alguna de las causales” previstas en el CP. Lo que significa que queda prohibida la consulta a un comité de bioética u otro órgano similar. La Guía enumera los casos permitidos:

- Si existe peligro para la vida de la mujer.
- Si hay peligro para la salud de la mujer.
- Si el embarazo proviene de una violación.
- Si el embarazo proviene de un atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente.
Además, la Guía señala que el riesgo para la salud de la mujer debe definirse tomando en cuenta que el concepto de salud se entiende como un “completo estado de bie-nestar físico, psíquico y social y no solamente como la ausencia de enfermedades o afecciones”.
Manzur firmó la resolución el 12 de julio. “Es una excelente noticia. Es un paso importante en el reconocimiento de parte del Estado de sus obligaciones, ofreciendo de esta forma una política pública que salvaguarda los derechos de las mujeres. Esta Guía además va a respaldar a los equipos de salud en sus decisiones, va a simplificar el acceso a los abortos permitidos y evitar su innecesaria y perjudicial judicialización”, evaluó en diálogo con este diario Silvina Ramos, investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), e integrante del Consejo Asesor del PNSSyPR, un órgano conformado por las principales especialistas en la temática del ámbito académico, de la sociedad civil y de servicios de salud.
Con esta resolución, indicó Ramos, es evidente que ya no es necesario que el Congreso legisle sobre los abortos no punibles, en referencia a los proyectos de reglamentación del artículo 86 del Código Penal que había empezado a comienzos de junio en el Senado. “En todo caso, el Parlamento tiene que ocuparse de expandir las fronteras del derecho”, analizó Ramos.
La Guía es una revisión y actualización del documento elaborado por un equipo de expertas y con el asesoramiento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), durante el último tramo de la gestión del ex ministro de Salud Ginés González García. Como se informó oportunamente, su sucesora, la ex ministra Graciela Ocaña, no le dio difusión. La sucesión a comienzos de este año de dos casos de adolescentes víctimas de una violación que reclamaron su derecho de interrumpir una gestación en Comodoro Rivadavia y que tuvieron que enfrentar un tortuoso camino en la Justicia para acceder a un aborto permitido, por la negativa de los médicos del hospital local a practicarlo, puso de relieve la necesidad de promover la Guía.
“Por muchas décadas las mujeres que habitan la Argentina han sido impedidas de ejercer un derecho fundamental que se encuentra reconocido desde el año 1921”, dice el prólogo de la Guía, que lleva las firmas de Ferro y del subsecretario de Salud Comunitaria, Guillermo González Prieto.
La coordinadora del PNSSyR adelantó ayer a este diario que en aproximadamente dos semanas estará lista la primera edición de la Guía, que incluirá unos 20 mil ejemplares, que serán distribuidos entre los jefes de los servicios de ginecología y obstetricia de los hospitales de todo el país. A partir de hoy, la Guía estará publicada en la página web del Ministerio de Salud. Además, están previstos cinco encuentros regionales con equipos de salud de todo el país para darle mayor difusión. Ferro aclaró que se trata de un piso. “Las provincias pueden avanzar sobre esta legislación, sumar estrategias. La obligación del Ministerio de Salud de la Nación es borrar las brechas, para que todas las mujeres tengan los mismos derechos sin importar en qué provincia nazcan y vivan”, dijo la funcionaria, sabiendo que algunas jurisdicciones, más permeables a las presiones de los sectores conservadores vinculados a la Iglesia Católica, pueden ser más resistentes a exigir la aplicación de la Guía. De todas formas, la resolución de Manzur se discutió ya en la última reunión del Consejo Federal de Salud (Cefesa), que integran los ministros de todas las provincias.

(Por Mariana Carbajal; Diario Página/12; 20/07/2010)

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“No quería que fuera madre a los 12"

El 31 de agosto pasado, una niña de 12 años llegó al hospital pediátrico Humberto Notti, en la provincia de Mendoza, acompañada por su madre.

–A mi hija la violaron, está embarazada y no lo quiere tener –dijo la mujer, llamada Delicia.

Lo que sigue a esta escena es una historia larga con final corto: la niña, ahora se sabe, deberá parir. En el día de ayer el magistrado Germán Ferrer, titular del Juzgado de Familia Nº 1 de Mendoza, se expidió en contra de la interrupción del embarazo –que ya lleva casi diez semanas – y con ese fallo dio lugar al eslabón polémico y final de una trama difícil. Detrás de esta niña y su preñez temprana hay maltrato físico, abuso sexual, pobreza, algo llamado “bioética”, un Código Penal con más interpretaciones que la Biblia y una infancia rota. “No quería que mi hija fuera madre a los 12 años”, dijo Delicia con palabras contadas, en entrevista exclusiva con Crítica de la Argentina.

Y todo lo que no dijo Delicia está en la historia de su hija, que tiene final corto pero es larga.

La niña –de quien no puede darse el nombre– fue violada en el mes de julio por –luego se sabría- su padrastro. En ese momento guardó silencio, hasta que sesenta días después, al no llegar la menstruación, Delicia llevó a su hija a un médico y allí se enteró de dos cosas: que la niña estaba embarazada y que ese embarazo era producto de un abuso. De inmediato, el 31 de agosto pasado, Delicia llevó a su hija al hospital Humberto Notti y los médicos, en vez de practicarle un aborto, derivaron el caso a la Justicia: una decisión que abrió, con la lógica de un “efecto cascada”, una infinidad de polémicas que se desprenden de un debate mayor. Para muchas organizaciones civiles e incluso estatales –entre ellas el INADI– el caso de la niña da lugar a la figura del “aborto no punible” y eso significa que no habría que dar parte a la Justicia, sino practicar la interrupción del embarazo sin más trámite. Pero el Estado, que terminó de hablar ayer a través del juez Ferrer, establece que este caso no amerita contemplaciones semejantes.

¿Por qué existen criterios tan distintos? El origen de la controversia está en el artículo 86 del Código Penal, cuyos incisos 1º y 2º establecen que el llamado “aborto no punible” vale “si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios” (inciso 1º) o “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente” (inciso 2º). La zona gris se da con este segundo inciso, ya que no hay un acuerdo generalizado en torno a sus alcances. Al momento de ser redactado, este artículo se copió de un código suizo, pero en la trascripción se habría omitido poner una coma después de la palabra “violación”: un aparente “detalle” sintáctico que, sin embargo, tiene consecuencias de significado contundentes. El aborto no punible “sin coma” no incluye en sus alcances a una niña de 12 años sin problemas mentales. Con coma, sí. Para decirlo con simpleza, los médicos del hospital Notti hicieron una lectura “sin coma” y derivaron la causa al juez Germán Ferrer. El magistrado, a su vez, abrió una segunda polémica, cuando estableció que, mientras él analizara el caso de la niña, la menor debía quedar encerrada en el hospital y apartada de su madre, a quien Ferrer consideraba perjudicial por influenciar a su hija a favor de practicarse un aborto. “Dejaron a la niña privada de su libertad y sin poder ver a su mamá durante tres semanas; la situación fue tan insostenible que el juez tuvo que levantar la orden”, se indigna Patricia González, abogada de Las Juanas y las otras, una ONG que se acercó a Delicia cuando supo del caso. “El juez entiende que los intereses de la niña son prácticamente contrarios a los de su mamá, una medida que cohibirá a muchas mujeres de denunciar abusos contra sus hijas”.

Por su parte, en la conferencia de prensa dada ayer, el juez Ferrer justificó el aislamiento de la niña argumentando que “la internación hospitalaria era el mejor recurso para aislar a la víctima del abusador”. Una explicación que suena endeble, si se tiene en cuenta que la niña, en el hospital, sufrió una visita violenta. Y no vino de su familia.

El miércoles 3 de septiembre, dos mujeres pertenecientes a una organización pro vida (es decir, antiabortista) irrumpieron en su cuarto y abrumaron a la niña con una infinidad de fotos que mostraban fetos abortados, desmembrados, rotos. “¿Cómo puede ser que quieras matar a un inocente?”, le habrían dicho. Además, según denuncia Patricia González –quien fue temporariamente abogada de Delicia–, le habrían ofrecido dinero a la familia, a cambio de que aceptara seguir con el embarazo.

