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Las Mujeres y el Poder
Si se define el
poder como la capacidad y poder de decisión para realizar
acciones o hacer que otras personas las cumplan, es decir, la capacidad
de llevar adelante proyectos y planes en relación a los demás,
es evidente que aún las mujeres no alcanzaron este lugar
en la sociedad y continúan relegadas de la toma de decisiones.
Todavía sigue vigente el mito del aparente desinterés
de las mujeres por el poder público: el paradigma femenino
del poder sería el poder "oculto", un poder ejercido
entre bambalinas para lograr que los hombres satisfagan sus deseos.
Este mito es un instrumento para mantener a las mujeres en el lugar
de sometimiento. La política aparece como asunto del hombre
fuerte, activo, emprendedor mientras que a la mujer la siguen caracterizando
por las virtudes de la indefensión: la fragilidad, la ternura,
la sensibilidad exacerbada.
El problema reside en cómo accede la mujer al espacio público.
El aparente desinterés de las mujeres por la política
no explica la ausencia de ellas en lugares de decisión. La
caracterización de la política como una esfera masculina
es la principal barrera para la incorporación de las mujeres
a sus actividades y organizaciones. Para entender la especificidad
de la participación política femenina hay que partir
de la división sexual del trabajo y sus consecuencias al
delimitar un ámbito público propio de los hombres
y un mundo privado femenino.
La división entre lo privado y lo público articula
las sociedades jerarquizando los espacios: el espacio que se adjudica
al hombre y el que se adjudica a la mujer. Cuando una actividad
se valora, se hace pública, tiende a masculinizarse y a hacerse
reconocer. Y esto está relacionado con el poder. El poder
tiene que ser repartido, debe constituir un pacto, una red en la
que se distribuyen espacios de poder entre individualidades. El
espacio público es el espacio de los sujetos del contrato
social, el espacio de los iguales. En cambio, el espacio privado
es el espacio de la indiscernibilidad, el espacio de las idénticas.
Las mujeres tienen derecho a su parcela de poder y esto ya es revolucionario
sin tener que asegurar a nadie que son la esencia de la paz o que
son más buenas. La filósofa española Amelia
Valcárcel se refiere a esto como el "derecho al mal"
y es una propuesta muy provocativa contra los discursos moralizadores.
Cuando se asocia el poder a la corrupción, la mujer aparece
en este discurso como la no corrompida, entonces, por qué
ensuciarse. La española Celia Amorós (Ver
Bibliografía)
reconoce la corrupción del poder pero esto no se elude con
la no participación, con el no poder, sino que con la ocupación
del espacio público como ciudadanas: "Reivindicar para
la mujer la capacidad de pacto es lo más revolucionario que
se puede reivindicar, porque la mujer siempre ha sido el objeto
en el pacto patriarcal entre los varones -objeto de intercambio,
mediadora del guiño simbólico entre varones-. En este
pacto ellos se colocan como sujetos".
Universalizar el acceso al poder transforma las relaciones poder.
Pero la democracia representativa no produce por ella misma la representación
de una sociedad de individuos. Las acciones positivas
en los lugares de decisión son las permiten avanzar hacia
esa universalidad.
La doctrina de la igualdad formal no puede garantizar la igualdad
real, dado que la realidad nos demuestra que las personas no están
similarmente situadas. Las acciones positivas se basan en reconocer
que, algunas veces, resulta necesario proveer a determinados grupos
con instrumentos desiguales a los efectos de garantizar una igualdad
real de oportunidades y de trato. Esto es especialmente relevante
a los efectos de evaluar la legitimidad del sistema de cupos para
mujeres en un contexto donde la discriminación de género
y la jerarquía social son norma. A los efectos de erradicar
desigualdades socialmente causadas, puede ser necesaria la adopción
de programas reparadores para los grupos discriminados o en desventaja.