De todo esto, salvo la parte del dinero, se enteró el juez Germán Ferrer cuando el jueves 4 fue a conocer a la niña y escuchó, de boca de la criatura, que ya no quería abortar. Acto seguido, el magistrado decidió analizar el caso junto a un comité de expertos independientes y también al comité de bioética del hospital Notti, entre cuyos miembros está el cura católico y conservador Ricardo Poblete. “Es alarmante que el juez piense que esa niña decidió libremente, cuando un grupo de fundamentalistas la presionaron, amedrentaron y expusieron a folletería tendenciosa, obligándola a cambiar su voluntad a través del terror”, opina Rosana Rodríguez, miembro también de Las Juanas y las otras. “Éste es un caso de aborto no punible y debe terminar en la intervención de los médicos, no de la Justicia”.

¿Qué pasa si los médicos intervienen pero de modo ya no clínico sino legal? ¿Existe una única forma de obrar en este caso? La interpretación aparentemente “laxa” del Código Penal hizo que en el año 2007, al final de su gestión, el por entonces ministro de Salud mendocino, Armando Calletti, elaborara un “Protocolo de interpretación” para explicar exactamente qué tipo de casos no debían judicializarse (por ejemplo, el de esta niña). El problema es que Calletti –aunque contaba con la aprobación de sus propios asesores – no firmó el protocolo. Cuando cambió la gestión y entró el actual ministro, Sergio Saracco, quedó pendiente su firma. Pero hasta ahora, y tras nueve meses de gestión, Saracco sigue analizando el tema y da muestras de que el protocolo, en términos políticos, es una papa hirviendo: nadie la quiere en su mano.

Para Karina Ferrari, delegada mendocina del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), este tipo de dilaciones sólo logra que los abortos seguros sean patrimonio de las clases medias y altas. “Por eso entendemos que acá hay un caso de discriminación –advierte Ferrari–: siempre son afectados los sectores más humildes”.

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La dejaron muerta en la puerta de un hospital

Su pantalón de gimnasia gris hacía más visible aún la hemorragia, que no se detenía. La chica tenía unos 23 años y murió, presuntamente, por un aborto clandestino que le habrían realizado poco antes. El hecho ocurrió en el Hospital Rawson.

La víctima llegó al hospital en un auto. Quien conducía y su acompañante, un hombre de unos 50 años, pidieron auxilio en la guardia para "una mujer que está muy grave". De inmediato, los enfermeros fueron a la rampa de acceso. Allí encontraron a la joven, recostada en el asiento de atrás del auto. Rápidamente la colocaron en una silla de ruedas y en instantes, el auto que la había llevado huyó.

"La paciente ingresó con un paro cardiorrespiratorio, una hemorragia en la zona genital y moretones en sus brazos y piernas", contó a Clarín el subdirector del Hospital Rawson, Miguel Díaz. Y agregó: "Intentamos todas las maniobras posibles para reanimarla, pero el cuadro era irreversible." Los investigadores creen que la muerte habría sido "a causa de un aborto mal realizado y de tipo casero". Algunas fuentes allegadas al Rawson aseguraron a este diario que "estas situaciones son normales". Al cierre de esta edición, la joven no había sido identificada y nadie había reclamado su cuerpo.

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El Programa de Salud Sexual llega todavía a pocas mujeres

Sólo el 26% de las 4.600.000 mujeres de entre 15 y 49 años en edad fértil de nuestro país, sin obra social, están integradas en el programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación. Esto es: en la Argentina, 3.400.000 mujeres que en su mayoría no tienen recursos económicos, todavía no están recibiendo asesoramiento profesional gratuito que las ayude a decidir y a elegir libremente un método anticonceptivo para definir cuántos hijos tener, cuándo tenerlos y el intervalo entre ellos. Además, a ninguna se les está detectando en forma gratuita algún tipo de enfermedad genital y mamaria.

El Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable fue creado por la Ley Nacional N° 25.673 en 2002 y comenzó a funcionar en 2003, aunque las primeras compras de insumos recién se realizaron en 2004. "El programa aún no ha producido el cambio cultural que el mismo programa plantea, que tiene que ver con la prevención y promoción de la salud sexual y la necesidad de la educación sexual integral en las escuelas, la promoción de la autonomía de las personas y con el derecho a decidir", indicó Ana Suppa, coordinadora del PNSSyPR.

Si bien la incorporación de mujeres al PNSSyPR creció desde su creación de un millón de mujeres al actual 1,2 millón, y además se proyecta alcanzar a 1,7 millón de mujeres antes de finalizar 2008, los especialistas indican que el cambio de gestión y el hecho de que recién un mes atrás hubiera sido nombrada oficialmente la nueva coordinadora del programa, complicó el horizonte. Es cierto que el programa es joven, pero de todas maneras hubo muchos vacíos. Sobre todo en 2007, con el cambio de gestión. En el país se sigue recurriendo al aborto como método anticonceptivo. Entre 1995 y 2000 hubo un 47% de aumento de los egresos de hospitales públicos debidos a complicaciones post aborto, explicó la socióloga Susana Checa, profesora e investigadora de la UBA en temas de salud sexual y derechos sexuales reproductivos.

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La primera causa de mortalidad materna sigue siendo el aborto

Hace 25 años que en nuestro país el aborto es la primera causa de muerte materna. Sólo en otros dos países de América, Jamaica y Trinidad Tobago, el aborto también es la primera razón de la mortalidad materna.  Esto es lo que indicaron especialistas en salud sexual y reproductiva durante la primera reunión fuera de Ginebra (Suiza), del Comité de Política y Coordinación del Programa de Reproducción Humana (PCCHRP, en inglés) de la OMS. Que, además, eligió la Ciudad de Buenos Aires como sede. Hoy, por cada 100 muertes maternas, 29 se deben a abortos. En segundo lugar se ubican las causas indirectamente obstétricas (mujeres enfermas que se agravan a causa del parto o del puerperio). La tercera causa está directamente relacionada con la práctica obstétrica: son mujeres sanas que mueren como consecuencia del parto o el puerperio.

En el último cuarto de siglo las hemorragias y la sepsis con complicaciones puerperales se turnaban como segunda causa de muerte materna. "La gran dificultad del país ha sido la prevención de los embarazos no deseados. La anticoncepción dependía del bolsillo de la mujer; recién en 2003 se empezaron a entregar anticonceptivos en forma gratuita y sin discriminación. El programa de salud sexual y procreación responsable del Ministerio de Salud está haciendo su trabajo, pero aún llevará muchos años antes de que todas las mujeres que quieren prevenir el embarazo puedan acceder a ellos", pronosticó la médica epidemióloga Mariana Romero, investigadora del Conicet y del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). Según los últimos datos de mortalidad materna -del año 2006-, por cada 100 mil nacimientos mueren 48 mujeres en la Argentina. Un índice que, por ejemplo, casi cuadruplica al de Chile. Allí, por cada 100 mil nacimientos mueren 13 mujeres.

"La posibilidad de que se complique un aborto clandestino es altísima y la cantidad de abortos por año también es alta (unos 450 mil). Hay que mejorar la atención médica de la complicación post-aborto del Ministerio de Salud y hacer cumplir el aborto no punible, que no se cumple. A raíz de los últimos casos resonantes de abortos no punibles, varias jurisdicciones reglamentaron su acceso: la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Rosario", destacó la vicepresidenta del PCCHRP e investigadora senior del CEDES, Silvina Ramos. Según datos oficiales, en 25 años la mortalidad materna bajó un 31%. Pero aún no alcanza.

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Sin derecho al Código Penal

Los padres de una joven de 19 años que padece una discapacidad mental y fue violada pidieron que se le practique un aborto, de acuerdo con lo que prevé el Código Penal. Una jueza rechazó el pedido y argumentó sus convicciones religiosas. La Cámara ratificó el fallo. Ahora decide la Corte provincial.