Marcela Rodríguez (En Mafia y Kuschnir, comp.,Ver
Bibliografía)
explica la justificación de las acciones positivas según
distinto tipo de fundamentos: justicia compensatoria, justicia distributiva
y utilidad social. Según la justicia compensatoria, las injurias
pasadas originan un derecho a la reparación para quienes
la han sufrido para restablecer la situación de igualdad
que existía o que debía haber existido. Para la justicia
distributiva, un individuo está autorizado a recibir los
beneficios de un programa de acción positiva no porque la
sociedad reconozca injusticias pasadas sino porque merece una porción
mayor de los recursos de la comunidad. Por último, el sistema
de cuotas proporciona un mayor grado de utilidad social, es decir,
maximiza el bienestar de la sociedad en su conjunto en la medida
que más intereses son representados. En conclusión,
para Rodríguez "el sistema de cuotas en los partidos
políticos es un mecanismo por el cual la sociedad podría
cumplir su obligación de proveer de los instrumentos adecuados
para que las mujeres puedan acceder al proceso político en
una real condición de igualdad".
En los partidos políticos se da una división
sexual entre militancia y toma de decisiones, es decir, que si bien
las mujeres se integraron a la política no por ello lograron
compartir el poder, debido a factores inherentes al funcionamiento
de las instituciones. Aún sigue vigente una cultura política,
un código de conducta masculino en los partidos políticos,
que discrimina a las mujeres: horarios incompatibles con la vida
familiar, mecanismos de competencia, agresividad, prejuicios, todos
factores que las llevan a ocupar un lugar marginal desde el cual
sólo se les delega la realización de tareas asistenciales,
de tipo inmediato y cotidiano, y se las excluye de la planificación
a largo plazo y de la negociación.
Para que las mujeres accedan al poder político no basta con
la militancia sino que hay que acceder a "un savoir fair político",
a un "know how", formado por conocimientos, aptitudes,
habilidades, actitudes y prácticas de liderazgo político
que podrían facilitar el acceso a espacios de conducción
política, de los cuales tradicionalmente las mujeres han
estado apartadas.
Suele plantearse un dilema entre un hacer política diferente
de las mujeres frente a las exigencias reales del poder y por ende,
se escucha con frecuencia que las mujeres se alejan de los partidos
porque no soportan la tensión. Este es uno de los mayores
conflictos por los que pasan las mujeres que buscan la participación
política: asumir que los masculinos espacios de poder no
son para las mujeres o masculinizarse para llegar a ellos.
Pero el cambio de situación que permita a las mujeres participar
en los niveles de decisión no se relaciona ni con su participación
cuantitativa ni con sus esfuerzos realizados en los partidos políticos.
Su marginación es la consecuencia de la vigencia de una concepción
hegemónica a partir de la cual las mujeres y sus modalidades
participativas, que difieren de los estándares dominantes,
son desvalorizados. El incremento de su poder como grupo dependerá
de su capacidad para desarrollar pactos y alianzas entre sí,
del reconocimiento y aceptación de sus diferencias y de sus
posibilidades de transformar su accionar político en hechos
políticos.
Si bien la cantidad no garantiza el salto a la calidad, una minoría
numerosa puede constituir una masa crítica importante que
fortalezca la exigencia de ampliación de la presencia femenina
en las instituciones políticas. Tratar iguales a desiguales
no genera igualdad sino que ahonda las diferencias por eso es necesaria
la discriminación positiva.
"Las mujeres cambian la política, no a causa de su sexo
biológico, sino a causa de una larga historia, la de la reproducción.
Quieren trabajar. Pero también quieren hijos: a escala de
la historia, el control de las mujeres sobre su fecundidad aparecerá
sin duda como una de las mayores rupturas. Los hombres se resisten,
en todo caso en el medio político, a la intrusión
de las mujeres, si no es en dosis pequeñas. Ellas no hacen
sino perturbar la cultura del club, en la cual las picardías
se tornan indecentes. Traen consigo cuestiones molestas", concluyen
Bataille y Gaspard (Ver Bibliografía).
Entonces, ¿qué significa ser diputada mujer, gobernadora
mujer?. No significa hablar en nombre de las mujeres, que son muchas
y como tales no pueden ser representadas, sino hacer visible la
diferencia sexual, pero no una diferencia que tome a lo masculino
como referente positivo, sino desde las mismas mujeres. "Descubrirnos
carentes de valor social es el primer paso para empezar a construirnos
como seres valiosos: hay que pasar de la conciencia de la debilidad
a la fuerza social", dice Marta Lamas (Revista Debate feminista.
Ver Bibliografía).
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