En un fallo polémico, que desconoce la letra del artículo 86, inciso segundo, del Código Penal, la Sala II de la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil de La Plata confirmó una sentencia de primera instancia por la cual se rechazó el pedido para que se le practique un aborto a una joven de 19 años que padece una discapacidad mental leve y que quedó embarazada como resultado de una violación. El artículo mencionado dice en forma expresa que el aborto “no es punible” cuando el embarazo “proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. Sin embargo, los camaristas Juan Carlos Rezzónico y Ana María Bourimborde, al desestimar el pedido formulado por la madre de la joven, interpretaron que “todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida” y que “se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad”. En consecuencia, privilegiaron los derechos “del niño por nacer”, citando la Constitución provincial y convenciones internacionales sobre derechos humanos. En la Justicia platense se han autorizado, cuanto menos, dos abortos por aplicación del artículo 86. Uno de los casos tenía características similares al actual.

En el caso de L.M.R., los camaristas apelaron a los argumentos que invocó, diez días atrás, la jueza de primera instancia Inés Noemí Siro, quien ayer hizo declaraciones a la prensa, justificando la decisión ahora confirmada por la Cámara. “Consideré que no había riesgo de vida en la víctima (se refiere a la joven embarazada), por lo que no encuadra en la doctrina de la Suprema Corte (bonaerense) sobre el aborto terapéutico”, previsto en el inciso uno del artículo 86 del Código Penal. En junio de 2005, la Corte provincial autorizó a que los médicos del Hospital Evita de Lanús le practicaran un aborto a una mujer, que padecía una grave afección cardiaca.

En sus declaraciones de ayer, la jueza Siro apeló también a fundamentos ajenos a las estrictas normas legales: “Es difícil dejar de lado la formación jurídica y cristiana”, dijo. Su postura fue cuestionada por la abogada Dora Coledesky, de la Coordinadora por el Derecho al Aborto, quien recordó que “la despenalización del aborto de una mujer que ha sido violada y que tiene una deficiencia mental está establecida por el Código Penal y no puede ser objeto de discusión alguna en cuanto a su legalidad” (ver nota aparte). El fallo de la Cámara Civil fue apelado por la defensora de incapaces, Laura Ozafrain, en representación de la madre de la joven embarazada. La chica está en su cuarto mes de gestación.

“La apelación fue presentada ante la Suprema Corte, que la derivó a la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, que tiene que emitir su dictamen en corto plazo. Se estima que esto puede ocurrir dentro de las 48 horas”, explicó a Página/12 una fuente judicial. Una vez que se cuente con el dictamen de la Procuración, los ocho miembros de la Suprema Corte “se reunirán en acuerdo extraordinario para resolver, a pesar de que estamos en plena feria judicial” por las vacaciones de invierno. Cuando se trató en la Suprema Corte el caso de A.K.C.P., la mujer con problemas cardíacos, el titular del alto tribunal bonaerense, Héctor Negri, votó en contra de la autorización del aborto, que se autorizó igual porque contó con el apoyo de la mayoría de los ministros.

En ese caso se aplicó el inciso primero del artículo 86 del Código Penal, que se refiere a los casos en los cuales dar a luz pone en peligro “la vida o la salud de la madre”. Ahora, la defensora Ozafrain, en representación de la familia de la chica de 19 años, discapacitada, invocó lo que establece el inciso segundo del artículo 86. La defensora de incapaces llegó a plantear, incluso, que no era necesaria “ninguna autorización” de la Justicia “por devenir ello innecesario”, teniendo en cuenta lo que dice el inciso segundo, en cuanto a que no es punible el aborto “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”.

La cámara, sin embargo, consideró que hubo un pedido expreso formulado por la madre de la chica embarazada y por eso resolvió “desestimar la apelación intentada” y con ello confirmó el rechazo al aborto decretado por la jueza Siro. Citando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el tribunal recordó que el mismo establece que “el derecho a la vida es inherente a la persona humana”. Luego hace mención a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que determina que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida” y que tal derecho “estará protegido por la ley (...) a partir del momento de la concepción”.

Luego transcribe lo expresado por la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce que “todo niño tiene el derecho intrínseco de la vida” y que los Estados parte, firmantes del tratado internacional, como es el caso de Argentina, deben “garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño”. Recuerda que “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad”. Y precisa que al ratificar dicha Convención, el Estado argentino formuló la siguiente reserva: “Con relación al artículo primero de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad”.

Además de rechazar el pedido para la realización del aborto, la Cámara Civil le ordenó a la jueza Siro que “debe extremar el control de la mejor L.M.R., en compañía de su progenitora” en todo lo relacionado con el “monitoreo de la evolución del embarazo”. En tal sentido, “deberá supervisar de manera constante y directa el cumplimiento más eficiente y adecuado de la protección de la salud física y psíquica, sea de la menor como del niño por nacer”, a través de la Subsecretaría de Minoridad. La jueza Siro le había sugerido a la familia de la joven “la posibilidad de dar al bebé en adopción”, pero la madre de la chica se negó. Siro declaró ante los medios de prensa que “generalmente, las situaciones de violencia (en este caso la violación) surgen de familias con poca contención y un contexto social desfavorable”. Esta situación no aparece señalada en forma expresa en los sucesivos fallos judiciales.

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Fallo sobre Salud Sexual y Reproductiva, de la Cámara Federal de Apelación de Córdoba (marzo 2003).

La Sala A del Tribunal Civil Nº 2 de la Cámara Federal de Apelación de Córdoba, presidido por Ignacio María Vélez Funes, por unanimidad revocó la medida cautelar dictada en diciembre del 2002 por la jueza federal de primera instancia del Juzgado n 3, ordenando la suspensión de la ejecución del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

También dispuso el rechazo del amparo promovido por Mujeres por la vida (filial Córdoba) por la manifiesta falta de legitimación activa para obrar, fundada en pretendidos derechos de incidencia colectiva e inexistencia de inconstitucionalidad de la ley nacional 25.673, procediendo al archivo de las actuaciones. Las costas estarán íntegramente a cargo de la asociación civil Mujeres por la vida.

El Tribunal fue categórico en relación al grave error en que incurrió la jueza al hacer lugar al amparo en diciembre pasado. Califica esto como "abuso jurisdiccional con gravedad institucional" y agrega que "resulta claro que ni una asociación civil ni un juez de la Nación pueden atribuirse potestades para decidir por encima de los sujetos destinatarios de la ley, individualmente considerados y más allá de sus propias conciencias o libertades individuales".

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A favor de "la píldora del día después"

La Procuración del Tesoro de la provincia de Córdoba apeló el fallo que prohibió la distribución de los anticonceptivos hormonales de emergencia (más conocidos como "la píldora del día después) en todos los centros de salud cordobeses.
El fallo divido de la Cámara Civl y Comercial de 1 Nominación de Córdoba, dictado en agosto pasado, le daba la razón a dos organizaciones civiles, Mujeres por la Vida y Portal de Belén, que sostienen que la "píldora del día después" es abortiva.
La apelación de las autoridades de la provincia se centró en cuatro aspectos. Entre ellos, que "los argumentos de los magistrados eran de origen puramente subjetivo" y que los supuestos efectos abortivos del fármaco son "subjetivos, hipotéticos e inverificables" científicamente.
En la misma línea actúo el Ministerio de Salud de la Nación a principios de esta semana, mediante una apelación al dictamen de los jueces de la Provincia de Córdoba.

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Trabas para "la píldora del día después" en Tierra del Fuego

En Tierra del Fuego, las mujeres sólo están accediendo a una de las dos concentraciones de los anticonceptivos de emergencia, más conocidos como píldoras del día después. Se enfrentan a esa restricción tanto si las quieren conseguir gratis en los hospitales públicos o si buscan comprarlas en las farmacias. La razón es que hubo dos fallos de la justicia provincial que bloquearon la entrega de la dosis de 1,5 miligramos de levonorgestrel. Esta presentación permite consumir la píldora a través de una única toma.

Según informó a Clarín ayer el Ministerio de Salud de Tierra del Fuego, el gobierno provincial apeló las medidas judiciales porque ninguna de los tipos de dosis de la píldora resulta "abortiva", basándose en estudios científicos avalados por la Organización Mundial de la Salud. La entrega gratuita del anticonceptivo había empezado a darse en hospitales en marzo de 2007, a partir de una resolución del Ministerio de Salud de la Nación. Pero en Tierra del Fuego enseguida surgieron obstáculos.

En mayo del año pasado, la jueza de Competencia Ampliada de Ushuaia, María Adriana Rapossi, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Defensor Público local, y ordenó suspender la prescripción y distribución de la dosis 1,5 miligramos de la droga levonorgestrel en hospitales públicos. El gobierno provincial apeló, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la competencia de la jueza. En junio de este año, otro juez, Guillermo Penza, aceptó un pedido de ampliación del mismo Defensor y prohibió la venta en las farmacias. El gobierno de la provincia apeló esa medida. Por lo cual, en los hospitales y en las farmacias fueguinas sólo se entregan o venden los blisters con comprimidos de 0,75miligramos de levonorgestrel.

"La justicia fueguina está atentando contra los derechos de las mujeres. La píldora en cualquiera de sus dosis no es abortiva. Una mujer que tuvo un accidente con otro método que estaba usando o sufrió una violación necesita de la anticoncepción de emergencia. Al restringirse, existe la posibilidad la mujer enfrente un embarazo no deseado", dijo a Clarín Carlota López Kaufmsan, presidenta de la Asociación Argentina de Anticoncepción.

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La voz silenciada

El lunes, Pamela cumplió 17. No hubo grandes festejos, en realidad si hubo alguno fue en la intimidad de una pieza de pensión en la que espera junto a su madre que las tres niñas que alumbró la semana anterior puedan prescindir de los cuidados intensivos de una sala de neonatología. Por segunda vez, Pamela parió trillizas. Su historia fue descripta como un caso, un milagro, una excepción a las reglas de la fertilidad que en su cuerpo se cumplen con la misma prodigalidad que en las chicas de su edad, pero más. Mucho más. Si no fuera así, Pamela sería otra adolescente con tres partos y cuatro embarazos en su historia clínica. No habría titulares dedicados para ella, no llamaría la atención más que para las estadísticas que cíclicamente retratan, a través de las madres niñas y adolescentes, lo que sucede cuando la educación sexual es casi nula, cuando las expectativas de vida no permiten ver más allá del momento. Pero Pamela tiene, a los 17, siete hijos que llegaron en una escala muy apretada: dos años y medio el varón más grande, uno y medio las trillizas nacidas en julio de 2006 y pocos días las que vieron la luz el 20 de febrero pasado, como si fuera una fatalidad o un milagro, según quién lo relate.

Pamela está “apabullada”, así lo describió una de las médicas que la trató. No quiere que se indague más en su intimidad, está cansada de recibir preguntas como reproches: que por qué no se cuidó, quién es el padre de las niñas que acaban de nacer, cómo no pensó antes justo en ese instante en el que es tan difícil pensar cuando se tienen 16 y una vida ya suficientemente plagada de llantos, pañales y mamaderas. Cuando se le acercan para pedirle una nota, apenas baja la mirada y llega a decir que “no”. Es su madre, Magdalena, quien negocia por ella el valor de su testimonio y no porque quiera lucrar sino porque el susto por lo que vendrá empaña cualquier presente y la pobreza que conoce desde pequeña la vuelve desconfiada. “Si quieren notas, que paguen, porque ahora se interesan, pero después me quedo sola para criar a tantos chicos”, dice y custodia el silencio de su hija del mismo modo en que organizó el destino de los nietos que le dio Pamela: las trillizas mayores están al cuidado de otra de sus hijas, en un pueblo cordobés, San Marcos. Y el más grande quedó con su papá, en Marcos Juárez.

La entrada de Leones, el pueblo donde se supone que hay en el banco casi cien mil dólares por habitante.

La fertilidad de Pamela es una “rareza científica”, insiste el director del Hospital Municipal San Roque de Leones, Jorge Margherit. Si bien está preocupado por el futuro de los siete niños, el médico subraya que desde el centro asistencial hicieron grandes esfuerzos para garantizar la calidad de vida de todos los niños. Se enorgullece porque ese centro de atención primaria pudo controlar el primer embarazo hasta que llegó a término. Como entonces les costó conseguir el lugar para el parto, y por el incremento del riesgo, en esta oportunidad la derivaron con más tiempo a la Maternidad de la capital provincial. Pero ¿qué pasa con la madre de esos niños? A los 15 años, cuando tenía cuatro hijos, su madre Magdalena Bazán pidió que le hicieran una ligadura de trompas. “Según la ley provincial de Córdoba, hace falta una autorización judicial para realizar esta práctica a una menor de 21 años”, afirma Margherit. ¿No se pensó en solicitar ese aval? “Ningún juez lo hubiera concedido. Además, hubiera sentado un precedente para que otras jóvenes pidieran la práctica. Por otra parte, ¿qué pasaría si Pamela mañana pierde todos sus hijos en un accidente?”, arguye el médico, que trata a la adolescente desde su primer embarazo. Tenía apenas 13 años, pero lo perdió. Luego llegó Lisandro, cuando Pamela arañaba los 14. Y a los 15, las primeras trillizas, Ludmila, Macarena y Candela. Pamela entonces quería hablar, quiso pedir, junto a su madre, que la pusieran a salvo de la trampa que le había tendido su rara fertilidad. Pero entonces no la escucharon. El Estado puso el parche de la asistencia, pero no llegó ahí donde estaba el riesgo, en la precaria salud sexual y reproductiva de la adolescente. Si no se quería aplicar una cirugía difícil de revertir como la ligadura de trompas, ¿por qué no le ofrecieron, le recomendaron un Dispositivo Intrauterino (DIU), para evitar nuevos embarazos? “La Magdalena no quería, porque estaba empeñada en la ligadura de trompas”. Es una respuesta lábil, es tan común que el Estado actúe incluso en contra de la voluntad de cualquier madre cuando entiende que hay un “menor en riesgo”, que es difícil leer ese respeto por la soberanía de la potestad materna más que como un descuido.

Ahora, en la Maternidad Provincial de Córdoba, convencieron a madre e hija de recurrir al DIU. “El Programa de Maternidad y Paternidad Responsables de la provincia envía los métodos anticonceptivos. Los ginecólogos del hospital evaluaron que las pastillas no eran una buena opción, porque hacía falta una conducta terapéutica que no se podía garantizar. Entonces (hace menos de dos años), se decidió aplicar la inyección anticonceptiva, que se aplica cada 21 días. Pamela reconoce que un mes se descuidó y no vino a ponérsela”, explica Margherit. El resultado fue el segundo embarazo gemelar en dos años. El mismo médico manifiesta su sorpresa y recuerda que la fertilidad de la adolescente es excepcional. Se dice que es el tercer caso en el mundo. Lo cierto es que esta excepcionalidad encarna en una vida, la de una chica de 17 años, muy pobre, que desde ahora deberá hacerse cargo de siete niños.

La complejidad de la historia de Pamela se abre como un abanico, donde las preguntas encuentran, en muchos casos, más presunciones que respuestas. Por qué los médicos –que desecharon las pastillas porque pensaban que Pamela no las tomaría todos los días– apelaron a las inyecciones, que requerían su llegada mensual al hospital. Por qué no aplicaron un criterio médico para prescribir el DIU. De hecho, la propia jefa del Servicio de Adolescencia de la Maternidad Provincial, Viviana González, afirma que “le hubiera puesto el DIU y le hubiera dado muchos preservativos” antes de su vuelta a casa, la primera vez. Sin embargo, esta profesional nunca tomó el caso de Pamela, que la primera vez llegó directamente para el parto y, en esta oportunidad, ingresó en el servicio de “alto riesgo”.
Y como todo era tan frágil que podía fallar, la adolescente volvió a quedar embarazada. Había necesitado de la ayuda estatal, y de la comunidad, para sostener a sus hijos. Ahora necesitará aún más. “Son un caso social muy delicado”, afirma Margherit, quien se enorgullece del tratamiento médico que recibieron las primeras trillizas de Pamela. Como el invierno pasado las niñas presentaban desnutrición y alguna inmadurez evolutiva, estuvieron cuatro meses internadas en el hospital, con una enfermera y una religiosa destinadas a su cuidado, junto a Pamela. También tenían problemas de deglución y por eso fueron trasladadas en un remise hasta La Plata, donde las atendió un equipo médico especializado en el tema. “Eso lo pagó la comunidad. Era la única forma de hacerlo, y hubo una religiosa, la hermana Luján, y una pediatra, Sandra Ramazzotti, que se ofrecieron a ir hasta La Plata con las bebas”, señala Margherit. El médico entiende que se trata de derechos, pero también subraya lo que se hizo. “Si hoy las trillizas están bien y tienen un peso normal, es porque el Estado y la comunidad de Leones se hicieron cargo”, asegura el profesional. Asistieron a las bebas, pero la mamá quedó boyando, sin ser escuchada. Una vez que Pamela fue madre, su sexualidad quedó empañada por esta nueva condición. Y nadie recordó que seguía siendo una adolescente, llena de deseos.

Magdalena Bazán, la madre de Pamela, abuela de los siete niños.

En las calles de Leones, el pueblo de 10 mil habitantes donde creció Pamela, el acento está puesto en recordar todo lo que recibió la adolescente. Como asistencia, como ayuda, como solidaridad. No como derechos. Es que en Leones corre la indignación por unas declaraciones de Magdalena en el programa La mamá del año, que conduce Andrea del Boca. Allí la mujer relató que no había recibido ayuda de su pueblo. Y abrió un enorme frente de batalla, que debió enfrentar apenas volvió al hospital en busca de la leche en polvo que reciben sus nietas. Allí la misma pediatra que acompañó a las bebas hasta La Plata le pegó un reto. En el hospital, la kiosquera, las enfermeras, la “hermana Patricia” (una religiosa asignada al hospital), los periodistas, todos se agolpan para recordar “la ayuda” que recibió la adolescente.

“Le dieron una casa, pilas de ropa que ni siquiera lavaba, tenía tanta que la dejaba afuera, en el lavadero, para que se pudra. Recibe la leche, las trillizas estuvieron internadas en el hospital, dejábamos a nuestros hijos para darles de comer. Las enfermeras, las religiosas, mujeres voluntarias de Leones, todos la ayudamos”, dice una enfermera, pero la opinión se amplifica como un eco. Tras las declaraciones de Magdalena, todos tienen algo para reprocharle. Dicen que Pamela “no supo aprovechar todo lo que se le dio”. La frase se repite. La culpan de haberse embarazado, le cuestionan sus costumbres. Cuentan que mientras las trillizas lloraban, ella “jugaba con el celular y se la pasaba escuchando a Jean Carlos y La Mona”. Las opiniones se suman, se complementan, junto con la mirada de enojo. Para todos, Pamela recibió mucho. Algunos, incluso, llegan a decir que le dieron una casa “por abrir las piernas”.

En un pueblo donde las calles exudan riqueza, de la mano de la soja y el trigo, que hoy se cosecha apenas para “hacer cobertura”, Pamela tiene muy poco. “En este pueblo hay pobres, los que están acá, en la Fiesta del Trigo (que se realizó el último fin de semana), pueden decirle que no, pero yo sé bien que hay, los veo todos los días”, dice el director del hospital. El contraste es apabullante. En la Fiesta Nacional venden pequeñas motos cero kilómetro, hay exposición de cosechadoras. La gente disfruta del sábado a la tarde en la pileta. Los autos y las motos copan la calle lindera. Incluso, el periodista Julio Llabres ilustra la situación del pueblo. “En 2001, un colega dijo por la televisión nacional que Leones era la ciudad más rica del país, porque habían quedado 18 millones de dólares en el corralito con once mil habitantes. Pero no es tan así, mi parte no sé adónde está”, termina con un chiste. Lo cierto es que hay dos Leones. Y Pamela está del otro lado.

Magdalena, la abuela de los siete hijos de Pamela, tiene apenas 49 años. Pero su mirada demuestra que fueron muy duros. Llegó a Leones a los 12 años, desde Villa Angela, en el Chaco, donde supo desde bien pequeña lo que significaba el trabajo: colaboraba en la cosecha del algodón. Ya en el pueblo de Córdoba fue empleada doméstica, cuidó personas enfermas, ancianas. Tuvo seis hijos. La más chica es Pamela. Cuando se le pregunta si crió sola a sus hijos, elude la respuesta. “Siempre trabajé para que no les falte nada”, responde. Sin saberlo, una enfermera del hospital municipal de Leones le da la razón. Dice que José, el esposo, “es tranquilo pero vago. Si no fuera porque Magdalena salió a trabajar, los hijos se habrían muerto de hambre”. La familia vive en una casa sobre “la rutita”, como le dicen en el pueblo a esa calle, que es enlace con otras localidades. Apenas se golpea la puerta, en la calurosa siesta del sábado, José abre la puerta. Y ante la primera pregunta sobre Pamela, se adelanta: “La que maneja todo es la madre. Llámela a ella”, afirma, y atina a discar. Con cierta reticencia, responde que es jubilado, que está casado con Magdalena desde hace 30 años, y apenas hace un gesto cuando se le pregunta cómo reaccionó ante los embarazos de Pamela. Finalmente, despacha a los intrusos, pero antes afirma que “de algún modo se van a criar” los siete niños. En la casa de al lado, una jovencita baldea la vereda. Cuenta con toda naturalidad que acompañó a “la Magdalena” a Córdoba, porque sola no podía con tantos niños. Es la única que durante toda la tarde no dirá una palabra de reproche, sino que ofrecerá su solidaridad de par.

La vivienda de Magdalena está en un barrio alejado del centro de Leones, en un plan social de casas de material, todas iguales, blancas, con dos ventanas al frente. En algunas se ven pequeños jardines, autos de modelos viejos. La de ellos es la más deteriorada, al asomarse se advierte que ni siquiera tiene pisos. Hasta mediados de este año, allí residían once personas. Magdalena, José, tres de sus hijos, la pareja de Pamela y los cuatro niños. “La prioridad fue sacarlos de allí. Por eso la Municipalidad le dio un terreno y le construyó una casa. Porque no podían seguir viviendo en ese lugar, en esas condiciones de hacinamiento”, cuenta
La casa, donde hasta hace un mes vivían once personas. Foto: Sebastián Granata

Margherit. La construcción de una casa para Pamela le pone carbón a la caldera de enojo que hoy es Leones. En realidad, se trata de una pequeña casa, hoy con el pasto muy crecido, adonde Pamela fue a vivir sola, con sus cuatro hijos. El muchacho que entonces era pareja de la adolescente se fue.

Sobre los papás de los bebés también se dicen muchas cosas. La médica que en la mañana del sábado está a cargo de la guardia de la Maternidad provincial pone un poco de sentido común. “Pamela está apabullada”, relata sobre el escaso contacto que mantuvieron. “Todo el mundo quiere saber sobre su intimidad, de los padres de los chicos, es una situación muy invasiva”, agrega. Fuera de los mil y un rumores que circulan en el pueblo, Pamela vivía sola con sus cuatro hijos en una vivienda nueva, pero ubicada bien lejos –casi todo lo que se puede estar dentro de Leones– de su madre y su familia, de los vecinos, del entramado social que sostienen sus pocos años de vida. Es cierto que allí el Estado intervino, garantizó un derecho de la adolescente y sus hijos, el de la vivienda digna, pero no miró a la persona que recibiría ese “beneficio”. Aunque no se le pueda achacar exclusivamente a la Municipalidad de Leones, porque la intervención estatal se caracteriza por esa despersonalización, su efecto es agravante. En el caso de Pamela, la lejanía la deja aún más sola con sus hijos, menos asistida para criar toda la prole. Sin embargo, sus vecinos de Leones no se plantean el acceso a la vivienda en términos de derecho, sino como una dádiva que recibió la niña.

Pamela no estudia, y sería difícil que lo haga ahora, con tantos hijos. Esa es otra de las frases que circulan como estiletes por el pueblo. “En lugar de darle tantas cosas, tendrían que mandarla a la escuela”, se suceden las condenas. Y vienen de los lugares más diversos. Una vecina de Pamela en su nueva casa cuenta que la adolescente no tiene amigas. Por lo menos, no la visitan en la casa de barrio sur, las viviendas de la solidaridad, como les dicen sus habitantes. La vecina es también empleada doméstica, venida de Entre Ríos. Tiene 24 años y apenas comienza a hablar de Pamela asegura que “es buenita, pero muy sucia”. Se enoja porque en la casa lindera a la suya –bien arregladita– hay pañales tirados, ropa, cartones de leche. “Le dan muchas cosas, pero no las sabe aprovechar”, se escucha como un calco de lo dicho por otras personas en la pequeña ciudad.

Mientras la vida de Pamela es objeto de opiniones, censuras y objeciones, ella parece desbordada. Al menos, así lo describe Viviana González. “Llegan muchas cosas para las trillizas, pero también hay gente que la está merodeando. Los medios, los médicos, los empleados. No comía ni dormía. Le pregunté si quería ir a un lugar retirado, donde estuviera sola, y me dijo que sí, que por favor. Así que durmió, comió, estuvo tranquila”, cuenta la médica que apenas la atendió cuando estaba a cargo de la guardia. Dicen que Pamela es muy sumisa. Lo confirma Margherit, quien cuenta que la familia es “totalmente matriarcal. Magdalena decide todo”, y aventura que los embarazos son, para la adolescente, una forma de liberación.

Así como Magdalena empuja a la familia, maneja también la relación con los medios, con la ilusión de obtener alguna ayuda económica, sumida en la desesperación. Ella lo explica limpiamente, sin especulaciones. “Yo no quiero comerciar con mis nietos. Pero tengo que pensar en su futuro. Son siete niños para alimentar. Ahora vienen a hacernos las notas, todos se benefician. Pero después nos quedamos solas. Necesitamos pañales, leche, de todo. Y nosotros somos muy pobres”, dice sobre las condiciones para realizar una entrevista. No quiere algunos pañales, sino la certeza de que los tendrá mientras las niñas necesiten. Es que el problema no es ahora, cuando la historia conmueve a televidentes de todo el país. El problema será el día a día. Por eso Margherit es uno de los pocos vecinos de Leones que no está enojado, sino preocupado. “A Magdalena no hay que condenarla, hay que entenderla”, dice, y señala que las dificultades se multiplicaron. “El problema es cómo resolvemos de acá para adelante. Porque ahora vienen todos los medios del país. Pero en el día a día la familia necesitará ayuda y hay que hacérselo entender a esta comunidad. La asistencia oficial no bastaba antes. La seguirá teniendo, pero ahora alcanzará mucho menos. Por más que la aumentemos, será insuficiente. Y vamos a necesitar de la comunidad”, explica.

La certeza de que no podrán criar a tantos niños es una obsesión para Magdalena. La lleva a pedir ayuda a los cuatro vientos. Las incertidumbres son demasiadas en su vida. Además, desde hace cuatro meses está sin trabajo, porque la anciana que cuidaba falleció. Desde entonces, depende más que nunca de la solidaridad. Con su estilo –que una enfermera de Leones define como de “vieja maleva”–, ella llevó adelante su familia. Ahora, se desespera. “Estamos viviendo de una indemnización por discapacidad que cobró mi hijo”, afirma. Durante los pocos minutos de la conversación, apenas alcanza a decir que en Leones hay “mucho dinero, pero la gente lo pone en el banco. O les sirve para comprar autos, esas cosas, pero no hay mucho progreso”. De esa manera tan sencilla habla de la riqueza sin distribuir, de las mentiras del efecto derrame.

Sin embargo, Magdalena subraya que ha tenido empleos. “Me ocupo de cuidar gente enferma. Por suerte hasta hace cuatro meses ganaba bien, pero partió la señora y me quedé sin trabajo. Toda mi vida trabajé, no conozco más que el sacrificio en mi vida. Además, soy huérfana de muy pequeña. Mi papá falleció cuando yo tenía ocho o nueve meses”, comienza a relatar. Pero enseguida Pamela la llama desde adentro, quiere que vaya. Ya le dieron el alta y desea irse de la Maternidad. Magdalena entra, le pide un café, la acompaña. Luego, vuelve a la vereda y presume que se están sacando fotos de Pamela sin autorización. Se va enojada. “Los periodistas son todos iguales, les das la mano y se toman el codo. No hay nota”, dice antes de subirse al taxi que la llevará a la pensión donde vivirán mientras las trillizas estén internadas en la Maternidad de Córdoba. La voz que falta es la de Pamela. En esta nota, pero no sólo acá. No se sabe qué piensa sobre sus embarazos, cómo tramita su maternidad adolescente, cuánto le pesan todos los hijos, cómo quiere cuidarse de nuevos embarazos, cuáles son sus intereses, sus amores, sus ilusiones. Sólo se sabe que a partir de ahora tendrá siete niños a su cargo. Y hará lo que pueda.

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Violó a su hija de 8 años y lo benefician

Tiene ocho años y vive en una casa de Benavídez con sus padres y hermanos. Hace un año fue violada por su padre. Luego de que la madre de la pequeña hiciera la denuncia, el hombre fue detenido.

A pesar de la naturaleza del delito: abuso sexual doblemente agravado, un tribunal de San Isidro benefició al imputado con la prisión preventiva morigerada, por ejemplo, el arresto domiciliario. Lo insólito del fallo fue que dos magistrados de la Sala II de la Cámara de Apelaciones de San Isidro decidieron beneficiar al imputado porque el hombre había violado sólo una vez a su hija, cuya identidad se mantiene en reserva por cuestiones legales.

No fue el primer caso en el que la Justicia favoreció a un acusado de violación. En los últimos dos meses y medio, cuatro jueces de diversos tribunales del país dictaron fallos en los que beneficiaron a abusadores sexuales; hechos en los que las víctimas eran menores de edad.

Además de la causa de San Isidro, el resto de los fallos fueron dictados por magistrados de la Ciudad de Buenos Aires, San Martín y Córdoba.

"Valoro que el acusado A. O., quien había sido detenido el 27 de noviembre último, no tiene antecedentes penales y tiene un entorno familiar dispuesto a recibirlo", sostuvo el camarista Leonardo Pitlevnik, al fundar la resolución en la que le concedió la prisión preventiva morigerada al acusado, mencionado sólo con sus iniciales para evitar la identificación de la víctima de la violación.

"Agrego a lo señalado, las particulares circunstancias del hecho, en cuanto este episodio habría sido el primero y único que habría protagonizado A. O en perjuicio de su hija", consideró el magistrado en el fallo que también fue rubricado por su colega Juan Stepaniuc.
Si bien los jueces fijaron el domicilio en el que el acusado debía cumplir con la prisión preventiva morigerada, el imputado se negó a ir a esa casa, que pertenece a su hermana, y exigió que lo trasladaran desde la cárcel a la misma vivienda en la que viven su esposa y su hija la misma niña a la que había violado.

Cuestionamientos
"Quien viola una vez, viola diez veces", expresó María Helena Leuzzi, máxima responsable de la Asociación de Víctimas de Violación (Avivi), tras conocer el fallo de los dos camaristas de San Isidro.

En tanto que el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, sostuvo: "Fallos como éste ponen en evidencia que algunos magistrados no valoran el delito sexual en su real dimensión. Al dictar este tipo de fallos se prescinde del sufrimiento de la víctima. Además, debería imponerse adicionalmente a la sanción penal el tratamiento médico obligatorio del imputado, como medida accesoria".

El segundo caso de un violador beneficiado por un fallo judicial ocurrió en Córdoba, donde la Sala IV de la Cámara del Crimen absolvió a un hombre, de 44 años, que estaba acusado de violar a su hija de 13 años y a quien había dejado embarazada.
A pesar de que el sospechoso había sido acusado por un fiscal y por un juez de abuso sexual y corrupción de menores, al detallar los fundamentos de la sentencia, los camaristas consideraron que "la ley no castiga todo acto sexual practicado por una persona mayor de 16 años con otra de entre 13 y 16, sino tan sólo se penan aquellos actos realizados en circunstancias en las que el mayor se aprovechó de la inmadurez sexual de la menor para lograr el consentimiento".

"Hay jueces que se olvidan del dolor de las víctimas y de que la mayoría de las víctimas de violación son menores. Algunos magistrados tampoco tienen en cuenta que la mayoría de esas violaciones se producen en el ámbito intrafamiliar, entre padres e hijas, y que por eso mismo las pequeñas demoran mucho tiempo en exteriorizar que fueron abusadas", agregó Leuzzi.

"Con las violaciones, los problemas no son los montos de las penas sino la falta de condenas, un hecho que produce un severo trauma en las víctimas", agregó Casal.
Tanto Leuzzi como el ministro Casal y la Asociación Civil Madres del Dolor impulsan la creación de un registro de violadores condenados, Isabel Yaconis, madre de Lucila, la estudiante asesinada en abril de 2004, impulsa un proyecto para que se sancione una ley para reglamentar el funcionamiento del banco de ADN.

Otros dos casos
Otro hecho se registró hace casi dos meses, en la ciudad de Buenos Aires, cuando un juez de instrucción decidió liberar a un hombre de 43 años que había sido descubierto por la policía cuando salía de un albergue transitorio con una menor de edad, a la que le había pagado a cambio de sexo.

Por entonces, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Aníbal Fernández, cuestionó la decisión del juez porque no investigó si hubo violación.

Mientras que hace un año, en San Martín, un juez de ese distrito decidió que un vecino de José C. Paz, acusado de violar a una pequeña, de 10 años, debía pagarle 80 pesos a la madre de la niña a modo de resarcimiento penal y económico.

En la cédula judicial dirigida a la madre de la víctima para que firmara la aceptación de la resolución, el magistrado expresó: "Deberá manifestar expresamente en el acta si acepta o no la suma de $ 80 ofrecidos por el procesado en concepto de reparación del daño causado a su hija". La madre de la pequeña violada no firmó y rechazó el fallo judicial. Mientras que el violador nunca fue preso.

En San Isidro

• Dos jueces beneficiaron con el arresto domiciliario a un padre acusado de abusar de su hija porque la violó "sólo una vez".

En Córdoba

• Un tribunal consideró que no hubo abuso en el caso de una menor, de 13 años, que quedó embaraza de su padrastro.

En la Capital

• Un juez liberó a un hombre que salía de un albergue transitorio de Flores con una niña.

En San Martín

• Un juez consideró que un hombre que abusó de una niña debía pagarle $ 80 como resarcimiento a la madre de la pequeña.

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Embarazo y Maternidad Adolescente, datos según el Contrainforme a la CEDAW 2002 de las ONGs argentinas

El embarazo en la adolescencia en la Argentina continúa en ascenso. El 15,5% de los nacidos vivos son hijos de madres menores de 20 años. Como en otras dimensiones del tema, la proporción varía según las regiones del país y estudios indican que el embarazo y maternidad adolescente afectan principalmente a niñas/jóvenes con menores niveles de instrucción. También este tema está fuertemente relacionado con el nivel socioeconómico. La proporción de madres menores de 15 años ha aumentado en los últimos 5 años: pasó de 0,4% del total de nacidos vivos, a 0,5%. Estudios indicativos muestran que en el caso de las "niñas madres" (de 9 a 13 años) han tenido hijos con varones que las superan en al menos 10 años (en el 80 % de los casos), lo que hace pensar en la fuerte posibilidad de abuso, violaciones o inclusive incesto.

La persistencia de estas cifras indica que los servicios de salud y el sistema educativo no han implementado acciones ni brindado conocimientos y recursos para evitarlo. En cuanto a la crianza, sigue vigente el patrón cultural que percibe a la joven como la única implicada en la relación con el hijo. Es necesario realizar acciones para involucrar a los varones en el cuidado y la crianza. En síntesis, en Argentina persisten o se incrementan las limitaciones para que l@s adolescentes puedan acceder a información, educación y métodos anticonceptivos.

La educación sexual, si bien incluida formalmente en los contenidos curriculares oficiales, no se implementa en la mayoría de las instituciones educativas. Las y los docentes manifiestan temor a recibir sanciones por parte de sus superiores jerárquicos, y también a posibles reacciones adversas de familias con orientación religiosa ortodoxa.

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Los significados de la mortalidad materna

El debate sobre la despenalización del aborto ha retrocedido en poco tiempo después de que la presidenta Fernández de Kirchner se pronunciara en contra –con el explícito festejo de la jerarquía eclesiástica. En ese contexto vale revisar las consecuencias del aborto clandestino en la voz de Carmen Barroso, directora regional de la Federación Internacional de Planificación Familiar.

“Es increíble que Argentina tenga este nivel de mortalidad materna”, se sorprende Carmen Barroso, la directora regional de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF, por su sigla en inglés) que tiene un lema tan claro como la visión de futuro. “Poder decidir abre un mundo de posibilidades”, propone la IPPF, que apuesta a que las mujeres puedan adueñarse de su cuerpo y, con su cuerpo, de la posibilidad de que la vida sea decisión y no destino. Ella es demógrafa, tiene 62 años, nació en Brasil –donde fue profesora de Sociología de la Universidad de San Pablo– y ahora vive en Nueva York, Estados Unidos. Es una de las pioneras y líderes en la lucha por los derechos reproductivos y estuvo en la Argentina este año para presentar en el Senado el informe “Muerte y negación: aborto inseguro y pobreza”, en donde se resiste a pensar que la Argentina despierte y termine cada día con el fallecimiento de una mujer a causa de un embarazo o un parto. O, mucho más claramente, por un embarazo no buscado que termine en un aborto clandestino que puede –porque nadie lo controla ni se hace con mínimas condiciones de seguridad sanitaria – salir mal. Y mal es mal. Mal es muerte.

Carmen no entiende cómo la Argentina puede tener una tasa de mortalidad materna tan alta –alrededor de 400 mujeres fallecen por año – y tan abiertamente empujada por los abortos clandestinos.

¿Cómo evalúa la alta mortalidad materna de nuestro país, que tiene un índice de fallecimientos a causa de embarazos y partos más alto que Costa Rica, Uruguay y Chile, otros países con un desarrollo social similar o menor al argentino?
– ¡Es increíble! Argentina cuenta con un nivel de desarrollo y de educación por el que no debería tener este nivel de mortalidad materna. Y lo llamativo es que la primera causa de la mortalidad materna es el aborto inseguro.

¿Esto no sucede en otros países de América Latina?
– En otros países de la región el aborto es la segunda, tercera o cuarta causa de la mortalidad materna, pero que el aborto sea la primera causa sólo sucede en Argentina.

En Argentina se avanzó mucho a través de las campañas para la despenalización del aborto en el debate en los medios, el Congreso y la sociedad. Pero la contrapartida es una nueva embestida de sectores conservadores. ¿Cómo hay que incentivar los progresos y medir los retrocesos?
–Yo veo con optimismo los pasos para adelante y veo que los pasos para atrás son una reacción de personas con una mentalidad anticuada que tienen que resistir para no desaparecer. Hay una resistencia muy grande porque los avances existen. Si no hubiera avances, dejarían las cosas como están. Es natural que la gente se movilice para defender sus ideas, pero la sociedad está muy adelantada y los sectores minoritarios y extremistas, que tienen ideas de la Edad Media, no tienen resonancia. Vivimos en un Estado laico y los grupos minoritarios no tienen por qué imponer sus ideas.

¿Cómo ve a la Argentina en el contexto latinoamericano?
–Como en toda América Latina, hay resistencias fuertes. Pero hubo saltos cualitativos enormes. Argentina era conocida internacionalmente como uno de los países más retrógrados y ha salido de esta situación.

Desde que las feministas de su generación empezaron a luchar por el derecho a decidir, las mujeres tienen más derechos. ¿Los varones acompañaron este cambio?
–La juventud tiene una mayor apertura, pero todavía existe mucha violencia contra las niñas. Sin embargo, hay sectores de la población donde los varones repiensan su masculinidad y tienen una relación igualitaria con las jóvenes. A ellos también los favorece poder ser más humanos y no transformarse en una máquina de trabajar. Yo veo nuevos hombres que se relacionan con nuevas mujeres.

A la vez, también hay un resurgimiento del machismo en los jóvenes...
–Sí, hay muchos problemas que todavía tienen que ser tratados por una educación sexual mejor. En Argentina hay que implementar la nueva ley de educación sexual para que los jóvenes entiendan todo lo que tienen para ganar en un nuevo tipo de relación más democrática y no se sientan amenazados, ni recurran a la violencia.

Usted viene de Estados Unidos: ¿cómo ha impactado la política moralista de George Bush en el avance de los derechos reproductivos de las mujeres?
–Ha impactado mucho porque Bush ha puesto mucha plata en programas de educación para la abstinencia, con un proyecto ideológico que proclama que el sexo sólo es válido en el matrimonio y que quiere negar la información científica sobre anticonceptivos para todas las personas que no están casadas. La realidad es que los jóvenes tienen relaciones sexuales tempranas y, entonces, la política de Bush es de una crueldad y una irresponsabilidad que espantan porque en el altar de una ideología sacrifica la vida de los jóvenes. Los estudios han demostrado que los y las adolescentes que pasan por los programas de abstinencia se inician a la misma edad del resto de los jóvenes. Por lo tanto, es una política sin ninguna eficacia. Mientras que se tendría que estar facilitando el uso de condones para prevenir enfermedades de transmisión sexual.

En la Argentina después de algunos casos resonantes de mujeres que pudieron acceder a un aborto legal los sectores conservadores presentaron un proyecto de ley para que el Estado subvencione a las mujeres violadas para que no aborten, sino que completen el embarazo y den en adopción a su hijo; además, la ministra de Salud habló claramente del aborto no punible restringiendo los casos de violación a los de las “mujeres incapaces”.
–Es de una deshumanidad enorme. Una cosa es si una mujer violada quiere tener a ese hijo y es su decisión. ¿Pero cómo el Estado va a entrometerse en la vida privada de una mujer que fue traumatizada por una violación para convencerla de no superar ese momento y mantenerlo por nueve meses en su propio cuerpo? Me parece de una insensibilidad asombrosa.

¿Además de atacar la autonomía de una mujer violada, el argumento (supuestamente) pro vida puede responder a intereses económicos ya que cada vez más parejas en el mundo buscan bebes y niños disponibles para adoptar?
–En Latinoamérica hay denuncias sobre parejas que quieren adoptar y recurren a instituciones que incentivan a las mujeres a embarazarse para tener chicos y ganar plata con la adopción. Esto parece venta de personas y es repugnante desde el punto de vista moral. Recientemente, en un viaje que realicé desde América Central a Estados Unidos había cuatro bebés que acababan de ser adoptados. ¡Cuatro en un solo vuelo! Por supuesto que estoy a favor de la adopción y alguna vez, cuando tenía dificultades para embarazarme, pensé en adoptar. Después me embaracé de mi hija Valentina, pero creo que somos todas madres y padres de todos y no hay por qué no adoptar. Pero hacer de eso un comercio es una barbaridad. Y, muy especialmente, de una mujer que fue violada. Además, en este punto, resaltan las diferencias. Una mujer rica que fue violada no va a continuar con su embarazo por un subsidio que le dé el Estado. En cambio, una pobre no tiene muchas alternativas de sustento.

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Una carta a Ocaña para la difusión de un protocolo

Expertos y expertas en salud sexual y reproductiva pidieron a la ministra de Salud, Graciela Ocaña, que distribuya y difunda la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles (Ver PDF), elaborada en esa cartera a pedido de su antecesor, Ginés González García. “Ofrecemos nuestra colaboración para la diseminación de este protocolo y la realización de las actividades de sensibilización y capacitación que sean necesarias para que a la brevedad se utilice en todos los servicios de salud de nuestro país, por equipos capacitados, bien informados, respetuosos de las normas vigentes y seguros de éstas”, le escribieron en una carta que presentaron semanas atrás en la mesa de entradas del ministerio. En la nota le expresan su “preocupación” por “el nivel alarmante que ha alcanzado la mortalidad materna y también el elevado número de egresos por complicaciones de abortos que nuestro país mantiene desde hace varios años”.

“Sabemos que estos dos problemas necesitan de estrategias integrales en donde la educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos sean acciones de prevención prioritarias. Asimismo –dice la carta, a la que tuvo acceso Página 12–, la evidencia disponible muestra que los altos niveles de morbilidad y mortalidad maternas también se contrarrestan con acciones decididas para mejorar la atención de las complicaciones por abortos inseguros y con el acceso a los abortos permitidos por la normativa vigente”.

La nota lleva las firmas de Diana Galimberti, presidenta del Centro Latinoamericano Salud y Mujer (Celsam) y de la Asociación Argentina de salud Reproductiva; Silvia Cabognani, directora de la Maternidad Martín, dependiente de la Secretaría de Salud de la ciudad de Rosario; Mabel Bianco, presidenta de la Fundación Estudios e Investigación de la Mujer; Guillermo Corroli y Edgardo Abalos, presidente y vicepresidente del Centro Rosarino de Estudios Perinatales, que trabaja en colaboración con la OMS; Ariel Karolinsky del Hospital Durand; Daniel Lipchak, del Servicio de Obstetricia del Hospital Álvarez; Eugenia Trumper, miembro de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil; Sofía Amenábar, tocoginecóloga de Tucumán; y Sandra Vázquez, subjefa del Servicio de Adolescencia del Hospital Argerich.

Como publicó Página 12 en su momento, la Guía del ministerio define cómo proceder ante ese tipo de casos, y evitar que los médicos exijan una autorización judicial, un paso que no es necesario y demora la atención. El documento fue elaborado por un equipo convocado por la Secretaría de Programas Sanitarios, con el apoyo de la OPS. Antes de dejar el ministerio, González García comenzó su distribución, pero fue muy limitada. Ocaña no se encargó de difundirla: según pudo saber este diario no está de acuerdo con la interpretación amplia del artículo 86, inciso 2º del Código Penal que hace el manual. La guía considera que cualquier mujer que resulta embarazada en una violación –y no sólo aquellas que sufren discapacidad mental – tienen derecho a un aborto en un hospital público.

“Entendemos que esta guía será de gran utilidad para los profesionales a cargo de la atención del aborto no punible de la misma manera que otras guías lo hacen respecto de procedimientos médicos que habitualmente se realizan en nuestro servicios de salud”, finalizan.

La guía actualiza y pone al alcance de los profesionales de la salud los procedimientos clínicos y quirúrgicos recomendados por la OMS para la interrupción de un embarazo. Y provee el marco jurídico para que los médicos se sientan respaldados en sus prácticas.

(Por Mariana Carvajal; Página 12; 7/7/2008)

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VIH / SIDA y ETS, según datos del Contrainforme a la CEDAW 2002, realizado por ONGs de Argentina.

Según datos del Ministerio de Salud, el Programa Nacional de lucha contra el SIDA y LUSIDA, los/as enfermos/as de SIDA notificados ascendían a 21.251, de los cuales el 22,6% (4057) eran mujeres. La relación verones/mujeres es de 2,8 hombres por cada mujer. Esto indica un crecimiento acelerado del SIDA en las mujeres, ya que en 1990 dicha relación era de 6,91. Tanto en varones como en mujeres crece en forma sostenida la transmisión heterosexual; en las mujeres alcanza al 64,2%. La transmisión por uso de drogas endovenosas es muy alta; si bien predomina en los varones (43,4%), en las mujeres es del 29%. La transmisión madre-hij@ corresponde al 6,7% de todos los enfermos, se trata de un valor alto en relación a otros países de la región, e indica el alto nivel de infección de las mujeres en edad fértil en Argentina. Si se considera la edad, las mujeres enferman a edades más jóvenes que los varones.

Cabe señalar las dificultades y escasas actividades de prevención del VIH que realizó el gobierno nacional y los provinciales. En 1997, cuando se inició el proyecto LUSIDA con financiación conjunta con el Banco Mundial, se incluyó la realización de una campaña masiva de prevención. Esta campaña sólo pudo concretarse en el año 2001, debido a que hasta el cambio de gobierno en el año 2000 no se había logrado incorporar la promoción del uso del preservativo, requisito planteado en el convenio. La campaña -desarrollada entre mayo y diciembre de 2001- incorporó mensajes específicos para la prevención de las mujeres, al igual que en la línea telefónica gratuita que funciona desde agosto del 2000.

Si bien la Ley Nacional de SIDA establece la obligación del Ministerio de Salud de proveer tratamiento gratuito a los enfermos de SIDA, se registran periódicamente conflictos en la continuidad de dicha provisión. En el 2002 ante la crisis económica y el aumento de precios existió un importante desabastecimiento que afecta a muchos de los medicamentos, interrumpiéndose los tratamientos a muchas de las casi 16.000 personas bajo cobertura del Ministerio. Por otra parte, un estudio realizado en el 2001 indicó que la mortalidad por SIDA entre 1998 -cuando se empezó a proveer la triple terapia- y el 2000 no disminuyó la mortalidad en las mujeres; sí ocurrió en varones y niños. Esto señala la necesidad de adoptar medidas especiales para la atención de las mujeres que garanticen su continuidad y que aborden su problemática específica.